Incitan a un "motín" en la Colonia Berro para tapar investigación sobre torturas

Un grupo de funcionarios, ex funcionarios y otras personas no vinculadas al Instituto Nacional del Menor (Iname) estarían incitando a los jóvenes internados en la Colonia Berro a protagonizar un «motín» que, en los hechos, llevarían a una represión de la protesta y desarticularía las investigaciones sobre malos tratos denunciadas por organizaciones de derechos humanos.

Los incitadores, sospechosos de componer una organización delictiva vinculada a un negociado de alcohol y drogas que surtiría a prostíbulos de la ciudad de Pando y algunos barrios de Montevideo, no serían ajenos a la fuga de los seis jóvenes que escaparon del Hogar «El Puente» el pasado jueves.

La situación, denunciada a LA REPUBLICA por fuentes relacionadas a la propia Colonia Berro, confirma las sospechas que desde hace tiempo tienen organizaciones no gubernamentales que trabajan con los menores infractores e incluso con informes que en su oportunidad llegaron a manos de autoridades del Iname, pero nunca pudieron ser confirmados.

Las fuentes de LA REPUBLICA sostienen que desde hace años en la Colonia Berro se ha constituido un «poder paralelo» que dirigen algunos miembros de un grupo de ex funcionarios trasladados desde los centros que existían en La Tablada y el ex penal de Miguelete, los cuales fueron redistribuidos a través de un artículo presupuestal que en su momento reglamento al Instituto del Menor.

 

El «Grupo de los 12″

Conocidos como el «Grupo de los 12″, los «G-12″ o «6-12″ (por el Artículo 612 de la ley que los reglamentó) la organización estaría compuesto por personal con muy particulares características: ex boxeadores, ex policias o militantes «pesados» de determindos grupos políticos, quienes actúan como «llaveros» y guardia perimetral o trabajan para empresas proveedoras de la Colonia Berro.

El grupo delictivo estaría utilizando a los menores desde sus inicios como infractores, les darían «cobertura» dentro de los hogares del Iname cuando son internados, y al ser recluídos se verían «beneficiados» con «favores» que irían desde suministro de drogas hasta «visitas higiénicas» de prostitutas.

La red mafiosa se mantendría en las vidas de los jóvenes infractores cuando son liberados o salen en cumplimiento de «medidas alternativas» y, a través de conexiones con sectores corruptos de la policía, se les aplicaría un permanente acoso y persecución para asegurar su «continuidad» como infractores.

Las fuentes consultadas afirman que, incluso cuando los menores cumplen la mayoría de edad, se los mantiene «enredados» con el grupo delictivo, que les proporciona «changas» o «trabajos» y les asegura su «protección» aún si son condenados a reclusión en centros penitenciarios de adultos.

 

Documentos y testigos

Varios de los miembros de esta organización vienen siendo investigados en la actualidad por la vía de sumarios administrativos y otros de los integrantes de la banda, aunque fueron destituidos años atrás, se mantienen relacionados a la Colonia Berro al lograr «contratos» con empresas prestadoras de servicios.

Otros integrantes del grupo, pese a haber sido denunciados en distintas ocasiones, se mantienen como personal activo en la Colonia Berro al no obtenerse pruebas ni «testimonios» que los implicaran. No son pocas las versiones que hablan del asesinato de un menor que los inculpó.

Documentos y testimonios que reafirman las denuncias recibidas por LA REPUBLICA se encuentran en expedientes en juzgados de menores y aún ante juzgados penales, donde se declararon los malos tratos y torturas sufridas por los menores en distintas dependencias del Iname.

Algunos de esos testimonios fueron recopilados por las organizaciones no gubernamentales «Oficina Internacional Católica de la Infancia» (BICE), «Infancia y Adolescencia Ciudadana» (IACI) y «Vida y Educación» (VYE), al elaborar el informe elevado en marzo a la Suprema Corte de Justicia, a quien denunciaron las violaciones a los derechos humanos en la Colonia Berro.

