Uruguay en la vicepresidencia de Unesco

Uruguay participó activamente en la redacción de los proyectos sobre la Declaración Universal de Bioética y la Convención sobre la Diversidad Cultural y fue electo para ocupar la vicepresidencia del Consejo Ejecutivo de la Unesco.

Entre el 3 y el 21 de octubre se celebró en la sede de la Unesco Paris, la 33º Conferencia General, órgano supremo del gobierno de la Unesco que sesiona cada dos años. En esa instancia se aprobó: la Declaración Universal de Bioética, la Convención sobre la Diversidad Cultural y la Convención Internacional contra el Dopaje en el Deporte.

Uruguay no estuvo ajeno, y la delegación que participo directamente estuvo integrada por el ministro Jorge Brovetto, el secretario general de la Comisión Nacional para la Unesco, y luego, Tabaré Vázquez, en el marco de su gira por Europa, se reunió en París con el director general de dicha organización.

En la oportunidad los Estados Miembros reelegieron al Director General, Koichiro Matsuura, para extender su mandato durante cuatro años; y renovaron la mitad de los 58 miembros del Consejo Ejecutivo, resultando Uruguay electo para ocupar la vicepresidencia de ese órgano de gobierno.

 

Declaraciones adoptadas

La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos trata de «las cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías conexas aplicadas a los seres humanos, teniendo en cuenta sus dimensiones sociales, jurídicas y ambientales».

Esta Declaración responde a una verdadera necesidad a medida que se multiplican, a menudo sin un marco regulador, prácticas que traspasan las fronteras nacionales: la realización simultánea en diferentes países de proyectos de investigación y de experimentos en el campo biomédico, la importación y exportación de embriones y células madre embrionarias, de órganos, de tejidos y de células, y la circulación transfronteriza de tejidos, de muestras de ADN y de datos genéticos.

El texto adoptado proporciona un marco coherente de principios y de procedimientos que podrán servir de guía a los Estados en la formulación de sus políticas, legislaciones y códigos éticos. En todos los lugares en los que todavía se constate la ausencia de un marco ético, la Declaración incitará y ayudará a llenar ese vacío. Y aunque a los Estados les corresponda elaborar los documentos e instrumentos adaptados a sus culturas y tradiciones, el marco general propuesto por la Declaración puede contribuir a universalizar la ética frente a una ciencia que cada vez tiene menos fronteras.

El primero de los principios promulgados por la Declaración es el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos, con dos precisiones concretas: «Los intereses y el bienestar de la persona deberían tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la ciencia o la sociedad». El texto añade: «Si se han de imponer limitaciones a la aplicación de los principios enunciados en la presente Declaración, se debería hacer por ley, en particular las leyes relativas a la seguridad pública, para investigar, descubrir y enjuiciar delitos, proteger la salud pública y salvaguardar los derechos y libertades de los demás. Dicha ley deberá ser compatible con el derecho internacional relativo a los derechos humanos».

El texto enuncia muchos otros principios. Algunos ya son clásicos, como el consentimiento informado, el respeto de la privacidad y de la confidencialidad, y la no discriminación ni estigmatización, pero la noción de responsabilidad social (Art. 14) es nueva. Ésta recuerda que el progreso de las ciencias y de las tecnologías debería fomentar el bienestar de las personas y de la especie humana, favoreciendo en particular el acceso a una atención médica de calidad, a medicamentos esenciales, alimentación, abastecimiento de agua adecuado, etc. También se afirma el principio de compartir los beneficios (varias formas son propuestas), al igual que la protección del medio ambiente, de la biosfera y de la biodiversidad.

La Unesco se propone dar a esos textos la máxima eficacia. Tres de sus programas van a contribuir a esta labor: el Observatorio Mundial de Ética, un conjunto de bases de datos (referencias de expertos, de instituciones, de comités de ética, textos legislativos y reglamentarios, etc.) que se está elaborando; un programa de ayuda a los comités de bioética, que publica en particular guías prácticas; y un programa de educación ética que hará un inventario de los cursillos y formaciones existentes en la materia y alentará su desarrollo en los Estados Miembros.

 

Contenidos Culturales y Expresiones Artísticas

El nuevo instrumento jurídico reafirma la capacidad soberana de los Estados para elaborar políticas con vistas a «proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales».

Al mismo tiempo, establece una serie de principios para garantizar que estas políticas no afecten al respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, como las de expresión, información y comunicación, así como la capacidad de los individuos a elegir.

El texto fue aprobado durante una sesión en París, por 148 votos, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y cuatro abstenciones. Durante todo el proceso de negociaciones Estados Unidos expresó su oposición a esta iniciativa que, interpreta, podría poner obstáculos a la exportación de algunos de sus productos, especialmente los de la industria cinematográfica.

 

Convención contra el dopaje en el deporte

La Convención Internacional contra el Dopaje en el deporte, una vez ractificada, será el primer instrumento jurídico vinculante a nivel mundial en este campo y refleja, en gran medida, el Código de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), incluida su lista de sustancias prohibidas, la que podrá ser ampliada a medida que se descubran nuevos productos y técnicas.

El código de la AMA fue adoptado en 2003, pero no obliga a los países a incluir sus disposiciones en sus ordenamientos jurídicos, algo que no ocurrirá con la Convención bajo resguardo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).

Los 25 gobiernos de la Unión Europea esperan que sus respectivos parlamentos ratifiquen el texto para que esté en vigor antes de los Juegos Olímpicos de Invierno programados para febrero próximo en Turín. *