Dos enfermeras del Hospital de Paysandú fueron separadas de sus cargos por la muerte de una niña

El 6 de noviembre del año pasado Antonella Sueldo Escobar, de 6 años, murió por «estreptococo B-hemolítico del Grupo A». Para los padres de la niña, quien entró al Hospital de Paysandú con un cuadro de fiebre y dolor abdominal, «hubo manifiestas omisiones e irregularidades en el servicio, las que de haber sido evitadas no hubieran provocado el deceso» de Antonella.

«Se une un conjunto de responsabilidades por omisión, desidia y error de diagnóstico que determina la existencia de una falla de orden institucional al haber funcionado el sistema de manera deficiente», denunciaron los padres, para luego agregar que «los funcionarios al frente del hospital no extremaron las medidas necesarias, útiles y adecuadas a los fines de determinar la afección que aquejaba a nuestra hija y adoptar las recursos pertinentes».

Además de denunciar que los médicos no dieron un diagnóstico preciso, Juan Pablo Sueldo y María Teresa Escobar dijeron que «tal desidia se vio sumada a la enfermera de la noche que hizo caso omiso a los llamados de la abuela que estaba junto a Antonella y no llamó a Urgencia ni Emergencia a causa de las manifestaciones de dolor y lesiones en la piel».

Por esto, los padres de la niña pidieron a la dirección del Hospital de Paysandú que inicie un sumario administrativo a fin de constatar si hubo irregularidades en el tratamiento de su hija. El hospital comenzó una investigación que luego continuó en Montevideo con la intervención de la Comisión Honoraria de Salud Pública.

Tal es así que el 30 de junio pasado, el director general de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Tabaré González, dispuso un sumario administrativo a cuatro funcionarios del Hospital Paysandú (dos médicas y dos enfermeras) que integran la plantilla de funcionarios del Ministerio de Salud y a un médico que forma parte de la Comisión de Apoyo Local.

Las dos enfermeras se notificaron ante las autoridades del hospital y fueron separadas preventivamente de sus cargos. Desde ayer y por un plazo de 6 meses, ninguna de las dos funcionarias puede ejercer su profesión. Aún falta que se notifiquen los tres médicos involucrados en este caso.

 

Juzgamiento

Los padres de Antonella reconocen «en muchos profesionales de la salud una tarea vocacional y una dedicación entrañable. Pero, por otro lado, para el o los que no actuaron de la forma que lo impone la ‘lex artis médica’, la situación debe resolverse por los mecanismos naturales de aplicación, control y juzgamiento que establece el ordenamiento jurídico vigente, sin que ello pueda generar desasosiego, preocupación o reacciones inadecuadas». Por otra parte, Juan Pablo Sueldo y María Teresa Escobar esperan que «el esclarecimiento de las circunstancias que contribuyeron, determinaron o incidieron en el fallecimiento de Antonella y la atribución de las responsabilidades correspondientes, no se haga como acontece en muchos casos cortando por el lado más fino, acción que en definitiva constituye una verdadera denegatoria de justicia y actitud elusiva incalificable».

Por eso piden que se «actúe con razonabilidad, proporcionalidad y coherencia en el desarrollo del procedimiento administrativo. La vida es un derecho fundamental y constituye un imperativo del Estado y sus autoridades que los habitantes de la República sean protegidos en la integridad de sus derechos y sean tratados en un pie de igualdad, según rezan los artículos 7, 8, 44, 72 y 332 de la Constitución Nacional, aunque a veces ello no sea lo que así ocurre». *