Mides entablará más de 600 juicios por fraudes al Panes

Las situaciones fueron detectadas a raíz de numerosas denuncias efectuadas ante el Mides por personas, que habiéndose registrado o no como aspirantes al Panes, se sintieron afectadas por «la viveza criolla» de quienes intentaron incrementar su poder adquisitivo mediante el Ingreso Ciudadano, programa que representa el cobro de 1.400 pesos mensuales a cambio de cumplir con una serie de contrapartidas vinculadas a la salud y la educación de los componentes del hogar beneficiado.

Según explicó a LA REPUBLICA la viceministra de Desarrollo Social, Ana Olivera, todas las denuncias fueron investigadas por funcionarios de la cartera mediante la revisión de los datos de los implicados contenidos en los archivos del Banco de Previsión Social, así como de revisitas a los domicilios por estos declarados; lo que permitió constatar la veracidad de la mayoría de notificaciones de inclusión de personas que desencajaban con los parámetros de pobreza extrema fijados en la definición de la población a la que se dirige el Panes.

Si bien Olivera se refirió a los hechos como «omisiones», el comportamiento de estas personas puede calificarse de fraude, puesto que al llenar la declaración jurada requerida para ser registrado como aspirante al ingresar al Panes modificaron sus ingresos reduciéndolos, con el objetivo de ser aceptados en el programa social.

Muchos lograron su propósito e ingresaron al Panes. Son los que fueron denunciados y contra los que ahora se preparan acciones legales.

«Va ha haber juicios, todavía no los hubo porque estamos documentando ampliamente cada caso, pero va a haber y serán juicios de carácter emblemático porque hacen a la trasparencia del plan», afirmó Olivera.

Actualmente, el Mides dio de baja a 300 hogares que habían sido incluidos en el Panes. Cabe señalar que esa cifra contiene a más de cien que renunciaron voluntariamente luego de obtener un trabajo que les permite percibir ingresos y mejorar su calidad de vida sin asistencia estatal.

A la vez, existen otros 600 hogares cuya participación en el Plan está suspendida debido a la comprobación de las irregularidades denunciadas.

«Todavía no se les dio de baja porque debemos cumplir con la ley vigente que les otorga un plazo para recusar la medida, pero sólo es cuestión de tiempo porque todos los datos que recibimos en alusión a ellos fueron comprobados», remarcó la jerarca.

 

Eramos tan pobres…

Entre los actos fraudulentos corroborados, uno de los más comunes fue el de ocultar la existencia de integrantes del hogar debido a que sus ingresos contribuían a superar los 1.300 pesos por integrante de la familia que se requería como uno de los parámetros para fijar la condición de pobreza extrema. En esa modalidad hubo quienes llegaron a negar vínculos matrimoniales legalizados o de hecho.

Otros más al tanto de que la cantidad de dinero que percibía cada núcleo familiar no era el único aspecto a tener en cuenta escondieron bienes materiales de considerable valor que daban muestras de su nivel de vida real.

Y los más «precavidos», sencillamente declararon domicilios falsos, en los que vivieron hasta ser visitados por los funcionarios encargados de efectuar las entrevistas que definían la inclusión al Plan de los hogares. Esta situación quedó en evidencia cuando en una segunda visita, que se efectúa regularmente para llevar un registro del avance del hogar en la salida de la emergencia, la persona no era conocida en esa dirección o algún vecino indicaba que en realidad vivía en otro lugar donde posteriormente se le localizaba. *