¿Quién es continuista?

El 1° de marzo de 2005 Uruguay vivió un giro histórico. Por primera vez asumía un gobierno de izquierda democráticamente electo, y todos los ojos se posaban en una gestión que despertaba –y despierta– grandes expectativas. Aquel día, el gobierno progresista tomó la conducción de un país inmerso en la mayor crisis social y productiva de su historia.

 

La herencia maldita

En lo económico, nuestra deuda externa, que ya era importante, a partir de la crisis del año 2002 se vio enormemente incrementada y llegó a más del 100% del PBI. A la hora de hacer balances es imprescindible recordarlo, ya que su carga ha pasado a ser una restricción de una magnitud nunca alcanzada. Es cierto que la memoria suele ser corta en algunos aspectos. Pero no se puede olvidar que se recibió un territorio minado: buena parte de las energías del gobierno se emplearon durante el primer año en apagar fuegos y en desactivar puntos críticos, sin hablar de los niveles y dramas del endeudamiento (externo e interno, este último con su repercusión en el BROU), téngase en cuenta la situación de Ancap en Argentina, de UTE con la crisis energética, del BHU o de Cofac y otras perlas del collar. Imaginemos cómo quedó el BHU después de haber perdido de 2001 a 2003 933 millones de dólares, por lo cual debió ser capitalizado en esa cantidad, vender un fideicomiso al MEF por 140, adquirir deudas con el BROU por 500 y recibir depósitos del MEF superiores a los 300, es decir que entre capitalizaciones, ventas de activos y transferencia de endeudamiento comprometió unos 1.873 millones de dólares. ¿Qué pasará si no cumple con sus compromisos?

En lo social, el deterioro sistemático de la calidad de vida desde hace décadas es responsable de que más de la tercera parte de la población se encuentre por debajo de la línea de pobreza y buena parte de la misma en la indigencia. Más de la mitad de los niños uruguayos son pobres: del millón largo de uruguayos pobres, un tercio son menores de 12 años y cerca de 50 mil indigentes. Todo eso conformaba un mapa complejo para cualquier gobierno, pero más para una fuerza política sin antecedentes en la gestión gubernamental, con la voluntad expresa de impulsar cambios profundos, que además enfrentaría la dura oposición de los partidos tradicionales.

 

El programa económico

La gestión del primer año del gobierno estuvo determinada por el sinnúmero de demandas sociales por un lado y las importantes restricciones del enorme endeudamiento heredadas. Con ese punto de partida, el gobierno diseñó un programa financiero para reducir progresivamente el peso de la deuda pública; encaró la renegociación de la deuda con los organismos multilaterales de crédito sin rehuir las obligaciones contraídas por el país, pero sin allanarse a imposiciones, buscando compatibilizar los pagos con el desarrollo productivo y la atención de la emergencia social. La renegociación acordada recuperó la buena imagen externa del país, lo que significó que las emisiones de bonos se colocaran sin dificultad, mejorando el perfil de la deuda, tanto en lo que respecta a los intereses como a los plazos de vencimiento. Un fuerte ajuste para cumplir con los servicios, la receta habitual de los gobiernos anteriores, hubiera sido sinónimo de recesión, pobreza y conflictividad social.

El Presupuesto dio claras señales de las prioridades del gobierno, ya que apuesta al crecimiento y a la recuperación salarial sin aumentar la carga impositiva. La capacidad de dar respuesta a las demandas de los distintos sectores fue limitada y hubo que hacer opciones. Pero se estableció una meta de recuperación salarial, se hizo una fuerte inversión en la educación, se dispuso un aumento de los recursos para la ciencia, la tecnología y la innovación (y cambios institucionales importantes) y se atendió a sectores sumergidos, como el Poder Judicial.

