Tres uruguayos fueron despedidos por miedo a la Ley de Extranjería

Las visiones de los inmigrantes uruguayos radicados en España acerca de lo que el gobierno ibérico presentó como «una nueva oportunidad» para que los 120 mil ilegales del reino obtengan los papeles, esta vez mediante el arraigo laboral, no son alentadoras.

Daniel Caserta, de la Casa Uruguay en Madrid, indicó  en un mail por el que comunicó la entrada en vigor de esta sección de la Ley de Extranjería  que se esperó hasta el último momento para informar porque «las reglas de juego lamentablemente siguen cambiando sistemáticamente».

Por su parte, Juan Sotelo, del Centro Uruguayo en Madrid, dijo a LA REPUBLICA que esta etapa «no varía mucho», la situación de los connacionales «sin papeles» que viven en España, fundamentalmente por basarse en la denuncia de los patronos que los contratan.

Como ejemplo Sotelo citó el caso de tres uruguayos que fueron despedidos en la jornada de ayer «por el temor de sus empleadores a ser denunciados con el objetivo de acceder a la legalidad».

En el caso de estos compatriotas, el amparo previsto por la ley a quienes presenten declaración contra sus patrones, que establece la imposibilidad del despido, no tiene lugar debido a que ellos ingresaron a la península hace menos de dos años. «Esta etapa del proceso lo único que hace es apretar más la tuerca a los emigrantes. Además ahora sí está la policía en la calle pidiendo papeles y al que no tiene le recomienda que denuncie, lo que pone en riesgo su trabajo», enfatizó Sotelo.

 

La Ley

El supuesto de arraigo laboral sobre el que descansa la ley implica acreditar la permanencia continuada en el país durante un período mínimo de dos años y la existencia de relaciones laborales cuya duración no sea inferior a un año.

Para la demostración el inmigrante debe presentar una resolución judicial o un acta de inspección laboral. Documentos que la mayoría de los inmigrantes no poseen debido a lo precario de sus relaciones laborales.

Entonces la solución es denunciar al empleador, quien deberá regularizarlos o de lo contrario abonar una multa.

Además los «ilegales» deberán demostrar carencia de antecedentes penales tanto en su país de origen como en España mediante certificados de buena conducta expedidos por los organismos competentes.

La Ley de Extranjería en esta etapa ampara al inmigrante en cierta forma, ya que si un empresario decide terminar una relación laboral con un indocumentado porque ha sido denunciado y el trabajador demuestra la existencia de tal vínculo, el patrón deberá pagarle un despido improcedente o especial, y puede seguir con los trámites de regularización.

 

¿Cuántos faltan?

De los 120 mil «ilegales» radicados en España y que fueron desaprobados en la primera etapa de aplicación de la norma, aproximadamente nueve mil son uruguayos.

La prensa española señaló que la mayoría de quienes lograron regularizar su situación en esa etapa, son ecuatorianos, un total de 88.402 personas, seguidos de rumanos y marroquíes, con 61.211 y 40.910 personas respectivamente. También han conseguido sus papeles 35.235 colombianos, 20.976 bolivianos, 14.108 búlgaros, 13.162 argentinos y 11.570 ucranianos. El resto, 66.948 personas, proceden de otros países, incluido Uruguay.

Dentro de las ramas de actividad el sector que más inmigrantes regularizó es del empleo doméstico, con un 34%, seguido por el de la construcción con un 19%. *