 

OMTC y el SER-Berro

La situación de los menores, particularmente en el albergue disciplinario conocido como «SER-Berro», no pasó desapercibida por la investigadora Séverine Jacomy de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) cuando realizó una visita a la Colonia Berro en setiembre de 2003.

«La relación con el personal es evidentemente tensa e infundida de una estricta disciplina» –narra Jacomy en su informe–. «Los delegados de OMCT visitaron dos celdas en privado. Una de ellas alberga 4 muchacho en 4 metros cuadrados.

La celda es húmeda, tiene una canilla que gotea permanentemente y entra un viento frio a través de una apertura de barrotes», describe.

«Hay cables pelados colgando del techo hasta la mitad de la celda. Los internados los utilizan para calentar agua, sin tomar ningún tipo de precaución para no electrocutarse. Dos de los muchachos están acostados en el suelo, mientras que los otros duermen juntos en un colchón de una plaza», señala.

«Parece que tuvieran enfermedades de piel, severa pérdida de cabello, y tienen un sueño fuera de los normal. El único muchacho que está despierto explicó que a él y a su amigo les impusieron una medida disciplinaria de un mes de aislamiento en esta celda –que ya estaba ocupada por otros dos muchacho– por haber aspirado pegamento en Ituzaingó», informa Jacomy.

 

Amenazas y torturas

Los informantes de LA REPUBLICA recuerdan que luego de esa denuncia de la OMTC, publicada en el documento «Niños, Niñas y Adolescentes privados de Libertad en Uruguay: ¿con o sin derechos?», se inició una investigación oficial que fue interrumpida debido –casualmente– al motín que se produjo en marzo.

La protesta de los adolescentes de la Colonia Berro implicó entonces medidas inusuales –que sólo habían sido previstas en la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada en 1995–, por la que se llegó a trasladar a algunos menores infractores a establecimientos carcelarios de adultos.

Entre las medidas adoptadas entonces se incluyó la destitución del director del SER-Berro, Juan Ferreira, que había sido uno de los que denunció en distintas instancias las prácticas de torturas y malos tratos ejercidas por el personal de la guardia. Ferreira habría sido y sería hoy amenazado por esas denuncias.

Las prácticas de torturas incluyen dejar desnudos a los jóvenes por la noche, otorgar «cinco minutos» a un interno para pegarle a otro, apagar las luces («celda oscura») para que guardias e internos ingresen a golpear a un joven, o la «silla» en la que quedan sentados desnudos por horas y hasta ser vigilados por un perro de ataque como ocurría con los detenidos en Irak.

 

Incitación a un motín

Una denuncia sobre las torturas en la Colonia Berro, realizada el lunes 14 de junio en LA REPUBLICA, determinó que el martes por la noche el ministro de Educación y Cultura, doctor Leonardo Guzmán, el viceministro Daniel Bervejillo y los directores del Iname, Fernando Repetto y Graciela Rompani, realizaran una visita sorpresa en la que confirmaron las condiciones infrahumanas de los jóvenes internados.

En declaraciones públicas, las autoridades reconocieron las carencias de todo tipo que sufren los adolescentes recluidos en los nueve hogares de la Colonia Berro, pero insistieron en que «no se han detectado síntomas de torturas», pese a los múltiples testimonios aportados en expedientes judiciales y en la prensa.

Las investigaciones que se iniciaron a partir de esa visita prometen reactivar las indagaciones que ya se venían realizando en varios sumarios que podrían implicar a miembros del grupo «6-12″ y llevar a que las autoridades les apliquen medidas que pueden llegar a la de
stitución. Ese «riesgo» habría llevado al grupo delictivo a propiciar, primero, la fuga de los seis internos del Hogar «El Puente» en un momento en el que sospechosamente no había guardia en la puerta, y ahora, a incitar un motín que permita «tapar» las denuncias de torturas bajo una previsible y violenta represión. *