Emigrantes en España: sin novedad acerca del Tratado del año 1870

El diputado nacionalista Jaime Trobo fue quien dio a conocer la noticia en Montevideo. Consultado por LA REPUBLICA el representante explicó que la moción tuvo origen en «las intensas gestiones que efectuó el Partido Nacional con el PP, que es una agrupación con la que tenemos una estrecha relación».

A su vez, Trobo indicó que la proposición fue presentada por Eduardo Saplana, portavoz del PP, el 20 de octubre pasado (fecha muy próxima a la presencia de una delegación oficial uruguaya en la Madre Patria, que tuvo entre sus cometidos principales impulsar la discusión del acuerdo), y que la resolución definitiva acerca de la vigencia del Tratado recién se concretaría en marzo próximo debido a las negociaciones previas que implica su discusión.

Y remarcó que «la estrategia uruguaya siempre fue actuar en conjunto, pero otras agrupaciones, tal vez el Partido Socialista, deberían hacer sus gestiones para procurar que el PSOE tenga una actitud parecida y este tema se resuelva rápidamente».

Por lo pronto, ayer la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados resolvió enviar una nota al portavoz del PP reconociendo y agradeciendo la «buena voluntad» de esa agrupación.

En concreto, la proposición de no ley, lo que según Trobo es similar a una minuta de comunicación de nuestro Parlamento, manifiesta la necesidad de que el estatuto del ciudadano uruguayo en España ingrese al debate de la Comisión de Asuntos Exteriores con el fin de reconocer la vigencia del acuerdo, tomando como base las numerosas sentencias judiciales que ya lo han hecho a lo largo y ancho del reino.

 

Nada ha cambiado

Para conocer la trascendencia de la acción del PP, LA REPUBLICA se comunicó con Julio Sotelo, portavoz del Centro Uruguayo en Madrid, quien en la primera llamada telefónica dijo desconocer la existencia de la misma y sorprendido debido a que hasta minutos antes de la conversación había compartido con políticos y diplomáticos una actividad relacionada con la inmigración organizada por la Comunidad de Madrid en la que nadie había hecho alusión a la propuesta.

Por esa razón, y por la importancia que podía tener, Sotelo se comprometió a indagar en el tema, especialmente teniendo en cuenta que el PP hasta el momento nunca se mostró a favor del Tratado ni impulsó durante su gobierno acciones en favor de los inmigrantes.

Media hora más tarde, él llamaba a la redacción de LA REPUBLICA para comunicar, lo que en ese instante nos informaba Trobo.

Consultado nuevamente sobre la trascendencia de la propuesta, Sotelo dijo que «no cambia en nada la situación porque no obliga, no es ley. Además eso ya lo demostró el que su presentación se realizara en octubre y recién nos enteramos ahora».

Sin embargo, el representante de la asociación uruguaya indicó que el conocimiento de la propuesta habilita a que se retomen los contactos con el PP con la intención de reavivar su interés por la situación de los compatriotas residentes en España, ya que la discusión de la vigencia del Tratado aún no ha ingresado a las Cortes españolas, ámbito del gobierno encargado de analizar la cuestión para alcanzar una conclusión que permita a los gobiernos de ambos países comenzar a buscar un punto de acuerdo para su aplicación.

Un avance en la discusión del convenio sería de gran significancia para la comunidad uruguaya, ya que en estos momentos el vencimiento de los padrones de los ayuntamientos apremia a los inmigrantes como consecuencia de que la no renovación de la inscripción en forma inmediata les hace perder los derechos sociales ya adquiridos y en el caso de quienes se han regularizado la amenaza de volver a ser considerados ilegales.

Cabe recordar que las posturas de España y Uruguay son diametralmente opuestas. Mientras que el gobierno uruguayo defiende la vigencia del Tratado que establece la libre permanencia -así como posesión de bienes y ejercicio profesional- de ciudadanos de las dos naciones en sus territorios de manera recíproca, el español rechaza su validez argumentando la existencia de acuerdos posteriores que lo habrían derogado determinando la carencia de trato diferencial para los orientales.