San José: piden procesamiento del titular de una financiera

El fin se supo que decenas de personas que por distintos motivos habían solicitado préstamos (particularmente en una reconocida firma josefina), pero luego no habían pagado, sufrían las consecuencias debiendo «intereses» astronómicos en relación a las cifras originales que solicitaron en su momento. Entonces, cuando se develó que la situación era padecida por decenas de ciudadanos, se conformó poco a poco un «grupo» de «deudores» que inclusive se autodenominan así, que intentan enfrentar juntos a sus acreedores, haciendo pesar que «la unión hace la fuerza», como han dicho a la prensa sus voceros en reiteradas oportunidades.

Ahora y en relación al primer caso, la Fiscalía acusó y pidió el procesamiento del titular de la financiera maragata en cuestión, dejándole al juez de la causa el deber de tomar la primer decisión sobre estos asuntos en lo que a San José refiere. Efectivamente, este sería el primer caso en tierras maragatas donde el Ministerio Público pide un procesamiento por el delito de Usura.

Puntualmente la demanda la presentó en el año 2004 María Graciela Barrios, quien había solicitado en el 2000 a la empresa financiera, la suma de $1538. Al momento de presentar la demanda, la deuda superaba los $80.000. Hoy, ya alcanzó la suma de $602.503. La financiera ya le embargó «la única propiedad que tiene, donde vive con sus cuatro hijos», según informa el diario local San José Hoy, en su edición del pasado sábado.

En este momento están corriendo los seis días conque cuenta el «acusado», para contestar un escrito defendiéndose. «El fiscal respaldó la denuncia, quiere decir que le dio un grado de veracidad muy importante a ésta. Recogió pruebas y consideró que desde su punto de vista, se configura el delito de usura, y por lo tanto pidió el procesamiento del autor», declaró la procuradora Leticia Mora, quien ha llevado adelante este y otros muchos casos similares. El fiscal, que representa los intereses de la sociedad y como titular de la acción penal, entiende que hay un delito y debe penarse al responsable. Leticia Mora subrayó además que «en la denuncia se explicó claramente que en este caso había un agravante: «Era la actividad profesional, habitual del autor». En el caso de que el Juez condene al acusado, puede hacerlo por entre seis meses a cuatro años de prisión. Si efectivamente «hay procesamiento del acusado, se suspende la acción civil. Es decir, se suspende el remate de la propiedad hasta el momento de la sentencia definitiva, que condene o no al presunto autor del delito. Si el titular de la financiera es hallado culpable, la víctima de ese delito no tiene que pagar intereses, ni capital. De lo contrario, todo será archivado y el inmueble rematado», concluye la nota de tapa difundida por el periódico local el pasado sábado 8 de octubre. *