Cinco nuevos grandes proyectos pasaron a consideración de la Junta de Maldonado

Según se adelantó, estos proyectos totalizan una inversión que supera los US$ 150 millones de dólares. Esta vez están incluidas tres torres de 23 pisos que se pretenden erigir en el fraccionamiento Lobos por un monto de U$S 20 millones. Además otro edificio de cinco pisos en la rambla de circunvalación de Punta del Este (frente a playa de los Ingleses) con una inversión de U$S 5 millones; un complejo de apartamentos que van de los 3 a los 5 pisos a la altura de la parada 34 de playa Brava por U$S 40 millones (cerca del arroyo Maldonado). También un complejo en La Juanita (José Ignacio) donde se invertirían U$S 45 millones y, uno más consistente en varias construcciones de 4 pisos a la altura de la parada 44 de playa Mansa.

De todos modos, de llegar a aprobarse podría repetirse lo ocurrido en los últimos días de diciembre en el sentido de que votarían en contrario, la bancada del EP-FA-NM y los dos mismos ediles de los partidos tradicionales que acompañaron la impugnación de los anteriores «grandes proyectos».

Pero antes de que la Junta Departamental pueda dar su visto bueno, se insiste en Maldonado que el nuevo «paquete» sería impugnado por los vecinos que el mes pasado realizaron el mismo trámite ante el Parlamento con otros 11 proyectos que también impugnaron 11 ediles.

Chilenos en duda

El grupo chileno Sea Forest, que en la parada 7 de la playa Mansa de Punta del Este ya construyó en 18 meses una torre que lleva su nombre, tiene previsto invertir aproximadamente 20 millones de dólares en otra gran construcción (de 23 pisos) a la altura de las calles Miami y Biarritz (proximidades de parada 4), junto al hotel Conrad.

Este edificio está comprendido dentro de la impugnación que 11 ediles departamentales elevaron al Parlamento, y el recurso con más de 2.000 firmas presentado en el mismo ámbito por un grupo de vecinos de Punta del Este y balnearios periféricos.

El representante uruguayo de Sea Forest, Eduardo Rodrigo, señaló a diferentes medios de prensa locales, que el grupo inversor analiza la posibilidad de retirar sus intereses por carecer de respaldo jurídico luego de ampararse al decreto departamental 3786 que flexibilizaba la Ordenanza de Construcciones dando lugar a las excepciones, fundamentalmente relacionadas con la altura de las edificaciones. Sin embargo, aclaró que no hay intenciones de entablar demandas, ni contra el municipio ni contra el Estado uruguayo.

Rodrigo subrayó que lo que está ocurriendo es muy grave porque se ha perdido la autonomía departamental en este tema y no pueden entender cómo luego de contar con el aval de la IMM y de la propia Junta Departamental que aprobó éste y otros 10 grandes proyectos, ahora se pretende impedirlos. Asimismo lanzó un mensaje al presidente electo Tabaré Vázquez y al ministro de Economía Danilo Astori, para que aclaren su posición cuando señalan que Uruguay es un país confiable que cuenta con el marco jurídico adecuado para las inversiones extranjeras, cuando por otro lado la izquierda de Maldonado es la que objeta esos emprendimientos.

El representante del grupo chileno aseguró que más allá de cuál sea el final de este litigio ya se ha generado un daño muy grande, principalmente por las dudas que se le están creando a los potenciales compradores de apartamentos en esos edificios, muchos de los cuales generalmente hacen su negocio «en el pozo», es decir, adquieren la propiedad y comienzan a pagarla cuando las obras recién se están iniciando.

A todo esto, el jurista que asesora a los grandes inversores con intereses inmobiliarios en Punta del Este, afirma que tanto la impugnación remitida al Parlamento con la firma de 11 ediles departamentales como el recurso presentado con la firma de más de 2.000 vecinos, no son válidos.

El catedrático Augusto Durán Martínez, quien fuera contratado por los inversionistas, tal cual diera cuenta oportunamente LA REPUBLICA, sostiene que ambos recursos interpuestos ante la Cámara de Diputados fueron mal presentados y que en consecuencia no pueden tener efecto suspensivo sobre las obras ya en marcha o a punto de iniciarse.

Ambos documentos fueron elaborados al amparo del Artículo 303 de la Constitución de la República y tienen la capacidad de recurrir acciones administrativas de intendentes municipales o decretos de las juntas departamentales.

Comisión Especial

Entre tanto el intendente de Maldonado, Luis Eduardo Pereira, aprobó la pasada semana la conformación de una comisión especial, cuyo cometido será elaborar propuestas para alcanzar una razonable actualización que regule el ordenamiento territorial del departamento, área en la que está contenida la hoy polémica ordenanza de construcciones y las excepciones emanadas de resoluciones del actual período. Esta decisión es consecuencia de la propuesta que realizará el pasado 27 de enero el ex intendente Enrique Antía a las autoridades de la Liga de Fomento y Turismo de Punta del Este, con motivo de una reunión celebrada para conocer la postura de la entidad turística respecto al polémico tema de las grandes construcciones.

Aquella vez, Antía propuso crear una comisión para analizar diferentes aspectos relacionados con la preservación del medio ambiente y el impacto urbanístico de algunos emprendimientos, incluyendo la contratación de expertos cuyos honorarios absorbería la propia comuna.

La conformación de la comisión estará a cargo de la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial, dependencia que el pasado 2 de febrero remitió al intendente un oficio solicitando la conformación del nuevo grupo de trabajo, según está previsto en el artículo 278 de la Constitución de la República.

La parte resolutiva dice textualmente: «1º) Dispónese la creación de una Comisión Especial al amparo del art. 278 de la Constitución de la República, con el objeto de estudiar y concretar propuestas respecto a las normas departamentales que regulan el ordenamiento territorial.

2º) Cométese determinar la integración de la comisión de referencia a la Dirección General de Planeamiento Urbano y Territorial, para lo cual deberá tener en cuenta necesariamente los criterios señalados en la parte expositiva de la presente resolución». *