Alvaro Garcé se interiorizó de la realidad de los presos maragatos

En el marco de una gira nacional cuyo fin es conocer de primera mano y en profundidad el sistema carcelario uruguayo, el comisionado parlamentario, doctor Alvaro Garcé, llegó hasta San José. Recorrió la cárcel departamental, la cárcel de mujeres, la chacra y las obras de la cárcel en construcción de Juan Soler.

Educación, salud y trabajo son los tres pilares que Garcé considera fundamentales para alcanzar una verdadera rehabilitación carcelaria. El comisionado viajó acompañado de su equipo técnico y en una «maratón» de entrevistas y visitas, en un solo día conversó con la jefa de Policía, María Cristina Domínguez, el intendente municipal maragato, Juan Chiruchi, la Comisión de Derechos Humanos de la Junta Departamental y representantes del Patronato de Encarcelados y Liberados.

Garcé, quien ya conocía la cárcel josefina por que aquí trabajó como defensor de oficio, habló con Domínguez para interiorizarse del trabajo que lleva adelante esta Jefatura de Policía particularmente, en relación a la administración de la cárcel. El edificio, ubicado en pleno centro de San José es «muy viejo, absolutamente inadecuado para cumplir las funciones de rehabilitación que debe tener la ejecución de la pena, de acuerdo al mandato constitucional», reconoció el jerarca. A la vez, subrayó el papel fundamental que para la recuperación de los presos tiene el acceso al estudio, la atención de la salud y que puedan cumplir actividades productivas. «Es muy malo que los reclusos estén en una situación de ocio 22 o 23 horas al día (…) esto (la rehabilitación) es lo que me propongo impulsar para que a corto plazo se esté afirmando», señaló. Tales objetivos los tenía Garcé en mente y ya los había planteado antes de la sanción de la Ley de Humanización de Cárceles. De todas maneras, destaca que en su opinión esta Ley es «un muy poderoso estímulo, por ejemplo, con el capítulo que establece la reducción de la pena por días de estudio o de trabajo; lo que los reclusos conocen como el 2 X 1, porque cada dos jornadas de trabajo o de estudio, se puede descontar una del saldo de la pena». Que el Estado le dé a los reclusos la oportunidad de ejercer ese derecho, a través de actividades educativas y de plazas de trabajo es, así mismo, fundamental.

La tarea del comisionado parlamentario es asesorar al Poder Legislativo en el seguimiento del cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas privadas de libertad por decisión judicial. «Yo en esto quiero ser algo más que un diligente bombero de buena voluntad, que corre atrás de los problemas y de los incendios; mientras hago ese seguimiento y ese control, además me planteo sugerir las medidas para que a corto plazo el sistema penitenciario pueda mejorar, porque es preocupante que las cárceles no cumplan el objetivo constitucional de la rehabilitación y de la reeducación por medio del trabajo».

El proyecto central del comisionado es compartido por el ministro del Interior, José Díaz, y tiene que ver con el impulso a la penitenciaría rural, con el fomento a las chacras policiales. «A bajo costo el Estado puede quizá estar duplicando la cantidad de presos que estén en las chacras policiales; con una inversión mínima se podría tener muchos más presos trabajando la tierra, preparándose para un egreso en condiciones mucho mejores». *