Denuncias cruzadas en Reumatología

Tal como lo informara LA REPUBLICA en su edición de la víspera, los funcionarios del INR resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado hasta que el director del servicio, doctor Sergio Raciazec, sea removido del cargo. A su vez, lo declararon persona no grata, calificación que también fue otorgada a la funcionaria de liquidación de haberes que presentó la denuncia contra Aníbal Trillo, presidente de la Comisión Interna del INR.

Las medidas fueron ratificadas por el plenario departamental de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, a la vez que rechazó los actos de persecución sindical que tuvieron lugar en el centro.

Gustavo Sorrentino, presidente departamental de la FFSP dijo a LA REPUBLICA que «ahora la forma en que se acompañan las medidas del INR depende de cada centro. Pero propugnaremos la mesura, sin abandonar la firmeza de no tolerar este tipo de persecución sindical, porque la manifestación de los trabajadores de su descontento no es un delito sino un derecho».

La denuncia contra Aníbal Trillo es por violencia verbal y psicológica, atribuyéndole la autoría intelectual de una supuesta agresión a la denunciante, que desempeña funciones como liquidadora de haberes, por lo que fue citado para una pericia psiquiátrica.

Según la FFSP esta demanda es consecuencia de una medida «que tomó el gremio del INR, y que consistía en que a las diez de la mañana de cada día se aplaudía durante cinco minutos frente a la puerta de liquidación de sueldos solicitando el retiro de la administrativa por convertir su tarea en un método de persecución gremial». Por lo que la FFSP entiende que se trata de un hecho de represión y persecución sindical que intenta «individualizar en la persona de un dirigente el accionar del gremio».

La situación en el INR tiene como punto de partida las denuncias efectuadas por el gremio de una serie de irregularidades, que motivaron el inicio de seis sumarios -todos a personal del equipo de gestión y al director- en un instituto donde hay ochenta funcionarios. Cuatro de las investigaciones implicaron la separación del cargo de los sumariados.La funcionaria no sólo denunció a Aníbal Trillo, sino que también presentó dos demandas más por omisión de funciones, una contra el director del servicio y otra contra el MSP, basándose en que las autoridades deberían haber sancionado al dirigente por sus agresiones.

«A la luz de los hechos objetivos el insano no es el compañero, porque ésta es una situación que sólo una persona irracional y otra más irracional pueden llevar adelante, porque ahora el mismo que avaló la denuncia, resulta denunciado.

Esto tiene una falta de coherencia total, pero no deja de ser una muestra más de la persecución», remarcó Sorrentino.

El MSP solicitó a la Justicia una prórroga, ya que no tenía conocimiento de los hechos, razón que impidió al equipo jurídico de la cartera preparar una defensa. Al tiempo que aún no se ha resuelto si se designará un nuevo director en el INR.

Conflicto casi inevitable

Sorrentino sostuvo que las acciones que emprenderá la FFSP intentarán no perjudicar a los usuarios, no obstante recordó que durante el conflicto del año 2003, los pacientes de Salud Pública se situaron «del lado de los trabajadores», por lo que de agravarse las medidas cree que la población «comprenderá y acompañará nuevamente».

Pese a que el ojo de la tormenta actualmente se encuentra en este centro, otros servicios de Salud Pública de Montevideo, como el Hospital Vilardebó y Traumatología se encuentran en circunstancias que podrían determinar que las medidas sindicales adoptadas por el INR se generalicen. De acuerdo a lo aseverado por Sorrentino, «toda Salud Pública es un problema. Y cuando las propias jerarquías dicen que si queremos hacer algo lo hagamos, porque no pueden seguir comprometiendo su palabra porque no encuentran solución, entonces ya no queda otra salida que adoptar medidas de lucha». *