Director de "Departamento 20" dijo que la postura de España es "muy injusta"

Alvaro Portillo, quien por estar encargado de la división creada para mejorar el relacionamiento con la diáspora uruguaya ha acompañado las gestiones del canciller Reinaldo Gargano ante el gobierno español por la situación de los compatriotas que fueron desaprobados por la Ley de Extranjería y permanecen en la «ilegalidad», afirmó que la entrevista del ministro con la secretaria de Emigración y Migración, Consuelo Rumí, fue «muy cordial pero el gobierno español adoptó una postura muy dura».

En tal sentido, y teniendo en cuenta los cientos de españoles radicados en nuestro país que gozando de los beneficios del Tratado de 1870 trabajan, poseen bienes y realizan una vida similar a la de cualquier uruguayo, subrayó que «el desconocimiento de este acuerdo por parte de España es una situación muy injusta».

Portillo informó que en los últimos días varios compatriotas han sido rechazados en aeropuertos de España e Italia, lo que representa «un endurecimiento del proceso de ingreso a territorio español concretamente».

Por otra parte, al preguntársele por su opinión de las afirmaciones efectuadas en Madrid por el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales español, Jesús Caldera, el diplomático remarcó que las mismas «son contradictorias con las declaraciones duras que hizo en Carrasco» (ver nota aparte).

Según el funcionario, el accionar del gobierno ibérico responde a un «sometimiento a un conjunto de reglamentaciones europeas de políticas restrictivas en migración».

No obstante, señaló que las negociaciones a nivel de gobierno no se dan por «cerradas» y que se «protegerá a todos los connacionales para que no se violenten sus derechos humanos», situación que hasta el momento no ha acontecido.

De acuerdo a lo indicado por Portillo, dejando de lado el Tratado de 1870, unos 8.000 uruguayos carecen de amparo para permanecer en España por no haber sido acogidos por la Ley de Extranjería ni por las fórmulas de arraigo social vigentes en la legislación de ese país.

Estos compatriotas son los que corren riesgo de deportación, especialmente cuando en estos días comiencen las inspecciones de migración en base a los datos proporcionados en las solicitudes presentadas para obtener la residencia por la norma mencionada anteriormente.

Por esa razón, el MRREE ha instruido al consulado uruguayo en España para que proporcione a esos connacionales un documento que explicite su amparo bajo el acuerdo binacional de fines del siglo XIX.

«No sabemos que reconocimiento puede tener ese documento, pero es mejor que nada», dijo con preocupación el diplomático.

Algunos uruguayos ya han recibido el cedulón que les otorga 15 días para abandonar la península, plazo que está a punto de vencer.

Portillo aseguró que hasta ayer no se había producido ninguna repatriación.

«No podemos impedir el proceso de deportación, pero haremos todo lo posible para proteger a quienes sean detenidos», subrayó.

En referencia a la posibilidad de que en las próximas semanas se produzcan deportaciones masivas, enfatizó: «Es tan alto el porcentaje de emigrantes ilegales que el control será muy difícil.

Y en el caso especial de los uruguayos añadió con pesar: «Creo que no, puedo equivocarme, pero ojalá que no». *