Se incrementan las medidas de control migratorio en España

Consultado respecto a la deportación de varios compatriotas que arribaron al aeropuerto internacional de Barajas durante el pasado fin de semana, el embajador dijo conocer la situación, y que la misma muestra «una tipología de intervención similar a la que se viene llevando desde el vencimiento del plazo de regularización: ante la sospecha de que no se trata de un turista se procede de inmediato a su repatriación».

Asimismo, Portillo aseguró no tener confirmación de los 48 cedulones que se habrían entregado a compatriotas en el correr de la última semana, estableciendo un plazo de 15 días para salir de España, aunque sí se tienen noticias de que se habrían emitido algunos. «No tenemos información del número exacto, pero si son 48 es una cantidad muy pequeña dentro del universo de connacionales en esa situación», enfatizó.

De acuerdo a los datos de la Cancillería más de 9 mil uruguayos no habrían logrado ser aprobados por la Ley de Extranjería, razón por la cual corren riesgo de deportación.

Según Portillo, no se han tenido noticias de que situaciones similares estén aconteciendo en otros países de Europa, aunque eso podría deberse al reducido número de colectividades uruguayas en otras naciones de la Unión.

«Estamos ante un cierre de fronteras. Y sin duda la situación es más tensa. Lamentablemente solo podemos, en caso de que el afectado tenga oportunidad de contactar al consulado, interesarnos por su situación y verificar que no se lesionen sus derechos como persona. La decisión de deportar a alguien supera totalmente nuestras potestades», dijo el funcionario. En tal sentido, el consulado uruguayo en España entrega a todo compatriota que lo requiera un certificado que lo acredita como ciudadano de este país, así como el respaldo del gobierno en cuanto al amparo que le proporciona el Tratado de 1870.

«Las negociaciones continúan, nunca se han interrumpido y tendrán instancias posteriores.

El gobierno uruguayo será insistente para que ese referente legal o cualquier otro brinde amparo a nuestros connacionales en España». El embajador remarcó que la interpretación realizada por el gobierno español del acuerdo binacional no es compartida por Uruguay y que la última palabra en este tema la tiene el reino ibérico. Finalmente subrayó con pesar: «no se ve claramente cual va a ser el final». *