Puerto Graneles: "En manos del gobierno electo"
LA REPUBLICA dialogó con Luis Eduardo Tantessio, integrante de la mesa coordinadora de vecinos de La Paloma, quien manifestó que el recurso administrativo ya fue presentado ante el MTOP, «del cual esperamos buenos resultados», afirmó.
El recurso establecía lo siguiente: «(…) venimos a interponer recurso de revocación contra las resoluciones del Poder Ejecutivo, del 12 de octubre de 2004 y del 11 de febrero de 2005, no publicadas en el diario Oficial ni notificadas. Y solicitamos la suspensión transitoria total de todos los procedimientos de licitación internacional.
En plazo hábil presentaremos los fundamentos del presente recurso administrativo (…)».
Tantessio añadió: «son 10 días hábiles los que tenemos para presentar los fundamentos, y de esta forma la decisión quedaría en manos del nuevo gobierno». Es decir que el gobierno electo será quien ejecute la orden de continuar con la licitación otorgada o no.
Además, Tantessio adelantó que «si Puerto Graneles S.A. se instalara en la zona se plantearían varios juicios por daños y perjuicios debido a la desvalorización de las viviendas de muchos vecinos aledaños. Eso significa que, aproximadamente de 5.000 habitantes, 3.000 harían juicio».
Recordemos que Tantessio dijo, en otra oportunidad a este matutino, que «en diciembre de 2003 se produjo la primera resolución del Poder Ejecutivo que convoca a un llamado a licitación internacional, el cual es adjudicado el 1º de marzo de 2004, a Puerto Graneles S.A. para que instale una cinta granelera».
Actualmente, Puerto Graneles S.A. fue catalogada como «proyecto viable por la Dirección Nacional del Medio Ambiente», dijo Tantessio. Aunque aún no cuenta con la autorización ambiental previa. «No obstante, se hizo una audiencia pública en Montevideo, en el edificio del MTOP, piso 9º, que no cumplió con los requisitos reglamentarios, como por ejemplo que se realice en la zona que se vería afectada. Además, el 5 de diciembre de 2003, se declaró al expediente Puerto Graneles S.A. de carácter reservado».
Sin embargo, Mario Forni, abogado asesor y vecino integrante de la mesa coordinadora afirmó: «El expediente tendría que ser público, porque afecta al interés público». *
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