Campaña por la despenalización del aborto en Uruguay

En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, que se conmemoró ayer, los muros de Montevideo amanecieron poblados de afiches que proclaman: «Las mujeres deciden. La sociedad respeta. El Estado garantiza».

La iniciativa de Mujer y Salud en Uruguay (MYSU) recoge la consigna para este año de la campaña regional que desde l993 impulsan las organizaciones de mujeres de 16 países. El aborto en Uruguay sigue siendo delito, a tenor de la norma penal de l938. Pese a que el 63% de la ciudadanía acordaba con su contenido, el proyecto de Ley de Defensa de la Salud Reproductiva fue rechazado por el Senado el 4 de mayo pasado, por lo que no sólo la liberalización del aborto en las doce primeras semanas de la concepción, sino también la educación sexual obligatoria y la anticoncepción universal continúan en el debe de la sociedad. Desde las organizaciones de mujeres y feministas se sostiene la demanda de que se apruebe en el primer año de la próxima legislatura, y gracias a ellas también el debate se ha ampliado como nunca antes. Un hecho que habla de cambios respecto del polémico tema, es la reciente aprobación por parte del MSP de las medidas de protección materna frente al aborto provocado en condiciones de riesgo, más conocidas como normas de atención pre y post aborto. En el marco de la criminalización vigente, e inspiradas en una estrategia de reducción de daños, estas normas permiten que las mujeres decididas a abortar reciban asesoramiento obstétrico antes y después de practicarse la intervención, lo que incluye información sobre alternativas a la interrupción voluntaria del embarazo, administración preventiva de antibióticos y orientación sobre futura planificación familiar.

Sin perjuicio de que constituyen un valorable paso adelante en el abordaje de un grave problema de salud pública y justicia social  el aborto inseguro es la primera causa independiente de muerte materna en Uruguay, y las que mueren son las mujeres más pobres  no son por sí mismas una solución. Es imprescindible la modificación de una legislación que en más de 60 años no ha logrado prevenir un sólo aborto de los 33.000 anuales que un cálculo conservador atribuye a nuestro país, cuyas sanciones excepcionalmente se aplican, y que deja la salud y hasta la vida de las mujeres a merced de su disponibilidad económica, en tanto el Estado no se hace responsable de la prestación del servicio. *