En Maldonado se desató una guerra total por el cemento

El viernes a la noche la bancada en pleno del EP-FA-NM, mas un voto del PN y otro del PC, presentó una impugnación a la resolución firmada el pasado miércoles 19 de enero por el intendente municipal Enrique Antía, dando luz verde a 11 «proyectos especiales» que habían sido aprobados el 29 de diciembre del año pasado en la Junta Departamental.

A la campaña de recolección de firmas que realizan vecinos de Punta del Este y balnearios al Este del arroyo Maldonado, para presentar un recurso ante el Parlamento, amparándose en el Artículo 303 de la Constitución de la República, se suma esta impugnación firmada por los 9 ediles de la izquierda, que lograron el respaldo del herrerista Alfredo Lara y de la quincista María Emilia Alvarez.

Es justamente ese mismo artículo el que prevé que con la firma de 11 ediles titulares se pueden impugnar resoluciones municipales.

El documento era remitido la víspera desde la Junta Departamental de Maldonado, con destino a la Comisión Permanente del Poder Legislativo, que tiene 60 días de plazo para expedirse; en caso contrario quedará firme la resolución municipal que autoriza el desarrollo de los 11 proyectos cuestionados, los que a partir de la notificación de esta impugnación a la comuna, no pueden llevarse adelante. El asunto deberá pasar por las comisiones de Legislación tanto de Diputados como de Senadores para que luego la Asamblea General de lugar o no al reclamo. En consecuencia, todo indica que el tratamiento de éste polémico tema le corresponderá al nuevo cuerpo legislativo que asumirá el próximo 15 de éste mes, donde la izquierda tendrá mayoría absoluta.

 

Efecto suspensivo

Mientras el ingreso de la impugnación dejará automáticamente suspendidas todas las obras que se estén realizando, contenidas en la resolución municipal del 19 de enero, las reacciones comenzaron a sentirse este mismo fin de semana en Maldonado.

Para los principales impulsores de los grandes proyectos esta «maniobra» de la izquierda debería ser rechazada por Diputados en función de un informe jurídico del catedrático en derecho administrativo Daniel Hugo Martins, al que se ha aferrado la administración municipal, incluso dándole difusión desde la pasada jornada al análisis que concluye en que, «las resoluciones dictadas el 19 de enero pasado no son contrarias a la Constitución o las leyes, por lo que el recurso que algunos ciudadanos se proponen presentar o promovido por once ediles, no podrá prosperar».

Fuentes municipales señalaron que si el Poder Legislativo suspende las excepciones concedidas tras ser aprobadas por la Junta Departamental, podrían dispararse una serie de juicios por parte de algunos inversores que ya han realizado desembolsos en las etapas preparatorias de algunas de las grandes construcciones.

Rúben Toledo, edil del EP-FA-NM que integra la Comisión de Obras del legislativo departamental explicó que la decisión de presentar la impugnación ante el Parlamento, está fundamentada en que «se hace toda una votación de estos proyectos, por fuera de lo que marca la pauta del Decreto 3786. En la mayoría de los casos no contempla lo que el decreto habilita en su capítulo 3 para analizar estos proyectos especiales».

Toledo insiste en que las inversiones se pueden hacer igual, pero no con esas franquicias que le permiten a los constructores excederse por ejemplo en la altura de los edificios.

 

Impulsan plebiscito

Distintos actores políticos, blancos y colorados, han alzado su voz discordante con la postura asumida por los ediles impugnantes, e insisten que es «desastrosa» para los intereses económicos del departamento y peligrosa para el flujo inversor que se está generando en estos momentos.

El propio intendente Antía, que dejará su cargo el próximo lunes 7, ayer a la mañana informaba del enfrentamiento político que se ha generado en Maldonado al Directorio del Partido Nacional, y solicitaba respaldo para lo actuado por él respecto a los grandes proyectos.

El director General de Higiene de la intendencia de Maldonado, doctor Jorge Curbelo, a través de la agrupación que lidera (MAR), y que apoya la candidatura a las elecciones municipales de mayo de Daniel Costa, emitió un duro comunicado en el que «repudia por politiquería barata la resolución de 11 ediles de la Junta Departamental de Maldonado, que atenta contra el trabajo de la gente de Maldonado». Acusa a los ediles del EP-FA-NM de desarrollar una sistemática estrategia «de oponerse a todo lo que signifique el bienestar de la gente, lo que ellos tanto pregonan por sus bocas y lo borran con el codo».

Finalmente propone la realización de un plebiscito junto a las elecciones municipales del 8 de mayo, «y que la gente que trabaja en el departamento sin presiones de ninguna forma, decida que hacer con la construcción de los proyectos ampliamente anunciados y que sea el mismo trabajador que determine si quiere más trabajo o más desocupación».

Daniel Costa (candidato blanco de Todos por Maldonado), de quien es su primer suplente a la comuna el doctor Curbelo, planteó dudas respecto a un eventual gobierno departamental de izquierda, acusando a sus ediles de ir contra lo que ellos mismos votaron cuando aprobaran el Decreto 3786 del 11 de noviembre de 2003, que estableció estímulos para la construcción. *