Dramático reclamo de ex presos políticos que siguen padeciendo secuelas de torturas

En Uruguay existen alrededor de 1.300 ex presos políticos según su Movimiento. Desde 1985 luchan, entre otras cosas, por una ley jubilatoria que los ampare a todos por igual. Los representantes del Movimiento de ex presos políticos en Uruguay, Ariel Meredos, Milton Ferreria y Alfredo Ramos dijeron a LA REPUBLICA que lo único que los diferencia con las demás organizaciones es que ellos luchan para que la ley ampare a todos por igual y también a aquellos jóvenes que fueron torturados a fines de la dictadura «salvajemente» (ver recuadro).

Para el Movimiento aquellos que tengan la causal de ex presos políticos y en cualquier «campo de concentración que hayan estado» tienen derecho a recibir una jubilación mínima.

Respecto a los «causahabientes» viudas o viudos les corresponde, según el movimiento, el 100% y no como establece el régimen actual un 50%.

«Porque las penurias que pasó el preso se las trasladó naturalmente a sus hijos y a su mujer en particular».

Pero a 20 años de esos terribles hechos entre 500 y 700 personas no pudieron jubilarse porque «no lograron una causal jubilatoria, por tener aportes en negro o por no aportar».

Ayer fueron recibidos por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Milton Ferreria informó que recibieron un amplio apoyo por parte de los representantes respecto al planteo de que la ley ampare con un mínimo a todos por igual.

El proyecto para la ley jubilatoria a término que ampara a ex presos políticos, exiliados y clandestinos contiene 13 artículos.

El mismo deja claro que la ley comprende a las personas que entre el 9 de febrero de 1973 al 28 de febrero de 1985 se hubieran visto obligados a abandonar el territorio nacional por razones políticas, ideológicas o gremiales.

También a los que hubieran estado detenidos durante dicho lapso por actividades consideradas en ese período delitos políticos, o militares conexos y quienes debieron permanecer en la clandestinidad por las mismas razones.

Por consecuencia aquellos que padecieron alguna de estas situaciones y se vieron impedidos de acceder a un lugar de trabajo o fueron arbitrariamente despedidos del mismo.

 

«Con el dolor no se negocia»

Los representantes de dicho Movimiento explicaron su postura ante este proyecto de ley y al que solo le encuentran una diferencia con sus reclamos: el artículo 8.

Ese artículo establece «una forma de jubilación» y textualmente expresa: «Las personas que como consecuencia de haber padecido la situación prevista en el artículo 1º, se encuentran afectadas por una enfermedad síquica y/o física, tendrán derechos al cobro de una jubilación igual a seis salarios mínimos nacionales vigente al momento de adjudicarle la jubilación. La enfermedad síquica o física que genera derecho a esta prestación, comprende las mismas situaciones que las que generan derecho al subsidio transitorio por incapacidad parcial».

Por su parte el Movimiento plantea un amparo jubilatorio para todos los ex presos políticos en forma igualitaria. «Porque el sufrimiento ha sido para todos y todos hemos pasado muy mal. No importa la cantidad de años que se haya estado o no en la cárcel. El dolor es una cosa que no se puede negociar porque además es intangible», dijo Alfredo Ramos.

 

Qué pasó durante los anteriores gobiernos

En el año 1985 se promulgó una ley que sólo amparaba a los funcionarios públicos, recomponiéndoles su historia laboral, pero aquellos que tenían su actividad en el área privada quedaron exentos. Hoy en día la Ley 17.449 no cubre todas las expectativas de los ex presos políticos y más teniendo en cuenta que una gran mayoría de los trabajadores del sector privado aún están sin jubilarse.

A partir de 1985 «se hizo un silencio, un parate en todos estos reclamos jubilatorios», expresó Alfredo Ramos.

Los trabajadores de la actividad privada quedaron relegados de la ley jubilatoria y con el tiempo «esos compañeros optaron por guardar silencio respecto al tema y cada cual fue arreglando su situación como pudo».

A causa de ello y por las malas condiciones de vida que algunos ex presos, exiliados o ex clandestinos sufren hoy, «por no tener las condiciones básicas socio-económicas para sobrevivir mueren por semana en Uruguay dos ex presos políticos». Las causas son varias entre ellas problemas psíquicos, cáncer, desequilibrios emocionales. «Hemos visto a muchos compañeros salir de adentro de los tachos de basura. Se mueren en este país 8 compañeros por mes, 96 por año, enfermos de cáncer o de problemas psíquicos, mientras los militares gozan de todas las reparaciones que el Estado les dio y nos quitó a nosotros».

 

«Estamos hablando de mucho tiempo antes de 1973″

Respecto al tema de los ex presos políticos Ariel Meredos expresó que en Uruguay «siempre se encasilla todo al período de facto». «Acá hubo una preparación para la venida de la dictadura a partir del 13 de junio de 1968 cuando se instalan las primeras medidas prontas de seguridad.

A partir de ahí comienza una escalada de violencia por parte del gobierno hacia las clases populares. Ya en ese 13 de junio en el cuartel de San Ramón fue toda la dirigencia obrera presa, los agarró desprevenidos en particular al Pepe D’Elía.

Estamos hablando de mucho tiempo antes que se instalara la dictadura, producto de ello muchas personas perdieron su trabajo, otras además su vida. Después de la liberación, las «listas negras» imposibilitaron la reinserción en las fuentes laborales. A partir de 1968 ya comenzó a parecer gente en las listas. Durante todo el período y hasta 1985 no podías trabajar en ningún lado porque los que vivíamos en Montevideo, si teníamos que cruzar el puente Carrasco, de La Paz, o Camino Maldonado tenías que ir a pedir permiso para salir. Porque estabas en libertad pero sumamente vigilado y todo eso influyó y creó un preclima para que los patrones no te tomaran». *