Simplificaron trámites jubilatorios para los trabajadores del Mercosur

Esta semana se llevó a cabo en Buenos Aires, convocada por Uruguay, la primera reunión de la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Multilateral de Seguridad Social del Mercosur. En la misma participaron el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, Jorge Bruni, y el presidente del Directorio del Banco de Previsión Social, Ernesto Murro.

El convenio entró en vigencia el 1º de junio pasado y sustituye los hasta entonces vigentes acuerdos bilaterales entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Por esa razón la consecuencia principal de la aplicación del mismo es la acumulación a los efectos jubilatorios de los aportes personales surgidos de la actividad laboral desarrollada en cualquiera de los países integrantes del bloque.

Además el mismo regula el traslado temporario de trabajadores para prestar servicios en uno de los países firmantes, permitiendo continuar rigiéndose por la legislación previsional del país de origen.

La puesta en práctica del acuerdo es una realidad a partir del encuentro de las autoridades de la Seguridad Social y de los organismos ejecutores mencionada más arriba -por Uruguay participaron el subsecretario de Trabajo, Jorge Bruni, y el presidente del BPS, Ernesto Murro-, ya que en ella se aprobaron los criterios para su aplicación, lo que permite la uniformatización de las normas y procedimientos de los países miembros.

Entre los mecanismos aprobados se hallan los nuevos formularios que posibilitan iniciar los trámites correspondientes para que los trabajadores y empresas que así lo requieran puedan ampararse en los beneficios de la norma.

Este procedimiento ya esta habilitado en las oficinas del Banco de Previsión Social, y quién solicite su inclusión en el acuerdo multilateral deberá concurrir con documento de identificación y demás constancias requeridas para registrarse como trabajador o para solicitar la jubilación. Según explicó Murro, en los hechos concreto para los aportantes la tramitación no difiere demasiado ya que sus modificaciones esenciales refieren a los procedimientos internos que deben efectuar los organismos competentes de cada país.

Por otra parte, debido a que el cotizante poseerá cuentas independientes en cada uno de los países donde desarrolle su actividad, se aprobó la generación de las instancias y de los instrumentos que permitirán la concreción de la transmisión telemática y electrónica de datos entre los estados firmantes, para la facilitación de los trámites multinacionales, en particular los jubilatorios y los traslados temporarios.

Esto derivará finalmente en la confluencia de todas las aportaciones en una sola causal jubilatoria que se regirá según la legislación del lugar donde se solicite.

El presidente del BPS, informó que hasta el momento la transferencia de datos es por envío diplomático de los expedientes en papel, razón por la cual hay un gran interés en crear rápidamente un software que sea adaptable a los sistemas informáticos de cada estado. En esta tarea están embarcados técnicos de todas las instituciones participantes, a la vez que las jerarquías de las organizaciones intentan lograr el financiamiento que posibilite la creación e instalación de la herramienta.

Finalmente, los participantes de la reunión establecieron una próxima reunión de la Comisión de Seguimiento, que se llevará a cabo en Montevideo antes del 31 de diciembre y tendrá por cometidos continuar avanzando en las medidas de aplicación del acuerdo.

Entre los temas a definir se encuentran los criterios médicos para la otorgación de pensiones por invalidez, y especialmente el lograr una solución viable que permita el pago en el exterior de las prestaciones correspondientes a los amparados por el convenio multilateral. A efectos de crear un mecanismo que resuelva el abono de las prestaciones las autoridades participantes en la comisión ya iniciaron los estudios correspondientes basándose en una propuesta efectuada por Brasil en la reunión desarrollada en mayo último en Montevideo: modificar los giros personales de los montos por giros institucionales entre los países donde se generaron los derechos y el que los paga. *