Canelones es una caja de sorpresas

Ante este oscuro panorama, Marcos Carámbula y los suyos agarraron un «fierro caliente» en un momento donde la gente está expectante por los cambios, y que en su gran mayoría acompañó con su voto (63% de los electores) esa intención de apostar por algo distinto.

Los primeros días para estas nuevas autoridades deparó asombro, por encontrar una situación aún peor a lo imaginado.

El pasivo municipal al 31 de diciembre de 2004 (endeudamiento acumulado) era de $ 2.556 millones.

Por su parte, el déficit acumulado se ubica en el entorno de los $ 2.505 millones, mientras que el déficit anual del ejercicio 2004 se ubicó en $ 378,6 millones.

El primer día de asumir el intendente Carámbula, la IMC tenía en sus arcas $ 1,4 millones, provenientes de sus dependencias en Pando y ciudad de Canelones.

Mientras tanto, a los funcionarios no se les había abonado sus salarios y recién promediando el mes se pudo pagar el sueldo de junio.

El director de Hacienda, contador Hugo Pose, en diálogo con LA REPUBLICA como demostración del caos financiero que padece la comuna, ironizó: «Quisiera que estuvieras en mi lugar por un día para saber lo que estamos atravesando».

Señaló que con la recaudación actual, «no podemos cubrir los gastos mensuales». Durante 2004, la IMC tuvo por ingreso $ 1.186 millones, mientras que los egresos llegaron a $ 1.565 millones.

Con la intención de clarificar la situación, Pose dijo que para cubrir el déficit acumulado, la Intendencia «canaria» debía recaudar durante dos años y medio, sin tener que efectuar ningún gasto.

El contador Pose es el encargado de los números en la IMC. Fue recomendado por el actual director de Recursos Financieros de la Intendencia montevideana, Enrique Cabrera (Vertiente Artiguista). El director «canario» que tiene 46 años y se traslada diariamente al municipio en ómnibus desde su casa en la Aguada, se encontró al ingresar a la administración con un «desconcierto» en el personal y en los mandos medios, ya que no sabían qué hacer con su gestión. Es que, según explicó, el poder municipal estaba centralizado en dos o tres figuras del gobierno de Hackenbruch, y esto originó en la nueva Intendencia «problemas de tipo operativo menores».

Las actuales autoridades dictaron directivas de trabajo claras, en las que se comunicó la intención de restablecer la carrera funcional.

Fue detectado un «deterioro tanto en los recursos humanos como materiales».

Pose percibió que las condiciones de trabajo en la que desarrollaban la tarea los funcionarios municipales «no dignificaba su gestión». Puso como ejemplo que determinadas oficinas estaban superpobladas, con carencia de espacio.

La falta de insumos de trabajo es notoria. «Si la situación financiera no da para pagar los sueldos, menos para adquirir bienes materiales», dijo el jerarca municipal.

A esta situación de déficit, hay que sumar los escasos ingresos motivado por un elevado porcentaje en la morosidad.

El promedio de la contribución inmobiliaria se ubica en el 58% en todo el departamento. Sin embargo en otras ciudades el porcentaje es más alto, como en Las Piedras, con un 66%, y en El Pinar (70%). Sin embargo, en otros balnearios, como en Shangrilá, el incumplimiento de las obligaciones municipales están por debajo de la media (50%).

En cuanto a la patente de rodado, el no pago está en el 40%.

Por el momento, la administración no está en condiciones de implementar grandes cambios, sino que la falta de recursos la lleva a limitar sus movimientos. Según enfatizó Pose, la prioridad actual de la IMC es juntar dinero para pagar los sueldos de los funcionarios municipales y poder cumplir con algunos servicios esenciales. «No da más que para eso», admitió el director de Hacienda. En los primeros 10 días hábiles de la actual administración, la recaudación fue similar a lo que se venía dando desde antes, incluso hubo un pequeño repunte.

La comuna se juega todos los boletos al resultado que pueda tener el plan de refinanciación de deudas que está a estudio de los técnicos del municipio. El mismo será implementado a la brevedad, previa aprobación de la Junta Departamental.

Si las previsiones se cumplen, la IMC estaría alcanzando el primer objetivo, que es cubrir el presupuesto mensual.

