Apenas 50.000 solicitudes de regularización de extranjeros en dos semanas en España

Según el gobierno de Zapatero, de los «algo más de un millón» de «sin papeles» que hay actualmente en este país, 800.000 se regularizarían en el proceso de tres meses abierto al efecto el pasado 7 de febrero. Pero en las primeras dos semanas del mismo, sólo se han presentado 50.000 solicitudes de regularización. A este ritmo de 25.000 semanales, en las 13 semanas (o 66 días hábiles) fijadas para la presentación de las solicitudes, sólo se habrían presentado al 7 de mayo 325.000 solicitudes, ni siquiera la mitad de las 800.000 esperadas. Y eso que el ritmo de presentación de las mismas subió un 61% de la primera a la segunda semana y registró otro aumento del 163,9% en los primeros días de la tercera.

Mas de 1.100.00 «sin papeles»

El inicio de la campaña de regularización de los «sin papeles ha tenido un primer efecto importante: por fin se tiene un dato oficial del número de «sin papeles» (o «ilegales», en la terminología oficial).

A base de la comparación de los extranjeros empadronados en los Ayuntamientos y del número de Permisos de Trabajo y Residencia, el gobierno ha determinado la existencia de 1.103.381 «sin papeles».

De ellos, 648.631 corresponden a las 4 mayores colectividades de inmigrantes (ecuatorianos, colombianos, rumanos y marroquíes).

Falta en la estadística otra gran colectividad: la idea de los peruanos, que gracias a las estipulaciones de su tratado de doble nacionalidad obtienen de inmediato sus «papeles»).

Por otra parte, se observa que 7 de las 17 Comunidades Autónomas concentran 873.931 inmigrantes «indocumentados», de las que 3 (Madrid, Cataluña y Valencia) tienen el 56,8% del total (es decir 626.989 inmigrantes «sin papeles»).

Las primeras solicitudes y dificultades

Sobre la base de 800.000 posibles regularizaciones de «sin papeles» y los 66 días hábiles del período de 3 meses fijado para la presentación de las solicitudes, señalamos (en notas anteriores) la necesidad de una media de 12.121 admisiones de solicitudes diarias. El primer día se presentaron apenas 1.500, que subieron a una media de 1.800 durante la primera semana. La falta de los Certificados de Antecedentes Penales (a conseguir en los países de origen) y el ya famoso «error burocrático» en la entrega de los Certificados de Empadronamiento por los Ayuntamientos (que entregaron «volantes» en lugar de «certificados» de empadronamiento) tiene mucho que ver con la poca presentación de solicitudes en la primera semana.

En la segunda semana, el ritmo de presentación de las solicitudes experimentó un aumento del 61% y pasó a ser de 2.900 diarias. En los primeros días de la tercera semana, con un nuevo 163,9% de aumento del ritmo, está ahora en 7.700 diarias.

Siguen habiendo colas en las puertas de los consulados, pero son menos largas (y muchos inmigrantes las hacen ya para al segundo trámite: el sellado que legaliza el certificado de antecedentes penales, que el gobierno español ha decidido aceptar así para evitar las colas ante los consulados españoles en los países de origen -por lo menos en el caso de algunos países latinoamericanos, como Uruguay y otros-). También han disminuido las colas antes las Alcaldías de Distrito y Ayuntamientos para la obtención de -ahora sí- los «Certificados de Empadronamiento».

Pero aún estamos muy por debajo del «ritmo necesario» de las 12.121 solicitudes diarias.

El no compromiso de los empresarios

Siendo ello así, la pregunta es obvia: ¿a qué se debe que no se presenten más solicitudes de regularización? Nadie puede pensar que sean los propios «sin papeles» los que no quieren tenerlos, por lo que la causa debe ser externa a los inmigrantes.

Y en efecto lo es. La normativa de la regularización exige que (salvo en el caso de los inmigrantes empleados en el Servicio Doméstico), sean los «empleadores» (es decir los empresarios o patronos) los que «regularizan» a sus trabajadores «sin papeles», mediante la firma con ellos de un contrato (de un año de duración, de seis meses en la hostelería y la construcción y de tres meses en la agricultura) que el mismo empresario (o su representante legal -abogado o gestor-) lleva a la oficina correspondiente junto con los dos certificados que le debe entregar el trabajador.

Y ahí está el «talón de Aquiles» de esta regularización: que -de hecho- la iniciativa y su tramitación están en manos del empresario y no del inmigrante. Los patronos son reacios a molestarse, en primer término, y -en segundo- no les interesa aparecer como «empleadores de inmigrantes ilegales». Por ello no llegan al «ritmo necesario».

Tan es así que los sindicatos y ONGs que trabajan con los inmigrantes están denunciando los despidos -a veces masivos- que están efectuando muchos empresarios. La «puesta a luz» de la economía sumergida en el segundo (¿o el primero?) motivo de la regularización (por ello -entre otras razones- la apoyo la Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE, «harta» de la «competencia desleal» de los patronos de la economía sumergida, que trabajan con menores costos por emplear -y explotar, a veces- a «sin papeles» sin cotizaciones de la Seguridad Social). Pero -por un lado- la dicha «economía sumergida» se resiste y -por otro- los empresarios no están entusiasmados «por la labor de regularizar» (que les significa más costos sociales) y no se apuran: quieren ver, primero «qué pasa». El peligro de esta actitud es que, mientras no se alcance el ritmo de las 12.121 solicitudes diarias, es cada vez más posible que no pueda alcanzar la «meta» de las 800.000 regularizaciones.

