Familias sin techo y techos sin familias

En febrero de 2004, LA REPUBLICA informaba que mientras una larga lista de pasivos tiene necesidad de una casa propia, dos grupos de viviendas de Mercedes seguían sin ser entregadas, siendo robadas y destrozadas por desconocidos. Uno de esos grupos de viviendas, el ubicado en Ledesma casi Ruta Nº 2, se constituyó en el caso más notorio, donde la burocracia pudo más que las necesidades habitacionales de los pasivos. Hermosas construcciones de ladrillo visto con techo de tejas, que según estaba previsto iban a ser entregadas a jubilados y pensionistas con todas las comodidades, incluso con calefones, lo que permitiría sin duda el confort necesario a las personas de la tercera edad. Las obras culminaron, faltando únicamente la conexión a algunos servicios, tales como el saneamiento, y con el correr del tiempo, y ante la ausencia de quien las controlara, fueron objeto del vandalismo, donde no solamente fueron notorios los destrozos en vidrios y aberturas, registrándose robos de los calefones y en los aparatos sanitarios.

Hace un año, en junio de 2004, estas viviendas fueron ocupadas por la fuerza por un grupo de familias sin techo, poniendo en evidencia otra dramática y paradójica situación: familias sin techo y techos sin familias. La ocupación duró varios días, donde surgió la solidaridad de parte de la población hacia estas familias sin techo, que terminaron siendo desalojadas, ante la presión de la empresa constructora y de la Intendencia de Soriano. En dichas instancias varios de los integrantes de estas familias debieron comparecer ante la Justicia, donde los responsables de la empresa constructora concurrieron con la documentación y argumentando que en pocos días dichas viviendas serían entregadas. Algo que pocos creían, en virtud del notorio deterioro sufrido por las viviendas, y a que carecían de los servicios de agua y luz. Los ocupantes de las viviendas se convirtieron en acampantes, ya que improvisaron un campamento en Plaza Artigas de Mercedes, donde intentaron resistir, y desde donde terminaron siendo nuevamente desalojados. Esta vez la protagonista fue la Intendencia de Soriano, que logró quebrar la resistencia del grupo prometiéndole una solución a la situación por la que atravesaban, y dándole simplemente un lugar en el castillo Mauá, nada menos que en los habitáculos que estaban destinados para los caballos.

Allí fueron a parar algunas de estas familias, dejando en evidencia otra situación de insensibilidad oficial, donde la dramática situación de estas familias encontró escasa o nula solidaridad de la parte social o política, que terminó olvidándolas. Este grupo de familias, muchas de ellas con niños, se hacinó en los stud del Castillo Mauá, careciendo de los servicios más elementales de higiene, y al margen de todas las normas de salud.

 

Con los caballos

En el año 2003, Saúl Irureta, el entonces ministro de Vivienda, quien recién asumía en su cargo, expresó a este corresponsal que «si en un mes no entregamos estas viviendas estamos demostrando que como Estado somos ineficientes». Evidentemente que pasó más de un mes. Las viviendas fueron robadas y destruidas, ocupadas por la fuerza, desocupadas, y aún hoy, con otra administración gubernamental, continúan esperando que alguien las entregue a sus adjudicatarios, jubilados, muchos de ellos que necesitan imperiosamente de un techo digno.

Cuando se produjo la ocupación por la fuerza de estas viviendas, los responsables de la empresa constructura argumentaron que en poco tiempo las obras quedarían terminadas y que serían entregadas. Pero aún hoy los trámites burocráticos continúan, donde se procura destrabar una situación que perjudica directamente a los jubilados que tienen adjudicadas las mismas y que en muchos casos sufren distintas necesidades y problemas para enfrentar el pago del alquiler. Para el diputado Roque Arregui «esta es una herencia más que nos ha dejado el gobierno anterior», explicando que estas viviendas fueron construidas bajo el sistema de «llave en mano», donde el terreno es de la empresa «y mientras no lo entregue al Ministerio de Vivienda es imposible poder hacer que esta secretaría se encargue de las viviendas».

Explicando que el Ministerio de Vivienda «ha iniciado las acciones judiciales correspondientes porque es el único método seguro», pero que «lamentablemente este proceso lleva su tiempo», donde se procura «convencer a la empresa de que haga una cesión del contrato hacia otra empresa para que de una vez por todas puedan entregarse las mismas, porque esto es un monumento a la ineficiencia». Al parecer la empresa constructora «estaría en inactividad total», encontrándose «en una situación que no le permite continuar las obras». En medio de toda esta situación quedaron los jubilados y pasivos que resultaron adjudicatarios de estas viviendas, pero también quedaron en medio un grupo de familias sin techo que en un dramático intento las ocupó por la fuerza, recibiendo como única solución oficial ir a parar a los stud del Castillo Mauá. *