Hace un año que un trabajador le ganó un juicio al BSE pero no lo puede cobrar

En el año 1987, José Luis Damiano sufría un grave accidente laboral en la empresa Paycueros, que le provocó irreparables lesiones a nivel lumbar, quedando incapacitado -según la evaluación abordada recién algunos años más tarde-, en un 80%.

Según explicó oportunamente Damiano a LA REPUBLICA, había solicitado ante el BSE en reiteradas ocasiones la debida asistencia que se le había negado, dada la magnitud de su lesión. Tras idas y venidas, el trabajador continuaba ejerciendo sus labores, ya que los diagnósticos médicos expresaban una supuesta disminución en la gravedad de las lesiones. Sin embargo, su salud se debilitaba cada vez más. El 17 de junio de 1993, la empresa Paycueros despidió a Damiano. Si bien en primera instancia dicho despido se atribuyó a una reducción de personal, más tarde sus empleadores terminaban reconociendo que su incapacidad no le permitía continuar realizando eficientemente su trabajo.

Muchos fueron los viajes entre Paysandú y Montevideo y también fueron muchas las intervenciones quirúrgicas que le practicaron a Damiano. Impotencia familiar y personal mediante, el trabajador decidió abrir un juicio al BSE, por omitir la gravedad de sus lesiones, alegando que se le había asistido por sólo 72 días, dándole el alta el 8 de junio de 1987.

La audiencia efectuada en el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú alega que el trabajador fue dado de alta «sin ninguna especificación, ni limitación en cuanto a los trabajos de esfuerzo que luego se demostró que no podía, ni debía hacer. Fue la primera omisión y error clínicos médicos del BSE, plenamente probados por lo que surge a posteriori en las historias clínicas. El trabajador no podía hacer esfuerzos. Sin embargo la empresa, amparada en el alta recibida del BSE, exigía a Damiano que trabajara normalmente, realizando tareas pesadas, lo que le hizo sufrir y agravar su mal». Luego de que Damiano –según su testimonio–, fuera presionado en el BSE psicológicamente y le hubieran omitido la asistencia, tras 17 años de lucha, el trabajador ganó el juicio y sentó un precedente.

El 4 de agosto de 2004 un Tribunal de Apelaciones de Trabajo de Primer Turno, sito en las calles Uruguay y Paraguay de Montevideo, integrado por los doctores Jhon Pérez Brignani, Pedro Keoroglian y Beatriz de Paula Cabrera, sentenció a favor de Damiano, dictaminando entre otras cosas, que existió «negligencia en el actuar de los dependientes de la demanda. Existió descuido, omisión o falta de aplicación o diligencia, en la ejecución de un acto médico. No sólo al no solicitar los exámenes pertinentes que hubieran arrojado la entidad del daño, y permitido una corrección de la dolencia en breve lapso, sino al no recomendar que no podía efectuar esfuerzos». La batalla que nunca tenían que haber peleado tantos años, Luis Damiano y su abogado Gonzalo Graña, al fin se ganó.

 

Una sentencia no cumplida

En la jornada de ayer y a casi a un año de haberse leído la sentencia, José Luis Damiano, denunció en LA REPUBLICA que «aún no se ha podido cobrar nada de aquel juicio». «Lo que me preocupa, -dijo- es que el BSE todavía está dando vueltas para el cumplimiento de la sentencia». Damiano entiende que se trata de una «negligencia y abandono de causa», desde que nadie encuentra los documentos necesarios que generen la ejecución del dictamen.

Hoy por hoy, Damiano y su familia tienen cortados todos los servicios públicos (UTE, OSE y Antel). Si bien el hombre no quiso hacer público el importe que le corresponde tras haber ganado este juicio, sostuvo que es poco y no justifica 18 años de «endeudamientos, privaciones y sacrificios». «No puedo vivir del aire ni de la gracia de nadie», dijo, al tiempo que valoró todos los aportes que ha recibido de gente amiga durante estos años. «Tengo que vivir con mis posibilidades. El haber ganado este juicio es un derecho adquirido y no estoy mendigando nada», expresó.

 

Buscando el fin de un calvario de dos decenios

Si bien el caso está ganado, el trabajador y su abogado tuvieron que pedir intervención jurídica nuevamente para que se ejecute de una vez la sentencia.

El 19 del corriente en el Juzgado Letrado de esta ciudad se desarrollará una audiencia para tratar el caso ya ganado. Del resultado de la misma se pondría fin a un calvario de casi dos decenios o continuaría injustificadamente un proceso de nunca acabar que cada día estropea más la calidad de vida de una familia uruguaya que sólo reclama sus derechos. *