Familiares de los obreros del transporte asesinados reclaman ayuda del gobierno

En la mañana de ayer más de 50 personas se concentraron frente al Edificio Libertad con la intención de que sus reclamos «sean escuchados».

Se trata de familiares de los trabajadores del transporte Edward Cal, Julio Benítez y Gerardo Rizzolo, quienes fueron asesinados en el transcurso del año pasado, y cuyos crímenes aun no han sido aclarados.

Durante más de una hora los manifestantes cortaron el tránsito frente a casa de gobierno luego de haber sido recibidos por el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

En la carta remitida al Presidente Vazquez, los familiares solicitan se aclaren los casos de los asesinatos de taxistas y conductores durante el 2004. Piden a la Justicia una mayor flexibilidad, para que la investigación de estos casos transcurra y no siga «trancada» como hasta ahora.

Ismael Cal, padre del chofer de Raincoop asesinado en diciembre de 2004 en el balneario El Pinar, dijo en diálogo con LA REPUBLICA, que la intención es «que nos escuchen, nos atiendan y nos ayuden».

«No tenemos información de ningún tipo, y queremos que los asesinatos sean esclarecidos. Hemos mantenido reuniones con la policía y nos dicen que no hay pruebas suficientes. Ellos a su vez dicen que los jueces tampoco dejan trabajar mucho.

Por eso consideramos que habría que solicitarle a la Justicia mayor flexibilidad, cambiar las leyes». Según explicó, durante el diálogo con Fernández, éste, les informó que la carta será entregada al Presidente, quedando abierta la instancia a un posible encuentro. LA REPUBLICA adelantó en su momento que expertos de Policía Técnica habían detectado que se trataba del mismo homicida en los tres casos. Ello fue posible constatar por la comparación de las estrías de las balas extraídas a las víctimas, comprobándose que habían sido disparadas por una misma arma, una pistola automática 9 milímetros. A partir de ese momento la Justicia ordenó el chequeo de todas las armas automáticas de la Policía, en razón de que existían sospechas de que el autor de las muertes podría ser un funcionario policial en actividad o retirado. *