 

El plan de emergencia

La emergencia social tuvo especial atención en este primer año de gestión. A sólo tres semanas de la asunción, se promulgó la ley de creación del Ministerio de Desarrollo Social, con cometidos globales en políticas sociales; y que además asumió específicamente la ejecución del Plan de Atención de la Emergencia Social, dirigido a los miles de compatriotas en situación de pobreza crítica, que tiene numerosos programas en funcionamiento. El más notorio es el del ingreso ciudadano, que apoya a 75 mil hogares, pero también están en curso exitosamente los programas de Trabajo por Uruguay, de Rutas de Salida, de Emergencia Sanitaria, el Plan Alimentario, de Educación en Zonas de Contexto crítico, de Atención a los sin techo y de Mejoramiento del Hábitat.

 

La verdad y la justicia

Cuando asumió el gobierno, muchos se preguntaron sobre las posibilidades de cumplir con el compromiso ineludible de búsqueda de la verdad y la justicia en relación con los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, en particular el esclarecimiento del destino de los detenidos desaparecidos. El Presidente ordenó las investigaciones necesarias a las propias FFAA, y desmintiendo los augurios de crisis institucional, de desacato o de falta de colaboración, las órdenes se cumplieron, las investigaciones se hicieron, los trabajos de campo tuvieron el apoyo necesario y los resultados comenzaron a concretarse. El hallazgo de los cuerpos de Ubagesner Chaves y Fernando Miranda es a la vez prueba de la barbarie dictatorial y de la falta de voluntad de los gobiernos anteriores. No perdemos de vista todo lo que falta por avanzar, pero en la evaluación de la gestión gubernamental es un punto alto.

 

¿Continuismo?

La oposición al gobierno despliega una batería de argumentos diversos, algunos de los cuales, curiosamente son contradictorios entre sí. Mientras que desde algunos sectores se insiste con el argumento de que no se ha cambiado nada, en particular en materia económica y se carga «contra el continuismo», desde otra óptica se agitan los cucos y se señala que no se respeta la propiedad privada ni las leyes del mercado. La derecha más demagógica acusa de debilidad ante una supuesta escalada de delitos, apela al discurso fácil de la represión y las penas, sin incorporar medidas de inclusión social y empleo.

En uno y otro extremo las posiciones caen en el absurdo. La política económica que se aplica tomó en cuenta todas las restricciones impuestas por el descalabro financiero y productivo. Pero utilizó todos los instrumentos que tuvo a su alcance para impulsar el proyecto y paradigma de país productivo con justicia social. La refinanciación de la deuda externa era necesaria para generar las condiciones para la inversión y el empleo, y dar liquidez a la caja del gobierno para emprender las impostergables políticas sociales. El desastre recibido obligó en este primer año a poner la casa en orden y en ese marco se implementaron los exitosos planes de refinanciación de deudas, se logró detener la caída y comenzar la recuperación de los salarios, la que repercute directamente en las jubilaciones. Como desde el BPS se siguió una política de aumentos diferenciales para las pasividades menores, ya se verificó una mejora importante.

Si alguien pensó que décadas de deterioro social podían ser revertidas en un año, incurrió en ingenuidad mayúscula. Solamente así, o con notoria mala intención puede acusarse de continuista a un gobierno que apuesta al crecimiento del salario y el empleo, que enfrentó los temas pendientes en DDHH, convocó a los Consejos de Salarios, impulsó la ley de protección a los derechos sindicales, encaró profundas reformas en la salud y en el sistema tribut
ario, y combatió las malas prácticas enquistadas en la administración pública en décadas de favoritismos y desidia, y defendió la soberanía nacional en todos los terrenos.

 

La agenda inmediata

A pesar de los condicionamientos económicos, de la oposición política sistemática de unos y de la incomprensión teñida de impaciencia de otros, el gobierno progresista completó su primer año con buena nota. Así lo indican los sondeos de opinión sobre su gestión; la gente espera más, pero reconoce las dificultades y valora los avances.

Las reformas estructurales de la salud y tributaria están diseñadas. Pero la decisión del gobierno es de un mayor estímulo para los sectores productivos ahora. El gobierno en pleno, con el Presidente de la República a la cabeza, trabaja para que así sea. Estamos esperanzados en que el clima regional mejore. Los números son auspiciosos pero la desocupación se resiste. El impulso al Uruguay productivo es el desafío de esta etapa, en paralelo con una mejor comunicación y participación social. *

(*) Senador de la República