Estalló huelga de hambre en establecimientos carcelarios

La Asociación de Familiares de Presos Sociales, que se comunicó con LA REPUBLICA, dijo que la medida se viene llevando a cabo en el Penal de Libertad y La Tablada, y que se estaban sumando reclusos de otros establecimientos y que «de ninguna manera eran hechos aislados como algunos han intentado hacer creer».

Hasta el cierre de esta edición se desconocía si los reclusos/as del Comcar y de la Cárcel de Mujeres se habían plegado a la medida.

LA REPUBLICA procuró comunicarse con el Penal de Libertad, Cárcel de Mujeres y con el propio director Nacional de Cárceles, Enrique Navas, para conocer cuál era la situación, pero los teléfonos no respondieron.

En cuanto a La Tablada, la huelga de hambre estaría llevándose a cabo por un sector de los reclusos. Ayer se dijo que el director de este establecimiento estaba «jugando voleibol con los presos, lo que indica que acá, la cosa no es tan grave».

A todo esto, fue informada de la situación la secretaría del ministro del Interior, por parte de los propios familiares.

Integrantes de la asociación señalaron que «se están tomando medidas por parte de las actuales autoridades, pero no se ha hecho ninguna consulta a los presos, que son en realidad los que directamente están involucrados en esto».

El panorama carcelario se ha visto agitado en las últimas semanas, con algunos intentos de motín en varios centros de reclusión, tanto de Montevideo como del Interior del país, tras conocerse los anuncios del nuevo gobierno, que se comprometió a atender dos urgencias manifiestas: la atención sanitaria y la alimentación de la población carcelaria. «Lo que pasa es que los anuncios hechos por el presidente Tabaré Vázquez, de una pronta atención al sistema carcelario, no se concretan y los presos siguen sin atención médica, y no se ha mejorado la alimentación. En verdad, nada ha cambiado, y se puede caer en el descreimiento», indicaron integrantes de la Asociación de Libertad y Justicia para el Preso Social.

Los familiares cuestionan la falta de diálogo del ministro del Interior, José Díaz, y piden ser recibidos por la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento, Suprema Corte de Justicia, Consejo de Magistratura, Serpaj, Ministerio de Educación y Cultura y Ministerio de Salud Pública.

«No se puede dilatar respuesta»

A todo esto la Asamblea Solidaria por los Derechos Humanos en Uruguay, informó de la huelga, subrayando que en «las prisiones la situación es pública, notoria e insostenible y no admite la menor demora». Añadió que «no se puede seguir dilatando las respuestas a la situación infrahumana en que se encuentran los presos sociales. Es necesario que el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento entablen un diálogo real y fructífero con ellos, sus familiares y las verdaderas organizaciones defensoras de los derechos Humanos que actúan en las prisiones».

Esta institución aseguró que «asume el compromiso de participar directamente» en la lucha «por los derechos de la gente pisoteada».

Como se recordará en ediciones pasadas, LA REPUBLICA publicó una nota en donde reclusos de La Tablada daban una versión «crítica» sobre este establecimiento, asegurando que la alimentación era «pésima», que habían muerto reclusos por falta de atención médica y que se roban alimentos. «Hay cosas que no se dicen», expresaron «y es necesario que la gente lo sepa».

Incluso cuestionaron la ratificación que hizo el actual gobierno de Enrique Navas como director Nacional de Cárceles, por entender que la respuesta que daba a los presos ante sus planteos «era cachiporra y gas».

Las reivindicaciones

En un comunicado, los familiares de los presos expresan que la Suprema Corte de Justicia debe «reestructurar las libertades provisionales que se otorgan por el Art. 17 de la Ley 17.726 (por gracia). Por esta Ley y amparándose bajo la misma, los porcentajes denegados no conllevan con la realidad de los expedientes presentados. Actualizar, dándole mayor agilidad a los trámites de libertades provisionales conforme al Código del Proceso Penal. Ver, por ejemplo, lo que establece la «Acordada 7505″.

La Asociación de Libertad y Justicia por el Preso Social, sostiene que al Ministerio de Educación y Cultura debería «pertenecer la guardia carcelaria, con personal idóneo en el tema del trato con el preso, cumpliendo la tarea de rehabilitar, dándole verdadera reinserción en la sociedad».

En el capítulo referente al Ministerio de Salud Pública, se expresa:

«No es necesario enumerar la problemática de asistencia en salud e higiene que hay en las cárceles. Así que este sería el punto a tratar. Y que sean los profesionales indóneos con verdadera asistencia los que traten la salud en las cárceles. Que realicen relevamiento a nivel de familiares de los presos. Está demostrado que los microorganismos de las cárceles se transmutan y estos son transportados fuera de las cárceles por medio de los familiares, por ejemplo, la bacteria resistente.

Por último la asociación manifiesta que «es importante contar con el apoyo sicológico. Hay que reintegrar al preso, hay que devolverlo a la sociedad, pero con garantías. Hay que reintegrarlo pero con valores humanos en conceptos. Por ahí, es donde debemos empezar. Nosotros aportamos. Somos los más interesados en integrarnos al cambio. Hay muchos puntos a definir. A través del diálogo se verán los frutos para conquistar políticas sociales de reinserción con planes educativos, eliminando la tensión».