Por el camino correcto

Cuando una fuerza política gana las elecciones y logra que su candidato ocupe la Presidencia de la República enfrenta el mayor de los desafíos: llevar a la práctica su programa, transformar la realidad de acuerdo con sus ideas para el bienestar de la mayoría. Este desafío se hace particularmente complejo cuando el movimiento político victorioso constituye una fuerza de cambio que aspira a modificar sustancialmente la situación existente. Para superarlo con éxito es preciso distinguir las bases programáticas de la fuerza política del plan de gobierno.

 

Qué es lo uno y qué es lo otro

Las bases programáticas de una fuerza política no son otra cosa que el enunciado de los principios y objetivos, y de los principales caminos, estrategias e instrumentos propuestos para alcanzarlos. En ellas se expresa el proyecto histórico de sociedad. A nivel de las bases programáticas la dimensión utópica es constitutiva porque no están sujetas a ningún plazo ni restricción coyuntural para su cumplimiento.

Por el contrario, el plan de gobierno no es otra cosa que la expresión de lo que esa fuerza política, cuando ocupa el Poder Ejecutivo, se compromete a realizar desde esa posición. Debe tener en cuenta las líneas programáticas, que dan sentido y marco a la gestión política, y obviamente, el punto de partida y las necesidades de la gente. También, con igual importancia, los recursos e instrumentos para llevar a cabo dicho plan en un plazo determinado. Para ese fin, recursos e instrumentos deben ser analizados en sentido amplio: humanos y materiales, sin duda, pero también sectores sociales y fuerzas políticas de apoyo, y por supuesto, también de oposición. Porque un elemento determinante del contenido del plan de gobierno es que aborda dentro del extenso campo de lo deseable -contenido en las bases programáticas de la fuerza política – el ámbito mucho más limitado y terrenal de lo ahora posible.

El plan de gobierno tiene, entre otras, la limitación temporal. Eso significa que necesita priorizar objetivos contenidos en aquellas Bases. Y toda priorización de objetivos lleva implícita la postergación de otros: en todos los casos habrá sujetos jerarquizados y sujetos postergados porque el sueño de una política de costo cero no es más que eso, un hermoso sueño.

 

La propuesta de cambio  a través del cristal de la realidad

Para que la gente acepte que el modelo de país de la derecha no es inexorable, debemos formular propuestas desde nuestra perspectiva global de transformación social visualizables como claras y posibles. Deben estar impregnadas de realismo. Como la lucha por la verdad en materia de DDHH, el Plan de Emergencia, los Consejos de Salarios y la Libertad Sindical, el 4,5% para la Educación o las reformas de la Salud y Tributaria. Pero atención: realismo político no significa solamente lo otro del voluntarismo; significa también propuestas removedoras, por las que vale la pena trabajar. Si la propuesta política no logra el difícil equilibrio entre lo realizable en el corto plazo y el paradigma histórico, si no logra convencer de su viabilidad, y también de que se acerca al máximo actual en el camino de la transformación de largo plazo, esa propuesta de gobierno se verá timorata o conciliadora, y no despertará entusiasmo alguno.

En su gestión, el gobierno deberá moverse dentro del sistema vigente, con todos sus frenos y contrapesos institucionales y legales, además de los emanados de la acción de los actores sociales y políticos. También tendrá presentes algunas reglas ineludibles de la economía, porque los límites y sanciones del sistema son en ciertos casos más flexibles que en otros. Un gobierno del FA deberá aceptar, más aún, propiciar una tasa de ganancia adecuada para la inversión. Puede (y debe) ponerle límites sociales diversos, pero la rentabilidad es condición necesaria, aunque no suficiente, para incentivar la inversión productiva, evitar la fuga de capitales y estimular el retorno de los que se fueron. Para el país productivo que proponemos, para el aumento sustancial del empleo, es imprescindible la inversión, y solamente la habrá con una razonable expectativa de ganancia. Consecuencia inevitable de lo dicho es que la distribución tiene límites y etapas objetivas, independientes de la voluntad del gobierno, traspasados los cuales la reinversión no es viable: ni la privada, ni la social, ni la estatal. Democratización de le economía no equivale a consumo del excedente económico. Cambio en la hegemonía social y cultural no implica matar la gallina de los huevos de oro. Si los trabajadores de la empresa privada, la cooperativa y la sociedad mutual, o la empresa pública, aspiran a la distribución del excedente o la ganancia, en forma directa o por la vía del incremento de los impuestos, entonces no habrá inversión, incremento del empleo y del producto en un país de tierra arrasada como el Uruguay.

Otra regla implacable es que toda sociedad debe ser eficiente en la producción de bienes y el suministro de servicios como condición necesaria para sobrevivir en la competencia internacional. En el mundo globalizado del siglo XXI un país pequeño debe ser competitivo con el mundo, a riesgo de poner en riesgo su viabilidad.

Desde hace algunas décadas estamos viviendo una revolución científico-técnica que ha modificado grandemente las relaciones de producción, y que nos obliga a repensar, casi cotidianamente, todo el proceso social: las relaciones de dependencia internacional, el rol del Estado, las formas de propiedad, el proceso educativo y sus contenidos, y otras tantas cuestiones que no pueden estar al margen de una gestión sustentable. En el contexto internacional que vivimos, con un capital sin sede geográfica precisa, donde el imperialismo no es un país sino la compleja acción de múltiples factores y relaciones asimétricas, desarrollar una política progresista para un desarrollo sustentable no es cosa sencilla, y no es tomando los atajos del voluntarismo la mejor manera de llegar a buen destino.

 

Los riesgos que enfrentamos

Toda priorización implicaba necesariamente la postergación de otros objetivos. La falta de visualización y aceptación de las limitaciones objetivas a que se ve sometido el gobierno progresista puede hacernos caer en la tentación de aceptar como posible la respuesta deseable a todas las reivindicaciones, justas o no tanto, que llegan desde todos los rincones, algunas alentadas por la «inflación de expectativas» que se generó con el acceso al gobierno. Esta peligrosa conducta política puede llevarnos a grandes apoyos populares puntuales con decepciones posteriores. Si el plan de gobierno acoge todo reclamo, asimilándose a una plataforma colectora de demandas sociales, más allá de la justicia de los reclamos estaremos minando sus posibilidades de éxito.

Confundir el plan del gobierno con el programa de la fuerza política implica creer que querer es poder. Visualizar como una claudicación de principios las postergaciones inevitables constituye una simplificación peligrosa. Además de las limitaciones emergentes de la situación económica heredada, en un sistema democrático el gobierno enfrenta también otras restricciones porque la democracia no es el absolutismo. En ella existen los límites que surgen del marco legal, de los frenos institucionales y del legítimo juego de los distintos actores políticos y sociales. La conquista del gobierno no equivale a la «toma» del poder. Sólo si pensamos y actuamos para la resolución de los problemas de hoy sin perder la perspectiva histórica y sin caer en el cortoplacismo, conseguiremos avanzar con firmeza hacia los cambios necesarios. *

(*) Senador de la República