¿Los adolescentes privados de libertad tienen derechos?

Un informe de la «Organización Mundial Contra la Tortura» (OMCT), basado en las visitas a los distintos centros de detención del Iname que realizó el gerente del Programa de Derechos del Niño, Séverine Jacomy, desde el 22 al 26 de setiembre de 2003, bajo el título: «Niños, niñas y adolescentes privados de libertad: ¿con o sin derechos?», confirma las denuncias contra la Colonia Berro.

El informe expresa que la organización está muy preocupada debido a la ausencia de una reacción rápida por parte del Poder Judicial, respecto a las denuncias sobre actos de malos tratos cometidos contra niños detenidos en la Colonia Berro, las cuales fueron presentadas hace mucho tiempo. Celebra el procesamiento penal de un funcionario del Iname y uno de la Policía, acusados de graves malos tratos infligidos a un menor fugitivo, antes de la gran rebelión de la Colonia Berro, en marzo 1º de 2004. Más allá de la lucha contra la impunidad, estos casos no han sido tratados adecuadamente en términos de la prevención de futuros abusos. La OMCT urge a que cualquier funcionario que trabaje con niños en conflicto con la ley, que resulte sospechoso de haber cometido actos de maltrato, sea inmediatamente suspendido de su cargo, y declarado cesante del mismo en caso de ser encontrado culpable. Recomienda que sea llevada a cabo una investigación global sobre la protección de los niños en la Colonia Berro, y que la composición de su planta de personal sea revisada con urgencia y de manera adecuada. Y urge al Poder Judicial para que controle el efectivo y total retorno a la Colonia Berro de todos los adolescentes que habían sido transferidos a instalaciones de detención para adultos, luego de la rebelión del 1º de marzo.

En la evaluación, la OMCT expresa su profunda preocupación por el hecho de que los principios generales de «supervivencia y desarrollo» y «mayor interés del niño», sean observados de una manera menos estricta con los delincuentes más peligrosos o difíciles, mientras que deberían ser aplicados con el mismo rigor para todos los menores de 18 años. También demuestra su preocupación por los sistemas y prácticas que impiden la «no-discriminación», y porque ellas estigmatizan a los niños con base en su origen socioeconómico y por la ausencia de una adecuada atención familiar.

Su estado de alarma es por la ausencia de información sobre la violencia entre menores en detención y los aspectos relacionados con la debida diligencia de los agentes del Estado en tales casos.

La organización señala la ausencia de adecuados mecanismos de quejas dirigidos hacia los niños, y se preocupa porque observó algunas condiciones de detención que podrían ser consideradas como un trato inhumano y degradante. Se refiere también a la ausencia de calificación del personal policial y penitenciario que está en contacto directo con los niños en conflicto con la ley. Así como la ausencia de información y determinación sobre la duración establecida por la sentencia y el hecho de que la privación de la libertad no sea usada como una medida de último recurso, debido a la falta de alternativas de prisión disponibles en el país.

 

Visitar los centros de detención

Teniendo en cuenta estas conclusiones, la OMCT recomienda a los distintos órganos encargados una serie de medidas urgentes a aplicar. Al Poder Judicial, recomienda que reduzca las sentencias de privación de libertad a un mínimo estricto y únicamente para los niños que representen un peligro para la sociedad. Así como garantizar que esto continúe siendo una medida de último recurso, especialmente para los niños que carecen de una adecuada atención familiar.

Hacer más extensivo el uso de sanciones alternativas y medidas de rehabilitación, así como libertad condicional y mediación, en estrecha colaboración con los servicios del Iname y de las ONG con mandato.

Establecer un mecanismo de consultas interdisciplinarias entre el Poder Judicial, la Policía, los servicios psicosociales y educativos y las organizaciones no gubernamentales.

Subraya visitar regularmente los centros de detención y respecto a los abogados de la defensa les urge a que efectúen una visita de todos los detenidos de SER Berro en las próximas semanas (fecha posterior de realizarse el informe).

A los parlamentarios, recomienda proponer y votar como tema urgente un nuevo presupuesto para el desarrollo de la prevención y las medidas alternativas de encarcelamiento para los niños en conflicto con la ley en Uruguay.

Por su parte, le urge al gobierno garantizar la legalidad y la conformidad con las normas internacionales de justicia juvenil, de todas las decisiones judiciales y administrativas concernientes a los adolescentes envueltos en la rebelión del 1º de marzo, o en cualquier otro proceso. *