Pérez Esquivel: "Uruguay comienza la construcción desde otra perspectiva social, política, cultural y económica"
De visita en Montevideo para un acontecimiento muy esperado por los uruguayos, ¿cómo lo está viviendo?
-Con mucha esperanza, no solo acá en el Uruguay, sino en toda Latinoamérica, y fundamentalmente del otro lado del charco. Es un momento importante y muy alentador, que brinda la posibilidad de construir espacios propios de integración, de desarrollo y de vida de los pueblos. Creo que algunas cosas van cambiando en América Latina después de tantos años de dominio del espacio político por parte de partidos tradicionales. Lo que se da en Uruguay rompe estos esquemas y comienza la construcción desde otra perspectiva social, política, cultural y económica. Esperemos que esto contribuya para ayudar a superar los problemas que viven nuestros pueblos, como es la pobreza, la exclusión social, la falta de fuentes de trabajo. Además creo que hay que pensar en un nuevo concepto de desarrollo como de integración regional. Ver cómo ampliar el marco de un Mercosur más democrático, con la participación de medianas y pequeñas empresas, tanto industriales como agrícolas.
¿Cómo se vive en esta parte de Latinoamérica el tema de los Derechos Humanos?
-Venimos avanzando en las políticas acerca de los derechos humanos, como ser en el derecho de verdad y de justicia. En el caso uruguayo tienen la Ley de Caducidad, pero esto no impide investigar y saber la verdad sobre las violaciones cometidas durante la dictadura. Pero también entender la integridad de los derechos humanos, como ser cuando se muere de hambre un niño, o aumenta la pobreza, o por la falta de educación y salud. Muchas veces se piensa que democracia es votar, y democracia es mucho más que eso. Significa derecho de igualdad para todos y no para algunos. Esperemos que esta nueva posibilidad y desafío que hoy vive Uruguay permita avanzar en esta construcción del conjunto de los países latinoamericanos.
¿Cómo ve la situación carcelaria, tanto en Uruguay como en Argentina, donde los presos se ven como olvidados, sobre todo desde el gobierno?
-El problema carcelario y de las fuerzas de seguridad es preocupante en varios países. El año pasado, en un trabajo de investigación recogimos datos que son realmente preocupantes, descubriendo que tuvimos más de 3 mil casos de torturas, en las comisarías y en los institutos penales bonaerenses. Esto requiere una transformación del sistema carcelario, ya que se han convertido en ‘depósitos humanos’, y no en centros de rehabilitación de personas. Unicamente se sanciona con represión y torturas, y eso no le sirve ni a la sociedad ni a los detenidos, ya que no se pueden reinsertar. Esto es lo que hay que tratar por intermedio de la educación, tomar conciencia social, y ver cómo se pueden reestructurar las fuerzas de seguridad, los institutos penitenciarios y fundamentalmente las condiciones de vida, y ese problema es igual, tanto en mi país como en Uruguay.
¿Se han llevado adelante contactos con el nuevo gobierno para facilitar la aplicación de las políticas de Serpaj en nuestro país? ¿Cómo ve al Uruguay en el tema derechos humanos?
-Serpaj Uruguay está en contacto con las nuevas autoridades para ver cómo avanzar en las políticas sobre derechos humanos. En poco tiempo se formará una Comisión Nacional de derechos humanos, lo cual es un paso importante y necesario del nuevo gobierno. Hace años que Serpaj viene haciendo aportes en búsqueda de la verdad y la justicia. Creo que ningún país va a salir solo de sus problemas. Nos tenemos que integrar, con nuevos conceptos de desarrollo, de construcción democrática, de democracias participativas. Estamos en un momento muy particular de Latinoamérica, donde encontramos serias dificultades, y por otro lado posibilidades de la construcción de gobiernos que buscan el bien de los pueblos.
El acercamiento de América Latina a los gobiernos progresistas o de izquierda, con Lula en Brasil, Chávez en Venezuela, Lagos en Chile, Kirchner en Argentina, ¿le simplifica el trabajo a Serpaj?
-Hay un diálogo normal y frecuente con los gobiernos democráticos, que tienen sensibilidad social. En Argentina hemos avanzado mucho, como en la nulidad de las leyes de ‘Punto Final’ y ‘Obediencia debida’. Hay que fortalecer las instituciones del Estado y el derecho de los pueblos a la verdad y a la justicia, que es la forma de fortalecer el proceso democrático. Porque sobre la impunidad es imposible construir un proceso democrático. En Uruguay, Brasil, Venezuela, Argentina, se requieren políticas muy claras, donde los derechos humanos y la democracia sean valores indivisibles. Creo que se está en vías de esto, y esperamos que con el gobierno actual, donde el diálogo con el Serpaj y otras organizaciones sociales es fluido, pueda darse.
El Estado uruguayo tiene una deuda pendiente con el tema de los detenidos desaparecidos, ¿cuál sería su mensaje para esas personas que todavía aguardan respuestas?
-Espero que el nuevo gobierno instrumente, a través de esa secretaria en derechos humanos que va a formar, los pasos necesarios para las investigaciones, y la clarificación de las violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Que existan ‘detenidos desaparecidos’ es un crimen aberrante, un duelo en suspenso y un delito que no prescribe en el tiempo, contemplado por las Naciones Unidas a pesar de la Ley de Caducidad existente en el Uruguay. *
Su historia
Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1931.
Es arquitecto y escultor. Católico militante, fundó en 1974 el Servicio de Paz y Justicia.
Egresó de la Escuela Nacional de Bellas Artes y de la Universidad Nacional de La Plata. Luego enseñó durante 25 años en los niveles primario, secundario y universitario.
En los años 60 comenzó a trabajar con organizaciones sociales.
En 1974 fue elegido coordinador general para América Latina en grupos de base que promovían la liberación del continente por medios no-violentos.
En 1976 contribuyó a la formación y afianzamiento de organizaciones populares que defendían los derechos humanos y apoyaban a las familias de las víctimas.
En 1975 fue detenido por la policía militar brasileña; luego fue encarcelado en 1976, junto con obispos latinoamericanos y norteamericanos en Ecuador, y también en 1977, en Buenos Aires en los cuarteles de la Policía Federal donde fue torturado, retenido sin proceso y liberado recién 14 meses después.
En prisión recibió el premio Memorial de Paz Juan XXIII.
En 1980 ganó el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos en defensa de los derechos humanos.
Actualmente es presidente del Consejo Honorario del Serpaj Latinoamericano y de la Liga Internacional por los derechos humanos y la Liberación de los Pueblos (Milán, Italia), y miembro del Tribunal Popular Permanente. *
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