Europeos preparan vuelos conjuntos para expulsar miles de inmigrantes

La agencia de noticias AFP informó ayer que los países del G-5 (Francia, España, Italia, Alemania y Gran Bretaña), fletarán aviones para repatriar a inmigrantes ilegales.

En referencia a esa decisión, Nicolas Sarkozy a la radio local declaró que «el ministro español de Interior, José Antonio Alonso, me preguntó si estaba de acuerdo para que organizáramos juntos retornos de grupos de extranjeros en situación ilegal».

El ministro francés de Interior, que es también número dos del gobierno, indicó recientemente que desea «aumentar en un 50%» los envíos de inmigrantes a las fronteras para llegar este año a 23.000 expulsiones.

En mayo, Francia lanzó un plan de lucha contra la inmigración clandestina que prevé mayor severidad en los controles y más expulsiones. Se calcula que el número de extranjeros en situación irregular en el territorio oscila entre 200.000 y 400.000 personas.

Mientras tanto, España lanzó en el primer trimestre de este año una operación de regularización masiva de casi 700.000 inmigrantes.

En la reunión de Evian participan, además de Sarkozy, José Antonio Alonso (España), Charles Clarke (Gran Bretaña) y Giuseppe Pisanu (Italia).
El ministro alemán de Interior, Otto Schily, tuvo que permanecer en Berlín por una reunión importante de su partido, y envió en su lugar al director general de la Policía, Gunther Krause.

En su reunión del lunes, los ministros acordaron que en los documentos nacionales de identidad de cada país figuren elementos biométricos comunes a los cinco con el fin de evitar falsificaciones.

Además, los ministros del G5 estudiaron la puesta en marcha de un mecanismo de «control ida y vuelta» gracias a huellas digitales, para comprobar que el ciudadano de un país externo al espacio Schengen que abandona la zona es el mismo que el que entra posteriormente.

El espacio Schengen de libre circulación de personas comenzó a funcionar en 1995 y está integrado actualmente por 13 países miembros de la Unión Europea y dos países no miembros, Noruega e Islandia.

 

Medida ejemplarizante y consecuencias políticas

Por otra parte, Rómulo Correa, presidente de la Asociación de Uruguayos en Catalunya, dijo a LA REPUBLICA que esta decisión del G5 «empeora las cosas». Aunque destacó que la situación de los uruguayos residentes en España, por el momento es tranquila, habiéndose registrado solo tres trámites de deportación desde el fin del período de normalización.

Correa subrayó que la resolución del G5 puede causar «serios problemas económicos y políticos en la Unión Europea, puesto que va contra los programas de desarrollo que está creado para atacar las causas de la inmigración». Asimismo resaltó que esto también podría generar inconvenientes a la interna del gobierno español, como consecuencia de que «ellos saben que necesitan de los ilegales para mantener bajos los niveles salariales. Incluso tienen un cálculo de la cantidad de inmigrantes que requieren, por ejemplo en Catalunya hay un déficit de 5.500 puestos de trabajo en hostelería y los comunitarios no realizan esas tareas».

Según su razonamiento, las medidas serán aplicadas de manera «ejemplarizante», debido a que deportar al millón de inmigrantes residentes en España, provocaría grandes desequilibrios económicos y resistencias políticas desde diversos ámbitos.

En tal sentido, afirmó que «el año pasado Francia y España tenían un mecanismo de deportación conjunta para los países del Este que luego terminó por falta de recursos. Los países del G5 no tienen problemas de ilegales tan grandes como España, pero saben que es la puerta de entrada a la comunidad, y como no tienen miedo de que luego de ingresar la gente se traslade a sus territorios, aportan recursos para hacer un movimiento rápido y frenar la entrada. Para decir a la gente que no venga».

Empero, señaló que durante las últimas semanas muchos compatriotas traspasaron las fronteras del Schengen sin cumplir con los requisitos exigidos por migraciones.

 

Preocupación en Cancillería

Según dijeron fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores a LA REPUBLICA, la noticia causó gran preocupación debido a que si bien «lo grave es la deportación en sí, esta resolución agrava la situación de los inmigrantes desde el punto de vista de que puede significar un incremento del peregrinaje por distintos aeropuertos hasta llegar a su país natal».

Los informantes también indicaron con pesar que las negociaciones con el gobierno español para que reconozca la vigencia del Tratado de 1870 y ampare a los uruguayos que fueron desaprobados por la Ley de Extranjería, están «estancadas». Al parecer el ejecutivo ibérico se afirma cada vez más en su posición acerca de que la firma de convenios posteriores restaron validez al acuerdo de fines del siglo XIX. «Y es que cada uno interpreta las cosas según su entender… o su interés», aseveraron las fuentes dejando notar su descontento. *