Inmobiliarias de Maldonado buscan apoyo en Diputados

La situación de tirantez generada entre las inmobiliarias de Maldonado y Punta del Este, y la Dirección General Impositiva, sigue teniendo repercusiones y en la pasada jornada, las dos entidades que nuclean a los establecimientos del sector, sostuvieron una reunión con la Bancada Maldonado. Todo se generó a partir del momento en que un equipo de inspectores de la DGI, semanas atrás comenzó a solicitar información en las inmobiliarias incluyendo las bases de datos de clientes contenidas en los discos duros de las computadoras.

Operadores del sector, han indicado a éste matutino que seguramente son los primeros pasos que se pretenden dar en torno a la reforma tributaria, pero se resisten a proporcionar cierta información que consideran como la herramienta principal para el desarrollo de sus tareas.

En la edición de ayer de LA REPUBLICA, se daba cuenta que algunos propietarios de fincas estaban «llamando» para retirarlas del circuito inmobiliario, lo que de continuar podría significar importantes perjuicios para el sector. Esta situación se sumaría a un largo reclamo que tiene que ver con la competencia desleal practicada de diferente forma, e incluso por los «porteros» de edificios o encargados de la administración de algunos complejos que realizan «sus propios negocios». Consultado al respecto uno de los diputados integrantes de la Bancada Maldonado, el forista Germán Cardozo, indicó que el tema preocupa porque «hace al desarrollo de una actividad, o al sustento de una actividad que ha basado el desarrollo de la zona, del departamento y la región». Para Cardozo la inversión a través de los agentes inmobiliarios ha generado miles de puestos de trabajo y es muy claro que «el patrimonio más sagrado de un agente inmobiliario es la confianza de su cliente, y aparentemente hoy en una actitud poco entendible de la Dirección General Impositiva, es lo que se está atacando». Dijo que lo que quedó más claro de la reunión sostenida ayer con Cidem y Adipe, es que «la DGI no tiene al ánimo ni el propósito de controlar y fiscalizar, por lo menos en esta instancia, cuanto están facturando o no los agentes inmobiliarios con respecto a determinados negocios, sino lo que quiere la DGI es hacerse de la cartera de clientes o de bases de datos que tienen todas las inmobiliarias de Punta del Este, lo que es una clara medida preparatoria para nutrirse de información para la reforma tributaria que el gobierno intenta aplicar desde el año que viene». Para el diputado Cardozo, esto configura una gravedad enorme y «perjudica directamente al inmobiliario legalmente establecido, que aporta, que tiene un cartel, que pone su nombre», y dijo que el organismo tiene otros mecanismos para manejarse, «como ir al Registro de las Propiedades».

Germán Cardozo reconoce sin embargo, que cualquier organismo del Estado tiene el derecho de solicitar información, pero que en el caso de las inmobiliarias, «han venido agentes de la DGI a prepotear a los comerciantes, a generar mantos de sospecha en cuanto a la actividad que vienen desarrollando, de una manera un poco impertinente, atrevida y arbitraria, y esos no son los términos adecuados», pero que además, «está el Poder Judicial para dictar una orden de allanamiento, aquí no puede la DGI entrar a un lugar, sentarse y llevarse debajo del brazo un disco duro porque está entrando en una propiedad privada».