Deforestación en Fortín de Santa Rosa: la comuna multará a los responsables

El director general de Gestión Ambiental de la comuna canaria, Juan Carlos Barranquet, informó a LA REPUBLICA que días pasados se envió a la Junta Departamental un proyecto para corregir el «vacío legal» que existe actualmente.

Días pasados LA REPUBLICA publicó una entrevista al presidente de la Comisión Pro Fomento del Fortín de Santa Rosa, Angel Machado, quien denunció una «criminal» deforestación en predios municipales del balneario, a cargo de particulares que aprovechan la indefinición de la intendencia para prohibir las tareas.

La tala de árboles comenzó en marzo del año pasado y, de acuerdo a un contrato firmado entre particulares, debió haber finalizado en octubre. Las tareas se realizan en predios particulares, pero el denunciante sostiene que también abarca espacios públicos.

El predio en cuestión está ubicado en la Ruta Interbalnearia Km 41,500. Su extensión total es de aproximadamente 30 hectáreas y el área que estaba siendo deforestada tiene alrededor de 5 hectáreas.

Cuando el terreno fue vendido en lotes en el año 1943, quedaron gran cantidad de espacios verdes.

«Pero los dueños originales desaparecieron y la propiedad pasó a manos de la sucesión Sassón», explicó Machado.

«Es una historia bastante complicada, porque hay planos originales del ingeniero Fabini donde aparecen esos espacios verdes, pero en 1977 los sucesores confeccionaron otro plano donde los hicieron desaparecer».

 

Sanciones

El director de Gestión Ambiental de la Intendencia Municipal de Canelones, Juan Carlos Barranquet, explicó a LA REPUBLICA que «no siempre tenemos las herramientas jurídicas para proceder como quisiéramos».

Informó que son dos los predios de dominio público cuestionados. Tanto los propietarios como la empresa encargada de la deforestación, ya fueron notificados bajo firma de la prohibición para continuar con las tareas.

«En uno de los casos, se dispuso la aplicación de una multa, que está en vías de tramitación. En el otro, todavía no tenemos pruebas suficientes para aplicar una multa, aspecto que viene estudiando nuestro departamento jurídico».

«La intendencia municipal ha agotado todos los caminos posibles para actuar frente a esta situación», aclaró el funcionario.

«El problema es que no siempre tenemos las herramientas jurídicas para proceder como quisiéramos», agregó.

Barranquet dijo que la repartición a su cargo, reiteró en las últimas horas un pedido a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) para que se expida en torno a este asunto, ya que hace más de dos semanas que le presentó una denuncia y aún no ha recibido respuesta.

 

Proyecto de reforma

También informó que se envió a la Junta Departamental un proyecto de reforma de la ordenanza de ordenamiento territorial, procurando «subsanar los vacíos legales que existen actualmente».

El tema ingresó al deliberativo la semana pasada, con carácter de grave y urgente, y de inmediato fue derivado a la Comisión de Medio Ambiente.

El jerarca dijo que espera su aprobación durante los 30 días de trabajo que le restan a la actual composición de la Junta.

«Esto nos permitiría dejarle una herramienta nueva a la próxima administración, para que situaciones de este tipo no se repitan», afirmó.

El proyecto «básicamente extiende la previsión ambiental a toda la Costa de Oro, protegiendo los recursos naturales como el agua y el suelo y, en forma específica, el patrimonio forestal».

«Pero lo más importante es que le estamos incorporando a la norma un régimen de sanciones, que anteriormente no tenía. Esto servirá como prevención, procurando desalentar a los posibles transgresores», indicó. *