Más de 700 juicios al Estado en busca de aumentar los topes jubilatorios

La Comisión Intersocial por aplicación legal de los Topes Jubilatorios en el BPS, integrada por aproximadamente 90 personas, en diálogo con LA REPUBLICA manifestó su principal reivindicación: «Que se apliquen las leyes 16.320, del 1º de noviembre de 1992 y 16. 824, del 3 de abril de 1997, a los jubilados de los años 1994, 1995 y 1996″.

La mencionada comisión inició sus acciones en el año 1999 realizando gestiones ante el Parlamento, el Directorio del Banco de Previsión Social y el Poder Judicial. Olga Pérez, integrante de la comisión, manifestó: «Nos basamos en el artículo 460 de la Ley 16.320, que rigió desde el 1º de enero de 1993 y dispuso la elevación del tope jubilatorio a razón de un Salario Mínimo Nacional (SMN) por año desde el 1º de enero de 1994 hasta alcanzar 15 SMN, siempre teniendo en cuenta los aportes realizados. Este artículo, aunque fue derogado por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 338, del 15 de setiembre de 1995, fue recreado por la Ley 16.824 del 30 de abril de 1997. Dicha ley contenía un error en la entrada en vigencia del aumento de los topes jubilatorios ya que disponía que regiría desde el 1º de enero de 1995 en lugar del 1º de enero de 1994, error que los cuatro partidos políticos con representación parlamentaria se comprometieron a corregir, y hasta la fecha no han cumplido».

Pablo Auyuanet, encargado de prensa y propaganda –al igual que Pérez– dentro de la comisión indicó que «las leyes citadas fueron incumplidas por las mayorías políticas del Directorio del BPS, determinando injustos perjuicios económicos a quienes nos acogimos a la jubilación desde el 1º de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1996, con pasividades topeadas en 7 SMN que no guardaban relación alguna con los aportes tributados, agravado por la pérdida real del monto del SMN».

A su vez, la comisión sostiene que «la mayoría política del Directorio del BPS por no aplicar las leyes y el Poder Ejecutivo y el Parlamento son responsables de la grave situación que afecta en la actualidad aproximadamente a 4.000 pasivos por no controlar el cumplimiento de las disposiciones que se votan».

En tal sentido la comisión elevó el reclamo al Poder Judicial, el cual a través del juzgado de 14º Turno, a cargo del juez Alberto Reyes, falló lo siguiente: «Condénase al demandado (BPS) a pagar las sumas reclamadas por los actores, más reajuste a partir de la respectiva exigibilidad e intereses a partir de la demanda». «Pero aún no hemos recibido nada», afirmaron los demandantes.

Olga Pérez reflexionó sobre lo que les ha tocado vivir: «Le llamo democracia virtual porque no puede ser que los representantes del pueblo voten las leyes y los Poderes encargados de administrar esas mismas leyes las pongan en funcionamiento cuando les convenga y como se les ocurra.

Además, los topes jubilatorios le están cerrando la entrada al mercado de trabajo a los jóvenes porque los trabajadores más viejos no se jubilan por la remuneración que van a recibir. Entonces, los jóvenes se van, no aportan al sistema de la seguridad social, no consumen en el país, es decir, desestructuran toda la economía».

Pablo añadió que «por eso no se explica que las leyes no se apliquen, y por otro lado ejecuten la casa de Luis Rubí».

 

Consecuencia de los topes

Luis Rubí es uno de los integrantes de la comisión al que el próximo 18 de marzo le será rematada su casa. «A mí me corresponden los 15 SMN por todos los años que trabajé, de acuerdo a la Constitución y las leyes. Pero como esto no sucedió aspiro a que al menos se aplique la Ley 16.320, que luego del tope de 7 SMN, cada año obliga a subir un sueldo mínimo por año hasta llegar a 15 SMN. Han pasado 10 años… , y la consecuencia de no recibir los SMN por año –lo que trabajé y aporté– es que me rematan la casa por no poder pagar la hipoteca que embarga mi casa.

En febrero de 2001 realizo la hipoteca, cuando el dólar valía $ 12, pero en junio de 2002 se disparó a $ 30; con la magra jubilación y con la pérdida de poder adquisitivo no pude pagar una deuda que pasó a valer casi el triple. Por lo cual pagué hasta junio de 2002 y después no alcancé a pagar los intereses del 1 % sobre el capital prestado».

«El Estado no reconoce nuestros derechos, alterando las reglas del juego y terminamos pagando los platos rotos los jubilados. Por otro lado, el presidente Tabaré Vázquez sostuvo en su discurso público que ‘aquellos deudores que tuvieran voluntad de pago no perderán sus casas'», añadió Rubí. *