Se va a terminar el largo verano de la jauja

1- Esto ocurre en buena medida en la mayor parte de la Administración Central y de las empresas públicas, pero no es a mí a quien corresponde hacer la denuncia específica (por lugar, por persona) del rol de «saboteo» al desempeño del Estado que realizan muchos jerarcas ligados a los partidos tradicionales.

En primer lugar por una razón de idoneidad: hay quienes, sobre el punto, están mejor informados que yo. Tomemos el ejemplo de los bancos oficiales. Las Comisiones Representativas del Personal del B. De Seguros o del Banco Hipotecario se han cansado, en los últimos años, de denunciar las torpezas, despilfarros y favoritismos en que han incurrido los directores de las empresas y de los jerarcas que les son incondicionales. Y que han generado con esto pérdidas multimillonarias a esos bancos.

Denuncias similares ha realizado la Federación de Funcionarios de OSE, mostrando la enorme cantidad de cargos gerenciales creados a tontas y a locas por parte de los actuales directorios del organismo, al que por otra parte ellos mismos pugnan por privatizar, por ser OSE, dicen, «cara, burocrática e ineficiente».

Otro tanto ocurre en múltiples oficinas del Estado: por eso creo que es válida la afirmación inicial en el sentido que los gobiernos blancos y colorados recientes han encumbrado a unas camarillas gerenciales de cernícalos incompetentes y sumisos, que desconocen la materia que tienen entre manos y que violando la autonomía establecida en la Constitución y las respectivas cartas orgánicas, son simples poleas de trasmisión de las malas políticas (tercerizadoras, clientelísticas y privatizadoras que se imponen desde el Poder Ejecutivo). Llegado el momento, estos jerarcas también tendrán que dar cuenta del dinero ajeno que han contribuido a despilfarrar.

2- La semana pasada otro lector nos pidió que hiciéramos pública la lista de las falsas cooperativas que se dedican a los préstamos usurarios. Es necesario que la población sepa el nombre de esas entidades, escribió. Tiene razón: las diez «cooperativas» usureras denunciadas públicamente por Afindu (la Asociación Nacional de Afectados por Intereses de Usura) en el Uruguay son: Cossac, Cash, Coacc, Cosur, Asccan, Socaci, Caccsoe, Ocac, Codac y la Cooperativa de Promoción y Bienestar.

Aunque hasta ahora no se ha logrado ninguna sentencia penal que castigue a los usureros, ya existen pronunciamientos a favor de los deudores estafados en el campo de la Justicia civil. No se trata de un engaño contra unos pocos: los volúmenes de dinero que en el mercado parabancario se estafan mediante la usura a personas de bajos recursos son multimillonarios, calculándose que representan entre un 12 y un 15% del Producto Bruto Interno.

Es a la actividad de estas empresas a la que, lamentablemente, se refiere una circular reciente del Banco Central (2004/0710) cuando dice: «las (diez) cooperativas denunciadas no se encuentran dentro del elenco de instituciones sujetas al control de este organismo».

3– Durante los procesos revolucionarios vividos en Francia en el siglo XIX, un conspicuo dirigente de la burguesía conservadora, que aspiraba a una violenta represión contra el movimiento obrero y democrático, sostenía: «La legalidad nos mata».

La legalidad republicana, que otorgaba ciertos derechos y garantías a todos los ciudadanos «mataba» las intenciones de aquellas fracciones burguesas más reaccionarias que impulsaban el famoso «enriqueceos, enriqueceos» con el que, desde el poder, se alentaba a los empresarios. Y el garrote para los que se resistían.

La legalidad nos mata podrían decir hoy muchos jerarcas, de la Administración Central o las empresas públicas, que sienten como inminente un cambio de gobierno y de régimen, que vislumbran el fin del reinado de las relaciones clientelares y de la política a favor de los parientes y correligionarios.

El anuncio del doctor Tabaré Vázquez de realizar una auditoría administrativa, para determinar las responsabilidades con relación a los dineros públicos por parte de todos los jerarcas de la administración actual, ha puesto en situación de pánico a muchos aprovechados y manirrotos acostumbrados al largo verano de la jauja que significaron los gobiernos de rotación entre las mismas familias blancas y coloradas.

Con el advenimiento del gobierno progresista ya no habrá padrinos a los que recurrir. Y habrá que tener todos los deberes hechos y las cuentas tendrán que dar justo, frente al Tribunal de Cuentas, a la Superintendencia de Bancos y frente a todas las oficinas de contralor del gasto público previstas en los textos legales y constitucionales. Contralores que en el papel no faltan. Faltan en los hechos de la administración.

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, no son cosas que se escriban con alegría. Bien sabemos que aquellos a quienes la legalidad los mata sienten siempre –y a veces lo hacen– la necesidad de adelantarse y matar ellos a la legalidad.

4- De ahí una última anotación a estas reflexiones sobre los hilos ocultos que se mueven tras los telones de nuestra democracia. El Directorio de OSE acaba de dar un fuerte golpe de timón. Rompió primero un compromiso serio y fundado con Conex, una consultora ligada a una empresa pública uruguaya: UTE. Y lo hizo, de manera grosera, para entregarlo, asumiendo un compromiso grave, a una trasnacional extranjera la Safege (Sociedad Anónima Francesa de Estudios y Gestión) a la que entregará un conjunto de información estratégica esencial sobre OSE, información que no se le ha brindado al Parlamento ni a los partidos ni a la opinión pública uruguaya. Obviamente que todo esto se hace violando el texto y el espíritu de las normas que regulan el organismo.

Y se hace cuando el país, a través de sus órganos soberanos competentes, han convocado para la realización de una reforma constitucional que impida la privatización de los servicios de agua potable y saneamiento. Una política de dos caras: culto aparente a las formalidades de la democracia y, mientras tanto, y, hasta donde se pueda, en secreto, se hace lo que los intereses de los lobbies y sus personeros políticos quieren.

5- Algo similar ha ocurrido con la vertiginosa tramitación de un tratado de protección recíproca de inversiones… nada menos que con los Estados Unidos. Tratado que Uruguay sería el primer país de Latinoamérica en suscribir y que es visto con particular reticencia por nuestros principales socios del Mercosur, Argentina y Brasil, pero con goloso interés por los Estados Unidos.

También este movimiento, que no tenemos aquí espacio para examinar, apunta a crearle nuevas situaciones de hecho a la administración que sobrevenga después de las elecciones del 31 de octubre.

Parece tratarse entonces de una forma de hacer que la transición no sea tal. En lugar del cambio que votará la gente, las deudas, los compromisos y los mecanismos que se intentan instalar procurarán que los lineamientos actuales de política económica sigan comandando la acción del nuevo gobierno.

Hay que admitir que no es una pretensión chica: cambiar de partidos en el gobierno, cambiar de mayorías en el Parlamento, cambiar de Presidente de la República y hacerlo de manera tal que los recién elegidos por la voluntad popular se vean obligados a hacer lo mismo que han venido haciendo Batlle, Alfie y demás integrantes del actual gobierno.

Una verdadera trasmutación política para burlar los anhelos de cambio del pueblo uruguayo. ¿Pasará? *

(*) Profesor de historia, editorialista