Más allá de que el «ritmo» de presentación de solicitudes está al 63,5% de la «media necesaria», con los actuales 7.702 expedientes diarios, si descontamos las 50.000 presentadas en dos semanas, la media tiene que subir a 13.636 diarias en las 11 semanas que quedan hasta el 7 de mayo.

Una buena muestra de la inmigración a España

Por su parte, las 48.247 solicitudes presentadas son una buena muestra muy significativa de la composición y característica de la inmigración en España.

Las cuatro colectividades más numerosas (Ecuatorianos, Colombianos, Rumanos y Marroquíes) siguen siendo las que más solicitudes han presentado y representan el 63,79% de las 48.247. De la misma manera, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana siguen siendo -de lejos- las que aglutinan la mayoría de los inmigrantes («sin papeles», en este caso). Llama la atención la presentación de 415 solicitudes de «sin papeles» chino, colectividad muy implantada en la economía sumergida y muy reacia a la presentación de documentos. La explicación es que todos los demandantes son empleados de patronos chinos y -en general- parientes o convecinos de origen de sus empleadores. También por primera vez tenemos un dato oficial referido a los inmigrantes uruguayos. La presentación de 508 solicitudes de compatriotas es un argumento más acerca del número real de compatriotas «sin papeles» e -incluso- del total de uruguayos residentes en España.

En el caso de Madrid, se da un fenómeno interesante. De las 15.479 peticiones, el 49% corresponde a personas empleadas en el Servicio Doméstico (es decir 7.585), casi una de cada dos solicitudes. En cambio en el total de los expedientes iniciados esa proporción es una de cada tres.

En efecto, el Servicio Doméstico representa en el total el 37,16% de las solicitudes (17.929 «asistentes del hogar», según las denomina la Seguridad Social). La alta presencia de ecuatorianas y colombianas (y dominicanas y peruanas) en esos menesteres confirman los datos estadísticos. (Las dominicanas fueron «la primera ola» y ya están documentadas y las peruanas tienen «papeles» por lo que señalamos más arriba). Las regulari
zaciones en el Servicio Doméstico corresponden en un 23,53% a «asistentas» que trabajan en un solo hogar y en un 13,63% a mujeres que trabajan por horas en varios hogares (y que han debido demostrar que cumplen con sus horarios en varias casas un mínimo de 30 horas semanales). La alta presencia de trabajadores del Servicio Doméstico (que deja el 62,84% restante de las peticiones para el «Régimen General es una demostración fehaciente de la «apatía» de los empresarios. En efecto en el caso de las inmigrantes que trabajan en el Servicio Doméstico (en gran mayoría son mujeres) son las mismas inmigrantes quienes presentan las solicitudes y gestionan ellas la iniciación del expediente. Lo que si deben presentar es un «a modo» de contrato y tener una constancia de su patrón (o patrona) de que (el o ella) aportarán su parte de cotización (patronal) a la Seguridad Social. (Pero es frecuente que la propia «asistenta» pague ella parte de todo el aporte «patronal»).

Como es evidente, es más fácil conseguir que una (o varias en el caso de las que trabajan por horas) «patrona» se presente a hacer de «empleadora» a que un obrero consiga convencer a su empresario a que lo regularice.

Caldera amenaza con medio millón de inspecciones

Tal vez por esta misma «apatía empresarial» que señalamos, el ministro de Trabajo anunció -al final de su información a los diputados- que su ministro de Trabajo anunció -al final de su información a los diputados- que su Ministerio pondrá en marcha -al final del proceso de regularización- un plan específico contra el «empleo irregular», en el cual la Inspección de Trabajo realizará desde mayo al 31 de diciembre «medio millón de inspecciones».

Jesús Caldera amenazó a los que llamó «defraudadores» a que se tendrá con ellos, a partir del 7 de mayo, «una tolerancia cero a la hora de proseguir conductas que serán delictivas» (aun que es ya ilegal la contratación de trabajadores sin papeles).

Ante las dudas de sus oyentes (que le recordaron que en todo 2004 la Inspección no llegó a las 35.000 actuaciones en materia de empleo de trabajadores ilegales), aseguró que su departamento cuenta ya con «medios suficientes» para hacer 500.000 inspecciones en 8 meses. «Ha habido ya un incremento del 12% en los recursos presupuestarios y se duplicarán las plazas de inspectores y subinspectores». Si ello es así puede ser que también logre reducir la siniestralidad laboral (la mayor de Europa) que -justamente hace una semana -determinó la muerte de un obrero boliviano de la construcción en un pueblo de Granada, se cayó de un andamio «sin adecuadas medidas de seguridad» (según determinó la Guardia Civil). Los constructores (ya detenidos) manifestaron no conocer al trabajador (que «llegó a la obra a pedir trabajo», pese a tenerlo empleado desde septiembre del año pasado. Pero el titular de Trabajo y Asuntos Sociales no sólo «amenazó» a los patrones. No se olvidó de señalar que, desde mayo, «inmigrante no regularizado, inmigrante expulsado de España».

Cinco empresas piden 5.000 euros por regularizar a sus peones

Y ya que señalamos el caso del boliviano Carlos Romero, aquí va otro. Unos 2.000 trabajadores (ecuatorianos y marroquíes) de 5 empresas agrícolas de Murcia denunciaron a Comisiones Obreras que sus patronos las exigen hasta 5.000 euros para regularizarlos. El sindicato ha elevado el caso a la Inspección de Trabajo y «espera que se cumpla la ley». Otra sexta empresa despidió a sus empleados, en vez de regularizarlos, aduciendo «falta de producción». *