La sociedad y los deficientes mentales

La deficiencia mental se ha visto hasta no hace mucho, como una limitación para el desarrollo personal, una circunstancia atenuante, un motivo de marginación de un colectivo de personas que hoy ya no puede aceptarse que siga de espaldas a la sociedad.

Bien es cierto que el deficiente mental no cumple con el patrón de individualismo, emulación, belleza aparente, mente lúcida, cuerpo escultórico o estatus competitivo… pero eso no justifica, pese al reconocimiento de serias dificultades, negarle la participación en los circuitos sociales.

Y aunque sean necesarios mecanismos de protección, para su educación, trabajo, convivencia y el mismo hábitat, éstos no han de ser restrictivos en modo alguno de los derechos y libertades de las personas, de las personas con deficiencia mental.

La sociedad tiene que dar un paso adelante de aproximación al mundo del deficiente mental. Y aceptado, con sus singularidades, limitaciones, pero también con su voluntad decidida de alinearse con la normalidad, y nada mejor que intentar conocerlo cada día mejor.

La familia, las administraciones y las asociaciones son esenciales en su apoyo a la formación información, intervención terapéutica, en su función armonizadora de relaciones, facilitando la integración de las personas con deficiencia mental en la propia familia y en la sociedad. Y aunque el camino «no es de rosas» sino más bien largo todavía, el deseo de que todo deficiente mental cuenta con el servicio que necesita, es hoy un compromiso.

Un compromiso que se comparte con el movimiento asociativo -mediador y catalizador del esfuerzo social y el colectivo de deficientes mentales- con el resto de la sociedad.

Una educación que está abriendo ya las puertas al deficiente mental, de su integración laboral, pero sobre todo social

Y, aunque la conquista de esta integración será larga, y no exenta de dificultades, hemos de constatar con alegría, que por fin esa incorporación del deficiente mental en el mundo del trabajo, en la sociedad, se ha iniciado, en forma lenta y en áreas específicas pero con resultados muy satisfactorios.

Así el trabajo supone a estos colectivos de personas la forma más normalizada para intentar alcanzar su integración social, donde se habla ya de cultura, ocio, deporte… y cuyo significado para el deficiente mental en ser ni más ni menos como los demás.

Hoy, que se ve flamear en el mundo, la bandera de la integración social, no debemos olvidar a los deficientes mentales en ella. Es un compromiso de todos.

Hay esperanza cierta de que en el futuro de los deficientes mentales será mejor -lo está siendo ya-. Tenemos legislación que debemos hacer cumplir y en algunos aspectos modificaría, unos poderes públicos receptivos y un movimiento asociativo, como la FUAP, Plenadi entre otros, capaz, valiente, comprometido. Pero hay que exigir rigor en la gestión instituciones, de centros y residencias, calidad en las estructuras sociales y contar con mayores servicios y prestaciones. El deficiente mental sin autonomía propia, exige una sensibilidad especial de la sociedad.

Antel exonera 200 cómputos a discapacitados

Comunicamos una vez más, que las personas con discapacidad, pueden ampararse a la Resolución de Antel No. 678/98 (Acta No. 1748), de fecha 154/98 por la cual se resolvió «otorgar a los servicios telefónicos cuyos titulares sean discapacitados, 200 cómputos mensuales libres de cargo».

Las personas que se encuentren en esas condiciones, deben de coordinar día y hora, a través del teléfono 619-64-61, y dirigirse a la sede del Plenario Nacional de Organizaciones de Impedidos (Plenadi), a quien Antel autorizó para recepcionar a los interesados de ampararse al mencionado beneficio, munidos de:

Fotocopia de Cédula de Identidad y Factura de Antel a su nombre, Serie y No. de la Credencial Cívica, Certificado médico expedido por el Ministerio de Salud Pública o Carné de Libre Tránsito de la IMM, o Recibo de Pensión por Invalidez o Certificado Médico del médico tratante donde conste un diagnóstico de su discapacidad.

Se debe de abonar por única vez, la suma de $ 50 por gastos de administración. No obstante, aquellas personas que demuestren poseer escasos recursos, la tramitación se efectuará sin costo. *