Parlamentario español cuestionó a su gobierno por expulsión de un uruguayo

En la víspera la Asociación de Inmigrantes Uruguayos en Madrid – Coordinadora de Trabajadores Inmigrantes Uruguayos (AIU -CTIU) informó que el diputado Jesús López Medel, integrante del Grupo Parlamentario Popular preguntó al Poder Ejecutivo de su país si se tomaron en cuenta las negociaciones que se desarrollan entre el gobierno español y el uruguayo para aplicar el Tratado de Amistad de 1870 a la hora de dictar la expulsión de Mykool Raúl Pujol Medina, concretada en forma inmediata el viernes 14 de enero.

«¿En la reciente orden de expulsión del ciudadano uruguayo Mykool Raúl Pujol Medina, dictada por la subdelegación del Gobierno en Toledo se ha tenido en cuenta o, por el contrario, no se ha valorado el Acuerdo del Congreso y las inminentes reuniones a alto nivel de ambos países para solucionar el asunto general?», cuestionó el parlamentario.

A la vez, el diputado solicitó que se explicitara si esa decisión respecto al ciudadano uruguayo era un anticipo de cómo concluirán las mencionadas negociaciones. «¿Dicha orden de expulsión, dictada con posterioridad al acuerdo unánime de todos los grupos, significa que la actitud del gobierno español en dichas reuniones va a seguir petrificada por una interpretación muy restrictiva de dicho Acuerdo el cual tiene el rango de Tratado entre ambos países?».

López Medel solicitó que las respuestas a esas interrogantes le fueran remitidas por escrito, y para fundamentar su desconcierto recordó que el pasado 21 de diciembre la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso aprobó por unanimidad instar al gobierno a que aborde la controversia generada en torno a la aplicación del Tratado, en el plazo máximo de cuatro meses conjuntamente con las autoridades uruguayas. Así como la reiterada jurisprudencia de diversos tribunales españoles estimando las demandas de ciudadanos uruguayos y por tanto reconociendo la vigencia del acuerdo.

Por otra parte, cabe la posibilidad que esta semana un parlamentario de Izquierda Unida, también remita al Ejecutivo una misiva similar.

Además la asociación de familiares de inmigrantes Idas y Vueltas también evalúa enviar una solicitud, tanto al gobierno español como al uruguayo, en referencia a este caso.

 

Expulsión

Mykool Pujol residió en España durante gran parte del 2005 en noviembre fue detenido como consecuencia que su visa se había vencido hacía un mes.

En ese momento las autoridades migratorias de Toledo le retienen el pasaporte y le comunican que deberá presentarse en enero para retirar el documento. Ante esta situación Pujol consulta a un abogado asesor de la AIU – CTIU, pese a que se le alertó de los riesgos que corría si se presentaba a la citación, decidió hacerlo y en soledad.

Según Juan González, dirigente de la AIU – CTIU, esto fue «un acto de buena fé» de parte de Pujol.

González explicó también que la normativa vigente establece que la carencia de documentación de residencia representa una multa pecuniaria que va desde los 301 euros hasta los 6.000, pero que nunca se aplica, o la expulsión.

En este último caso lo habitual es que se le concedan 15 días de plazo, según la Ley de Extranjería, o 72 horas, según el reglamento municipal, para abandonar el país. En ese lapso de tiempo es que generalmente se solicita la revocación cautelar de la medida que culmina con el reconocimiento del Tratado por parte del Sistema Judicial español.

«Lo que nos llama la atención es la rapidez con que se actuó en este caso. Mykool nos comunicó lo que pasaba cerca de las 20 horas del jueves, hora en que lo informamos a la cónsul. Y a las 10 de la mañana del viernes, cuando recién podíamos hacer algo a nivel administrativo, la orden de expulsión ya estaba firmada y era imposible cualquier acción», detalló González.

 

Cuántos hay

De acuerdo a datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística de España la población de ese país se incrementó un 2.1% como consecuencia de la inscripción de inmigrantes, entre los que un gran porcentaje provienen de Latinoamérica.

Si bien en la mayoría de los casos se trata de ecuatorianos y colombianos, los uruguayos registrados por el INE ascenderían a 70.310 personas.

Por otra parte, cabe destacar que la semana pasada el Parlamento europeo rechazó una propuesta para reconocer como ciudadanos a las personas que han permanecido en territorio comunitario y en forma regular durante cinco años.

La votación fue definida con 347 rechazos a la iniciativa, 276 respaldos y 20 abstenciones. *