Vivir con dignidad

De acuerdo con el esquema de descentralización diseñado por la intendencia montevideana, se denomina «Zonal 9″ a una vasta región cuyos límites son Camino Carrasco, la calle Pan de Azúcar, la avenida General Flores y, ya en la frontera con Canelones, el arroyo Toledo.

Este inmenso territorio capitalino, que abarca áreas urbanas, suburbanas y rurales, está habitado por unas 155 mil personas, gran parte de las cuales sobrevive, desde hace varios años, en penosas condiciones de pobreza.

«Aquí mucha gente está sumida en situaciones enormemente críticas que se agravan cada vez más, sobre todo en los casos de innumerables familias numerosas que no cuentan con lo indispensable», dicen en la zona.

Este sector necesita auxilio inmediato. «Si no reciben ayuda urgente del gobierno, estas personas caerán en un pozo del que difícilmente puedan ser rescatadas y eso tendrá consecuencias dramáticas», coinciden en afirmar vecinos del lugar.

Sin embargo, la opinión generalizada es que resultará negativa toda política estatal meramente asistencialista si en el corto plazo no se restituye a esas personas su capacidad de construirse una buena vida con sus propios medios.

Esa certeza se sustenta en el hecho de que la asistencia alimentaria y los subsidios familiares mitigan padecimientos y ayudan a sobrevivir pero no son suficientes para salir adelante y superar la situación de pobreza.

Si los programas gubernamentales no van más allá, la situación de quienes hoy sobreviven en medio de grandes restricciones no cambiará sustancialmente y eso llevará a perpetuar la pobreza, subrayan en la zona.

«Lo que se debe hacer es proporcionar a la gente herramientas que le permitan vivir bien con su propio trabajo, con su propio esfuerzo, sin estar dependiendo de lo que le puede dar el gobierno», sostiene la concejal Yolanda Saez.

María Antonia Alvarez, desocupada, madre de tres varones y dos niñas, coincide plenamente con Saez. «Si te dan alimentos e incluso una partida de dinero la cosa se te alivia, eso nadie lo discute. Te sirve, porque algo es mejor que nada. Pero el tema es que de ahí no pasás. Lo que recibís te da para ir tirando pero seguís en la pobreza», dice.

María Antonia depende casi exclusivamente de la canasta familiar que recibe del Instituto Nacional de Alimentación (INDA). «Vivo con eso y alguna limpieza que hago de vez en cuando, pero si tuviera apoyo para poner un taller de costura con mi hermana saldría de esta situación. Que me apoye en eso es lo que yo le pediría al gobierno. No quiero limosnas. Quiero ganarme la vida yo misma», reclama.

A juicio de Saez, lo que está en juego es la dignidad de las personas. «No es digno vivir de ayudas. Lo digno es ganarse uno mismo el pan de cada día y para eso es necesario que el gobierno respalde a las personas que quieren valerse por sí mismas», recalca.

 

Nuevos espacios

Los también concejales Leonardo Arrúa y Francisco Fleitas destacan igualmente el contenido positivo de los emprendimientos familiares y comunitarios que pueden constituir una respuesta eficaz a la pobreza. «Esas prácticas consolidan los hábitos de trabajo y permiten que la gente utilice los conocimientos que tiene», coinciden.

Esos conocimientos, nutridos por oficios, habilidades y talentos, constituyen el gran capital de las personas que viven en condiciones de pobreza. No obstante, con demasiada frecuencia esas personas son consideradas a partir de sus carencias materiales y no de lo que efectivamente tienen, que es su capacidad para construirse una buena vida con lo que saben y pueden hacer.

«Las políticas sociales deben priorizar esa capacidad y estimular su desarrollo para brindarle a la gente oportunidades de mejorar», opinan Arrúa y Fleitas.

Este enfoque debe privilegiar las prácticas asociativas, destacan concejales y activistas comunitarios de la zona. «La ayuda personal, limitada a dar alimentos o subsidios a quienes viven en la pobreza, fomenta el individualismo, crea condiciones para que cada quien haga ‘la suya’ y punto. En cambio, la promoción de emprendimientos productivos comunitarios, por ejemplo, consolida lo colectivo, la ayuda mutua que enriquece y potencia las acciones orientadas a superar la pobreza de todos», señalan.

Eso será posible si el gobierno apuntala proyectos grupales y comunitarios como cooperativas, unidades productivas de base agraria, talleres artesanales, actividades comerciales de diverso tipo y, entre muchos otros, la gestión de fábricas abandonadas desde hace años.

Estas formas de trabajo asociativo no sólo proporcionan ingresos sino que además consolidan lazos de solidaridad entre las personas que deciden enfrentar juntas y con objetivos comunes los mecanismos aptos para mejorar su calidad de vida en un marco de equidad, como lo demuestran exitosas experiencias que se están desarrollando en Brasil, Argentina, Bolivia y otros países de la región.

Proyectos de esta índole no están subordinados a la lógica de las pequeñas o medianas empresas (Pymes), insertadas en un mercado globalizado ferozmente competitivo, en el que una de cada dos zozobra. Son, por el contrario, formas de organización social del trabajo que operan a nivel zonal o regional y con modos de producción, distribución y venta alternativos que aseguran su permanencia.

Definidos como «nuevos espacios para la economía solidaria», estos emprendimientos se caracterizan por el manejo participativo de los medios de que disponen, la producción sustentable, el intercambio de bienes y servicios y la cooperación con emprendimientos similares de otras zonas o localidades.

Embriones de esa economía solidaria son las huertas orgánicas colectivas que hacia 2002 cobraron impulso en el «Zonal 2″ y otras regiones como respuesta a la profunda crisis que sufrió el modelo convencional de subsistencia.

Si esas unidades de trabajo social contaran con suficiente apoyo gubernamental podrían alcanzar importante proyección en el futuro inmediato y servir como centro operativo de una amplia gama de estrategias comunitarias de autodependencia, como, por ejemplo, pequeñas industrias familiares.

Para ampliar esa fuente de trabajo, » la entrega de tierra a grupos de personas que estén interesados en llevar adelante proyectos productivos, puede ser una muy buena medida», señala la activista comunitaria Graciela Benítez.

La idea central es crear ámbitos donde la gente pueda trabajar y producir de manera autónoma, con sus propios medios, dependiendo de si misma, en un contexto de políticas sociales que no la convierta en objetos pasivos de políticas meramente asistenciales, orientadas a mantener artificialmente sus condiciones de supervivencia.

«Fomentar esos espacios, respaldarlos y fortalecerlos significa abrir surcos, sembrar las semillas de las que irá brotando con fuerza un Uruguay distinto, mejor, el Uruguay que todos queremos», dice Ariel Gómez, militante social de la zona. *