No sólo de pan

El sentido de esta inclusión es un misterio. Se supone que la Constitución sintetice los preceptos básicos de organización del Estado, así como los derechos y deberes esenciales de los ciudadanos. Al igual que todo cuerpo normativo, puede expresar su designio como prohibición («Nadie podrá ser privado de su libertad por deudas»), como obligación («Habrá una Corte Electoral…», «Habrá un procurador del Estado…»), o como permiso («El Estado podrá participar en empresas formadas por aportes obreros»). El Consejo Nacional de Economía disfruta esta última condición: su existencia no está prohibida ni es obligatoria «sino todo lo contrario», como en el chiste. Porque si no se ordena ni se impide, ¿pa’ qué se pone? La Constitución dice que «se podrá crear», ¡chocolate por la noticia! También se puede crear un Consejo del Comercio Exterior aunque no lo diga, o de Ecología, sin que haga falta autorizarlo en la Carta Fundamental. Quizás el de Economía deba a esa vana mención su condena a treinta años en el limbo.

La izquierda no ha cesado de criticar a la entente rosada su desinterés en la existencia de tal Consejo, pese a la liviandad de sus potestades, limitadas a «dirigirse a los Poderes Públicos por escrito», es decir, con derecho a remitir textos a mano o a máquina solamente. Sin voz ni voto, «pero»  admite expresamente la Constitución  «podrá hacer sostener sus puntos de vista ante las Comisiones Legislativas». Nótese que no dice «podrá sostener» sino «podrá hacer sostener», ¿por quiénes?, «por uno o más de sus miembros», aclara, resaltando la versación en matemáticas de su oscuro redactor. Consignar que «podrá expresar sus ponencias ante las Comisiones» hubiera pecado de excesiva claridad, impropia de la hermética erudición legislativa. Para formar un ateneo honorario, consultivo, manco, mudo, que sólo redacte «puntos de vista», ¿hace falta la venia explícita de la Constitución de la República? Bastaría una ley si acaso, como ella misma nos recuerda, junto con la instrucción de integrarlo por «representantes de los intereses económicos y profesionales». Menos mal.

El gobierno progresista va a instalar el Consejo Nacional de Economía de una buena vez, como no deja dudas el programa del Uruguay Productivo pregonado en su campaña electoral. Aún no se percibe, porque media un tramo hasta su nacimiento, pero cuando ocurra será un protagonista central en el puente de mando del buque nacional, y niña mimada en los medios de comunicación. Basta con imaginar la gran mesa, en sesiones regulares: industriales y comerciantes, obreros y empleados, académicos, banqueros, cooperativistas, agropecuarios, granjeros, ministros, exportadores y demás implicados, todos juntos. Para alquilar balcones. De un horno tal habrán de asomar por fuerza valiosas facturas para el consumo oficial, además del fruto en «construcción de ciudadanía» que genera el amasado colectivo de las políticas públicas.

Treinta años debieron pasar para que a aquella desabrigada intención constitucional le llegara su hora. Pasó el pachecato y la dictadura, la restitución democrática y cuatro gobiernos rosados. Corresponde a los peritos competentes establecer por qué el único sistema del organismo nacional que se propone arropar en un Consejo Nacional totalizador sea la economía. ¿Será porque la historia reciente terminó consagrándola como el eje de la existencia social?, ¿o por el peso de Astori en la elaboración del guión progresista?, ¿o porque la economía es el único campo autorizado para ello en la Constitución? La reflexión conduce directamente a preguntarse por qué no instalar, en base a los mismos criterios de integración y propósitos  con la razonable expectativa de similares resultados  un Consejo Nacional de la Salud, un Consejo Nacional de la Vivienda, un Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, un Consejo Nacional de la Cultura, otro de la Educación, un Consejo Nacional del Turismo, un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, un Consejo Nacional del Medio Ambiente, un Consejo Nacional de los Derechos Humanos, y varios otros. Participativos, integradores, consultivos y encima honorarios, ¿qué otra cosa se puede pedir?

Aquel obtuso redactor que mechó esos artículos en la Constitución del 66 debió ser un economista, seguramente. ¡Sectario! *

(*) Periodista