 

Una comuna deudora

Un apartado es el tema de las deudas que contrajo el municipio canario. Son numerosos los acreedores de la comuna, al igual que el monto de las deudas. En algunas de ellas, la nueva administración efectuará un estudio adicional para saber cómo se generaron las mismas.

El 40% de lo adeudado tiene como referente al Estado, donde los principales acreedores son el Banco República, UTE ($ 500 millones) y la Caja Nacional, lo que impide a los funcionarios poder solicitar préstamos bancarios en la caja estatal.

En cuanto a los privados, la Intendencia mantiene deudas con empresas constructoras y quienes realizan la tercerización del servicio de recolección de residuos en la Costa de Oro. También hay incumplimiento con los proveedores y mutualistas.

Pero este panorama «negro», desde el punto de vista financiero no termina allí. La comuna, por la deuda que mantiene con el Banco de Previsión Social (BPS), no tiene el certificado único que expide dicho organismo, y que le genera una serie de impedimentos a la IMC.

Una forma de cobrarse esta deuda es que el BPS le retiene la partida que recibe del gobierno central.

Por si esto fuera poco, el juicio entablado por un funcionario municipal llevó a que su cuenta bancaria estuviera embargada.

La división jurídica de la IMC efectuó una estimación del monto de los juicios que debe enfrentar la comuna, y el que podría ascender a más de U$S 20 millones, a lo que debe agregarse los costos, intereses y actualizaciones de la demanda.

Por todo este desfinanciamiento es que las autoridades municipales tienen cifradas esperanzas en un resultado positivo del plan de refinanciación de deudas.

El director Pose dijo que es la única vía que por el momento tiene la IMC para salir adelante. «En el momento, ¿quién nos va a prestar dinero?», se preguntó.

 

Un modelo de administración de los 70

En la Intendencia de Canelones revistan unos 4.600 funcionarios. Las actuales autoridades detectaron una excesiva plantilla, con cobros injustificados de compensaciones, horas extra y personal contratado y zafral.

Una de las formas de reducir los costos es «desprenderse» de cierta cantidad de funcionarios zafrales y contratados que no justifican la tarea que desempeñan. Fue así que Carámbula decidió revocar las 93 presupuestaciones que realizara a último momento el ex intendente Hackenbruch, y revisar la plantilla de zafrales.

Esa reducción de zafrales, compensaciones y diferencias de sueldos que hizo la IMC significan un ahorro de $ 4,6 millones al mes.

El director Pose señaló que descubrieron una gran cantidad de buenos funcionarios, a los cuales se les aplica una etapa de mayor exigencia y responsabilidad en la Costa de Oro -una ciudad en construcción- acorde a los cargos que desempeñan.

Hubo medidas de racionalización de gastos. Se dejó de utilizar locomoción oficial, salvo para salidas oficiales.

Daniel Muñoz, director de Administración de la IMC, dijo que encontró una Intendencia «caótica y desordenada» en su modelo de gestión, cuya metodología y procedimiento se remontaba a la implementada en la década de los 70. Encontraron un parcelamiento que no permitía la horizontalidad de información, «con poderes absolutos que pasaban por encima de direcciones enteras». La pirámide funcional es achatada, con sueldos magros para obreros
y la administración.

No había incorporación de tecnología, ni internet porque estaba cortada la conexión por falta de pago. Incluso algunos de los directores generales ni siquiera contaban con una computadora.

Actualmente existen unos 16 mil expedientes, cuya contabilización y procesamiento debe hacerse de forma manual.

La nueva administración pretende desarrollar los recursos humanos, capacitar a los funcionarios y permitirles complementar sus estudios. El director Muñoz sostuvo que la nueva Intendencia dará los instrumentos necesarios para permitir que un peón municipal pueda llegar a un cargo de gerenciamiento, pero aclaró que ningún trabajador estará «atornillado a un sillón», ya que los mismos serán evaluados.

Habrá llamados a licitación para la adquisición de suministros que permitan ejecutar la tarea y obtener tecnología para modernizar la gestión.

En cuantos a los cementerios, encontraron 6 necrópolis con problemas de seguridad y edilicia. Se conformará una comisión de arquitectura, urbanismo y gestión ambiental que trate a las necrópolis como si fueran una ciudad aparte, teniendo cuidado en los espacios, la seguridad y el apoyo y capacitación del personal. *