La hipocresía de los agrotóxicos

Vaya paradoja la de este sistema: genera 545 mil millones de dólares anuales en exportaciones del sector agropecuario pero hace que 8 millones de personas mueran cada año de hambre y de enfermedades relacionadas con el hambre. Además, promueve métodos de producción que envenenan con agrotóxicos a entre 3 y 4 millones de trabajadores rurales cada año y mata un promedio de 3.300 trabajadores rurales todos los meses.

La situación en Uruguay

Nuestro país es parte de este modelo productivo. En los últimos años se ha venido registrando un progresivo incremento de la contaminación por agrotóxicos, tanto de las aguas y de los suelos como de las personas vinculadas a la agricultura. Las actividades productivas en que se utiliza la mayor cantidad de agrotóxicos son la horticultura protegida (invernaderos), la citricultura y la fruticultura.

Datos recientes alertan sobre un incremento de 417 por ciento en la importación de herbicidas en los últimos siete años y de 52 por ciento en la de insecticidas, así como sobre la acumulación de 400 toneladas anuales de envases plásticos de agroquímicos en el campo.

Las consecuencias negativas del uso de agrotóxicos comenzaron a ser denunciadas por estos lares en 1992, cuando se publicaron los primeros trabajos al respecto, detectándose la presencia de clorados en bebés recién nacidos y en leche materna de mujeres que no trabajaban en la agricultura. Se supone que estas últimas se contaminaron como consecuencia de la ingesta de alimentos.

La Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca autoriza la libre comercialización de casi 300 principios activos y 840 marcas comerciales de pesticidas. De ellos, 43 están prohibidos, retirados, severamente restringidos o no aprobados en el mundo. En este grupo se encuentran el aldicarb, el bromuro de metilo, el carbofuran, los metamidofos y el paraquat, entre otros.

En cuanto a los efectos de estos productos sobre la salud humana se han detectado malformaciones en niños recién nacidos en zonas como las arroceras, en las que se realizan cultivos sometidos a altas dosis de agrotóxicos.

En el Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT) de la Facultad de Medicina, las intoxicaciones por agrotóxicos ocupan el segundo lugar en la estadística general y son la principal causa de muerte de los casos informados.

Desde 1998, trabajadores de la citricultura vienen denunciando la fumigación aérea de las quintas, fundamentalmente con malation, en el preciso momento que están realizando actividades en los montes.

Los últimos acontecimientos

Las fumigaciones aéreas con herbicidas e insecticidas en zonas arroceras han ido adquiriendo una gravedad particular. Pueblos enteros, como Bella Unión y Cainsa, en el departamento de Artigas, se ven gravemente afectados desde hace ya muchos años por estas acciones, que se llevan a cabo sin medidas de prevención alguna que pudieran minimizar los efectos de las mismas.

Las organizaciones sociales y comunitarias de estos centros poblados han demandado a las autoridades locales y nacionales que, entre otras medidas, alerten a los trabajadores y a la población de Bella Unión y Cainsa acerca de los riesgos que genera la aplicación de agrotóxicos; difundan a través de los medios locales (radios, periódicos y televisión) los momentos y lugares de las aplicaciones a fin de asegurar que la población esté prevenida ante eventuales derivas; impidan el pasaje de los aviones fumigadores por encima de los centros poblados; recomienden la adopción de tratamientos con menores dosis de agrotóxicos alternativos, con el fin de, por lo menos, minimizar los daños.

Las movilizaciones llevadas a cabo por estas asociaciones no fueron en vano. El 14 de mayo de 2004, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca prohibió «las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en todo tipo de cultivo a una distancia inferior a 500 metros de cualquier zona urbana o suburbana y centro poblado.» Sin embargo, la situación permanece incambiada. Para la actual zafra 2004-2005, tanto en Bella Unión (en las cercanías del barrio Las Láminas) como en Pueblo Cuareim y Cainsa se ha sembrado arroz a pocos metros de los centros poblados.

Reflexiones y propuestas

Pese a lo que afirmen empleadores, industriales comercializadores de agrotóxicos y asesores _incluso del gobierno_ los efectos negativos del uso o la exposición a los agrotóxicos, tanto sobre las personas como sobre el medio ambiente, han sido abundantemente probados. En el período que se inicia en el país, temas como el que nos ocupa deberían incorporarse a la agenda del sistema político, para impulsar, junto a éste y las organizaciones de la sociedad civil que han denunciado estas situaciones y a su vez desarrollado alternativas, políticas agrarias que tengan en cuenta estos aspectos.

Uruguay se comprometió en los últimos años  a partir de normativas nacionales y de la ratificación de convenios y protocolos internacionales  a prohibir el empleo de algunos de los agrotóxicos que hoy se emplean. Suscribió entre otros el Protocolo de Montreal para eliminar el uso de bromuro de metilo, y el Convenio de Estocolmo, para eliminar el uso del mirex y el DDT, al tiempo que ratificó el Convenio 184 de OIT sobre Salud y Seguridad en la Agricultura. Ahora comienza una etapa en que se debe pasar a la fase de instrumentación definitiva de estas leyes y normativas, y se debe hacer junto a los actores principales: sindicatos de trabajadores rurales, gremiales de productores, la Universidad de la República y los organismos competentes del gobierno.

Ya casi nadie pone en duda los beneficios de la promoción de una agricultura basada en criterios ecológicos. Hoy ningún agricultor puede sentirse orgulloso de una agricultura convencional basada en el uso indiscriminado de agroquímicos y en el derroche de energía, teniendo en cuenta los riesgos que este tipo de producción agraria conlleva para la salud humana y la conservación del medio ambiente, y fundamentalmente por su dependencia de insumos externos innecesarios que dejan en los sistemas productivos poco margen económico para los agricultores y dan lugar a productos onerosos, cada vez más alejados de un precio justo para los consumidores. Los agricultores a pequeña escala, en cambio, están promoviendo conceptos como el de soberanía alimentaria cuya aplicación en momentos de crisis, en diversos países, ha aparejado tantos beneficios. Este tipo de prácticas nos permite, sobre todo, descubrir los valores de multifuncionalidad de la agricultura, especialmente por su papel en la conservación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos.

El modelo de trasnacionalización del sector agropecuario uruguayo ha generado una creciente concentración de los recursos y del capital, una continua pérdida de autonomía de los productores familiares y una permanente emigración rural, fomentando la inequidad social en el campo. Es legítimo, por ello, dudar de la sustentabilidad del crecimiento del agro uruguayo.

Para plantear soluciones capaces de revertir esta situación es necesario reconocer que las principales demandas de los pequeños productores familiares y los trabajadores –responsables de la mayor parte de la producción de alimentos– pasan por la implementación de políticas agrarias que vayan más allá de lo productivo y se adecúen a sus necesidades y a las del resto de la ciudadanía.

 

(*) Dep. Agroecología de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación y Afines (UITA)