Funcionarios municipales fernandinos pedían dinero para otorgar viviendas

Las denuncias  con nombre y apellido  sobre irregularidades en la adjudicación de soluciones habitacionales para familias de escasos recursos, son moneda corriente en Maldonado desde hace varios años, aunque nadie aportó pruebas contundentes que permitieran iniciar una investigación seria y profunda. Los medios de comunicación y la propia Junta Departamental han sido receptores permanentes de estas denuncias, formuladas por dirigentes políticos y también por muchos vecinos de alguna forma inmersos en la problemática de la vivienda.

 

Catarata de denuncias

Finalmente en los primeros días del mes de marzo, la catarata de denuncias sobre irregularidades entraron en un cuello de botella apuntando a tres funcionarios, y desbordando el despacho del director de Vivienda de la Intendencia de Maldonado, doctor Sergio Marta, quien solicitó el inicio de una investigación administrativa. Así, desde el pasado 17 de marzo, está abierto un sumario y los involucrados además de estar separados de sus cargos, perciben sólo el 50% de su salario.

Con las actuaciones internas a la vista y pruebas contundentes en contra de los tres implicados, trabajo que estuvo a cargo del abogado municipal Hugo Alvez, el propio intendente Pereira decidió radicar la denuncia correspondiente ante el Juzgado Penal de 4º Turno de Maldonado, a cargo de la doctora Graciela Eustacchio, quien la pasada semana ya citó a los juristas del municipio para ratificar la denuncia, instancia que dará paso a la citación de los tres denunciados seguramente a partir de esta semana.

«Pude recabar de entrada algún elemento que indica que allí se habían cometido irregularidades», dijo el doctor Alvez confirmando que además de denuncias verbales contra estos funcionarios, también las hubo escritas. «Se trata de algún cobro de dinero por adjudicaciones de viviendas en los programas que tiene la Intendencia», reveló.

 

Ya había antecedentes

José Cabaña, ya había estado involucrado tiempo atrás en un escándalo por el otorgamiento de una vivienda que tenía dueño, a un funcionario policial. En esa ocasión, el propietario de la vivienda, que no la estaba ocupando momentáneamente por encontrarse trabajando en otra zona del departamento, denunció la irregularidad que determinó la intervención de la Justicia Penal. El hombre recuperó su vivienda como correspondía y algunos funcionarios municipales fueron objeto de una investigación interna, por el otorgamiento ilegal de una vivienda que ya tenía dueño.

La suplenta del diputado Darío Pérez, doctora María del Carmen Salazar (EP-FA-NM), señaló a la propia Intendencia como responsable de esta situación, porque en la Junta Departamental, donde hasta hace muy poco fue edil, hubo decenas de pedidos de informes durante los últimos cinco años sobre este tipo de hechos y nunca se recibieron respuestas.

«Hay hechos que de repente suenan más conocidos porque tomaron un poco más de estado público, que fue por ejemplo cuando Cabaña le entregó a su ex esposa una casa; después le entregó a la esposa actual y así sigue una lista de irregularidades y gente que era conocida y amiga, que a unos les entregaba (viviendas) y a otros les vendía», dijo en forma contundente la hoy diputada encuentrista.