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APU declara estado de alerta por venta de M24 y advierte sobre riesgo para la soberanía de la prensa uruguaya

Con todo su personal despedido y una venta envuelta en secretismo, la emisora cambia de manos. La APU exige respuestas y alerta por posible pérdida de soberanía.

Despidos masivos y una venta en la sombra: el fin de M24 que preocupa a los trabajadores y alerta a la prensa uruguaya
Despidos masivos y una venta en la sombra: el fin de M24 que preocupa a los trabajadores y alerta a la prensa uruguaya

La Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) ha expresado su “profunda preocupación” y se ha declarado en “estado de alerta” ante el proceso de venta de la emisora M24, que concluirá con el despido de la totalidad de su personal y que, según el gremio, podría culminar con la onda en manos de capitales extranjeros, burlando la normativa nacional.

La decisión de los actuales permisarios de desvincular a todos los trabajadores como condición para la transferencia de la emisora ha encendido las alarmas no solo por la violación de derechos laborales, sino también por la opacidad que rodea a la operación.

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El conflicto estalló en la noche del viernes 21 de noviembre, cuando la empresa permisaria de M24 convocó a su plantilla y les comunicó que la radio se encuentra en un “proceso de venta”. Según lo informado a los trabajadores, los nuevos propietarios asumirán el control el 1º de enero de 2026, bajo la condición explícita de no heredar ningún vínculo laboral preexistente.

Esta condición implica la desvinculación total de todo el personal de las tres emisoras del grupo: la 97.9 de Montevideo, la 102.5 de Maldonado y la FM Claridad 90.9 de Colonia, afectando a alrededor de 40 trabajadores cuya última jornada será el 31 de diciembre de 2025.

APU ha señalado que este proceso ha estado “rodeado de falta de información, inconsistencias y dilatorias” por parte de la empresa. La gravedad de la situación llevó al sindicato a citar a la empresa ante la Dirección Nacional del Trabajo (DINATRA) el pasado viernes 21.

Sin embargo, la empresa no solo no se presentó a la convocatoria, sino que ni siquiera respondió a la misma, lo que forzó una nueva citación para el lunes 24 de noviembre. Hasta el momento, el único argumento público esgrimido por los vendedores han sido “razones económicas” y problemas financieros del actual permisario.

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Una operación opaca y una amenaza a la soberanía

Más allá de la crítica situación laboral, la APU ha elevado el tono de su advertencia hacia las posibles implicaciones para la soberanía nacional. En su comunicado, el gremio alerta sobre el “riesgo de que la onda termine en manos de capitales extranjeros mediante mecanismos para eludir la normativa vigente”.

APU sospecha que esta operación se podría estar realizando “a través, seguramente, de algún testaferro de nacionalidad uruguaya”, una figura que se utilizaría para sortear las prohibiciones legales que protegen el espectro radioeléctrico de la adquisición por parte de actores foráneos.

Esta perspectiva sitúa el caso M24 en el centro de un debate mayor sobre el control de los recursos estratégicos. La APU reafirmó en su documento que “el espectro radioeléctrico es un patrimonio común de la humanidad” que en Uruguay es administrado por el Estado por considerárselo “un recurso estratégico esencial para toda la sociedad”.

La posible venta a un consorcio extranjero, aunque se formalice a través de un intermediario local, es vista por el sindicato como una posible pérdida de soberanía sobre un bien público de valor incalculable para la diversidad informativa y la democracia.

La posición de APU se enmarca en lo establecido por el Código de Ética Periodística, cuyo Artículo 3 apartado II insta a los periodistas a “promover la transparencia en materia de propiedad y gestión de los medios de comunicación”. La opacidad del actual proceso de venta contradice frontalmente este principio, impidiendo que la ciudadanía conozca con claridad quiénes serán los dueños de una frecuencia de radio que, hasta ahora, ha sido una voz identificada con la izquierda en el panorama mediático uruguayo.

Frente a este escenario de incertidumbre laboral y opacidad empresarial, la Asociación de la Prensa Uruguaya ha dejado clara su postura. El Consejo Directivo Central reafirmó su “compromiso con la defensa de los bienes públicos y con la protección irrestricta de los derechos laborales de las y los trabajadores de la comunicación”.

El gremio se prepara para una pulseada que trasciende lo meramente laboral, alineándose en la defensa de la soberanía sobre un recurso tan sensible como las ondas de radio, en un momento donde la concentración de medios y la entrada de capitales extranjeros en el sector se han convertido en un tema de agenda nacional.

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