Uruguay fue declarado "país preferente" en programas de cooperación españoles

La suscripción del documento por parte de la ministra española de Cooperación Internacional, Leire Pajín, y de Carlos Viera, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto de la Presidencia de la República Oriental del Uruguay, constituyó un acto de continuidad en el relacionamiento entre ambos países.

Los programas de cooperación con España están cerca de cumplir veinte años, y los resultados alcanzados en ese período hacen que hoy Uruguay sea considerado por el reino ibérico como «un país de atención preferente» en los próximos cuatro años.

El Acta firmada incluye acciones que apuntan a temas de carácter institucional, económico y de bienestar social, que siguen los lineamientos establecidos como prioritarios por el gobierno uruguayo.

En tal sentido se establece el apoyo a programas que incentiven la participación ciudadana y el desarrollo institucional, a través de la cooperación en las reformas previstas en materia, tributaria, de justicia y descentralización del gobierno.

Respecto al bienestar social, el acta prioriza la atención de grupos especialmente vulnerables, como los niños y niñas con discapacidad, así como las tareas que favorezcan el crecimiento económico de los sectores sumergidos de la sociedad.

También se acordaron acciones para mantener bienes culturales de interés de ambas naciones, y el patrocinio de actividades como «catalizadoras del desarrollo social». En igual sentido se ofrecen beneficios para «iniciativas transformadoras, como el recién creado Instituto de las Mujeres de Uruguay».

Además con la creación de un Aula de Formación de la Cooperación Española en Uruguay se pretende situar a Montevideo como referente regional de los programas.

Para poner en marcha estos postulados el acuerdo contempla nuevas formas e instrumentos de colaboración, como la cooperación triangular y el codesarrollo. Todo ello potenciado en la práctica con la utilización de la nueva Secretaría de Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y Gobierno como oficina centralizadora de «un multilateralismo activo».