"Se trata de rapiñeros, violadores y homicidas"

Las autoridades del Instituto Nacional del Menor reconocieron ayer, en conferencia de prensa, que se cometieron violaciones a los derechos humanos en dependencias de la Colonia Berro, aunque relativizando su gravedad. Por su parte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, dijo: «Yo estuve la semana pasada recorriendo esa colonia y no pude ver, ni por asomo, que existiera ese tipo de tratamiento».

En su edición de la jornada de ayer, LA REPUBLICA daba cuenta de la denuncia de tres organizaciones no gubernamentales (Oficina Internacional Católica de la Infancia, Infancia y Adolescencia Ciudadana y Vida y Educación) en la cual se establecían violaciones a los derechos humanos contra menores internados en la mencionada colonia. El documento de las organizaciones -que está fechado en el pasado mes de marzo- se realizó en base a entrevistas, informes y resúmenes de expedientes judiciales. Posteriormente esas denuncias fueron presentadas ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Alli se habla de menores que son víctimas de golpizas, tanto por parte de funcionarios, como de los propios internados, en este caso con anuencia de aquellos. Se indica también de la existencia de un cuarto oscuro donde los jóvenes son castigados con golpes, y de la práctica de los «cinco minutos», en los que se permite la golpiza generalizada entre ellos. También se denuncia el consumo de drogas por parte de los internados.

El presidente del Iname, Fernando Repetto, reconoció que se han constatado abusos en el centro, pero los mismos ya se han solucionado. Agregó que en la pasada semana se reunió con representantes de las mencionadas ONG y que en ningún momento se planteó que se haría una denuncia de este tenor ante la SCJ. Reppeto explicó que «cada una de esas denuncias ha recibido la respuesta correspondiente en cuanto a la investigación. Cuando se han comprobado irregularidades, se han realizado las denuncias penales en la Justicia de menores.

En los últimos años se han destituido algunos funcionarios, cuando se estableció la veracidad de las denuncias».

En ese sentido, el vocero del Iname informó que se ha destituido a tres funcionarios y se ha desafectado del contacto con menores a otros tantos, al tiempo que algunos están con el trámite de destitución en proceso. «Muchas denuncias se han desestimado porque no eran reales. Respecto a la presencia de celdas oscuras en las que se golpea a los internados, los informes que tenemos indican que no es real», sostuvo Fernando Repetto.

En lo que refiere a la versión indicando que algunos de los menores comenzaban a drogarse una vez que eran ingresados a la Colonia Berro, Repetto sostuvo que «tomamos conocimiento de algunos casos en ese sentido, pero le pedimos la colaboración al Ministerio del Interior, a la Brigada de Narcóticos, a los efectos de realizar requisas en las visitas, porque los propios familiares eran los que ingresaban con las drogas».

Consultado sobre el origen de las denuncias, Fernando Repetto explicó que las mismas «vienen de una parte de la Colonia. En la Berro hay nueve hogares y estas denuncias provienen del hogar SER, el que presenta las máximas medidas de seguridad, ya que estos chicos tienen una problemática muy importante. Se trata de rapiñeros, violadores y homicidas. Algunos de ellos tienen más de un ingreso». El jerarca argumentó que con estas denuncias lo que buscan los menores «es liberalizar los controles y tener mayor posibilidad de lograr un trato en la interna que les permita generar alguna fuga».

Por su parte, el presidente de la SCJ, Leslie Van Rompaey, indicó que «denuncias concretas sobre torturas no existieron, en algunos informes de diferentes organizaciones surgió la existencia de malos tratos, pero personalizado en algunos funcionarios, no como una práctica sistemática».

Por otra parte, el titular de la corporación recordó su reciente visita a las dependencias de la cuestionada Colonia Berro. «Yo estuve la semana pasada recorriendo esa colonia y no pude ver, ni por asomo, que existiera ese tipo de tratamiento», expresó.

De todas maneras, el funcionario reconoció que después de la presentación del escrito por parte de las ONG se tomaron algunas medidas administrativas.

En ese sentido aseguró que «realizamos una investigación y se tomaron algunas medidas dentro del Juzgado de Menores, a los efectos de modernizar el sistema y para ajustarlo a los convenios internacionales sobre los derechos humanos». *