Inseguridad: el arte de hacerse el distraído

Uruguay no ha escapado a esa situación. La tranquila convivencia de los años 50 y comienzos de los sesenta sólo es materia para memoriosos y nostálgicos. Si alguien refiere a aquel Uruguay de puertas abiertas, de trato armonioso con el vecino, seguramente se le tilde de desubicado o anacrónico. No todo era perfecto, obvio es señalarlo, pero las anomalías en la conducta social eran la excepción, no la regla.

 

Un flagelo que no tiene responsables

Cuando se discute sobre el tema, los políticos, al menos una porción no desdeñable de ellos, se hacen los desentendidos con ciertas prácticas que se fueron instaurando en la cotidianidad de la vida de los ciudadanos a la vista de todos, en particular de ellos.

Nadie se siente responsable de los niveles alarmantes de inseguridad. No creo que las culpas estén de un solo lado, tampoco participo de la idea de que todos los uruguayos seamos responsables por igual. Mucho menos me afilio a la teoría de algunos legisladores u hombres de derecho que sostienen que el único camino válido a aplicar para terminar con este flagelo es el de poner en marcha un proceso sostenido y creciente de endurecimiento de las penas. No se animan a formularlo de modo explícito pero, de ser coherentes en su análisis, en poco tiempo deberían estar reclamando la imposición de la pena de muerte.

Casualmente son los mismos que gobernaron los últimos cuarenta años en que se verifica ese deterioro. ¿Cómo entenderlo? En momento alguno hacen una autocrítica sobre los efectos sociales devastadores que la «sagrada» concepción neoliberal de la economía, aplicada con represión y sangre en dictadura y como pensamiento único en democracia, pudo haber provocado en este estado de cosas tan indeseable.

Más aún, a mediados de la década pasada la coalición gobernante, de colorados y blancos, impuso una modificación del código de proceso penal, endureciendo las penas para determinados modalidades delictivas en ascenso y los resultados no fueron otros que una multiplicación de la comisión de delitos.

 

Los daños colaterales del neoliberalismo

Absorbidos por la sensación de vivir en «el primer mundo», con un espectacular acceso a los bienes de consumo más sofisticados, las elites políticas y económicas gobernantes y los medios formadores de opinión, en poder de las grandes familias o «respetados» apellidos, no les interesó atender los «daños colaterales» de ese rumbo elegido.

Ellos, políticos, economistas y analistas del nuevo establishment nacido en el Uruguay pos dictadura, tienen, nadie puede dudarlo, mayor responsabilidad en el desastre social y económico que trajeron los vientos de intolerancia ideológica dominantes.

Hubo decenas de miles, quizás centenares de miles de familias empujadas al vacío de no saber cómo resolver sus necesidades básicas, entiéndase salud, educación, alimentación, vivienda digna, empleo, por citar los derechos humanos fundamentales consagrados por la Constitución de la República.

Nadie puede extrañarse, entonces, de los dolorosos y alarmantes índices de exilio económico, de la irrupción y consolidación de la inseguridad como forma de vida.

Hoy se hacen los distraídos, como si hubiera sido una catástrofe natural, un tsunami provocado por fuerzas desconocidas. En actitud cobarde se saltean esa etapa de la historia del país y hoy quieren erigirse en adalides en cuestionar cualquier intento de corregir los males que trajeron aquellas «verdades oficiales» impuestas.

Si un ministro impulsa una ley para humanizar y racionalizar el sistema carcelario, prácticamente es acusado de irresponsable que quiere soltar presos para que todos vivamos más inseguros, distorsionando el alcance de la iniciativa.

Si otro ministro lleva adelante un plan de emergencia para atender precisamente la exclusión y marginación social de miles de compatriotas, es acusado de prácticas asistencialistas deformando u ocultando el conjunto del plan.

Para algunos, volver a niveles dignos de integración social, de desigualdad decreciente, de un país más solidario y habitable, es presentado casi como un pecado capital.

Si se elabora un presupuesto quinquenal que apunta a establecer prioridades en áreas postergadas durante cuatro décadas, se dice por parte de quienes gobernaron ese período de tiempo que es poco, que hay que dar más a la salud, a la educación.

 

El rol de la sociedad civil

La situación causa por lo menos tristeza. El diálogo es sustituido por la frase rimbombante, las políticas de Estado no aparecen, los problemas, desde los más sencillos a los más complejos, se acumulan y las soluciones se dilatan.

En este asunto, que hace a la calidad de vida de los uruguayos, de nuevo todos tenemos una parte de responsabilidad, el gobierno debe escuchar más a la oposición y la oposición tiene que asumir que hubo un pronunciamiento electoral muy categórico.

Pero, no todo debe dilucidarse en ese encuentro y desencuentro de gobierno y oposición. También están los ciudadanos de a pie, con o sin partido, la llamada sociedad civil, que debe empujar, como empujó en dictadura, ¡y vaya si lo hizo!, como se hizo oír en democracia, para que los derechos humanos, todos, vuelvan a cumplirse y destaquen una vez más al país en el concierto internacional. Que su vigencia sea la rutina y no la excepción. En este contexto, también la seguridad pública puede ser un objetivo realizable y posible. *

 

(*) Periodista