Pozo negro

1.- Comunicar dicha resolución a los países de América del Sur que participan en ellas (en especial a Brasil y Argentina). Esto lo debe hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores.

2.- Lo mismo se debe hacer con los EEUU.

3.- Los dos pasos anteriores deben darse al comienzo de la planificación de dichas maniobras. Por lo tanto varios meses antes de su realización concreta.

4.- Comunicar lo mismo a la Armada Nacional para que ella tome las medidas que correspondan a su nivel.

5.- Uruguay debe trazar un nuevo curso de acción en el Atlántico Sur para marcar en él la máxima presencia soberana posible.

Debe intentarse para ello un acuerdo al respecto con los países ribereños de América del Sur y de Africa (en especial con Brasil y Argentina).

6.- Uruguay debe trazar un nuevo curso de acción en el relacionamiento militar con los EEUU y Europa (por ende con la OTAN). Debe intentarse para ello una acción conjunta con los países de América del Sur (en especial con Brasil y Argentina).

7.- Los puntos 1, 2, 3, 5 y 6 deben estar a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores en coordinación con el de Defensa.

Como es público y notorio estos pasos no fueron dados por el gobierno en sus primeros seis meses coincidentes con la planificación y ejecución anual de las Maniobras Unitas. Esta podría ser la única crítica seria al gobierno.

Sin embargo y como también es sabido, el gobierno en materia de Defensa y de relacionamiento internacional priorizó otros asuntos. Podrá discutirse si la elección de prioridades fue correcta.

Nosotros creemos que lo fue.

Por lo tanto a nuestro juicio, y creemos que a juicio del más sencillo sentido común, era imposible, inútil e inconveniente para los intereses generales del país, comunicarle pocos días antes a todos los Estados intervinientes que Uruguay dejaba de participar. Como un baldazo de agua fría.

Pero ahora hablando en términos más generales con respecto a los compromisos del gobierno: ¿puede alguien creer y proponer seriamente que en seis meses dejemos de participar en las Operaciones Unitas, discutamos y eventualmente retiremos las tropas del Congo y de Haití, investiguemos el destino de los Desaparecidos, modifiquemos el sistema de selección de los futuros generales, ubiquemos la coordinación de los Servicios de Inteligencia a nivel de la Presidencia, instituyamos por ley que los principales cargos del Ministerio de Defensa puedan ser ocupados también por civiles y además deban ser de confianza política, discutamos y modifiquemos el despliegue territorial de las Fuerzas Armadas, y su reorganización (efectivos, entrenamiento, armamento…), el lugar definitivo para Meteorología, Aviación Civil, Infraestructura Aeronáutica, los programas de formación de las Fuerzas Armadas, el papel de la Justicia Militar, la ubicación de «Marina Mercante», la reforma de la Caja Militar, la ubicación del Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas en el futuro Sistema Nacional de Salud, aprobemos el Presupuesto que forzosamente debe ser elaborado, discutido y aprobado en esos primeros seis meses de gobierno y, además, otro largo etcétera de tareas?

Y si salimos de Defensa: ¿puede alguien proponer y creer que en seis meses el gobierno debe estar aplicando el Impuesto a la Renta y por ende la Reforma Fiscal, el Sistema Nacional de Salud, el Plan de Emergencia, la puesta en marcha de los ferrocarriles, la de la navegación fluvial y de ultramar, la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba y la profundización de esas relaciones con Venezuela, la discusión con los Estados Unidos del heredado Tratado de Protección de la Inversiones, la renegociación de la deuda externa, hacerse cargo de la Presidencia del Mercosur y abordar la difícil situación por la que atraviesa hoy día, resolver la mamarrachesca situación energética y los desastres de Ancap en Argentina, realizar las correspondientes auditorías y tratar de capturar tanto ladrón y ladronzuelo concomitante antes de que se escapen, abordar los problemas de las inundaciones y de la sequía que en esos meses jodieron tanto a la gente y a los bichos en varios confines de la Patria, asegurar la sanidad animal y vegetal en una región y un mundo de renovados desafíos, concretar los Consejos de Salarios, las leyes de protección sindical, las debidas inspecciones de trabajo y la reforma de la Aduana junto a la de la Dirección General Impositiva, tratar de llegar al 4,5% para la Enseñanza aún a costa de una crisis ministerial, discutir y resolver el problema de los endeudados pero también el de los ahorristas, encarar la enorme cantidad (heredada) de juicios contra el Estado por cifras millonarias en dólares, debatir el calcinante asunto del «atraso cambiario» junto con el de las cárceles, el INAU, la seguridad ciudadana y el paupérrimo salario de los policías junto a otro mucho más larguísimo etcétera?

Resulta a nuestro juicio evidente que la respuesta a estas preguntas es «NO».

Sin embargo, y aunque cueste creerlo, aparecen voces gritando: ¡Sí!

Algunas son de izquierda: se trata a nuestro juicio de compañeros equivocados.

La enorme mayoría de esas voces pertenecen, insólitamente, a la vieja derecha vernácula.

Evacuada reiteradamente por los votos populares al fondo de las cunetas en el campo y a la oscuridad de las cloacas en la ciudad, vocifera como sapo cururú desde aquellas oquedades que «Â¡Sí!»

Viene acompañada en el coro por sus viejos «tiras» a punto de jubilarse que, preocupados porque en estos días los estamos conociendo en las planillas consabidas (acá hasta los espías y los orteras de peor laya son inamovibles y los traidores también están debidamente presupuestados) se desgañitan estérilmente.

Cuneta va, cloaca viene, terminaron juntos en el pozo negro vomitando su odio al Frente Amplio. Cantan parejito.

La verdad: no desentonan. *

 

(*) Senador de la República