Ratifican denuncias de tortura en Colonia Berro y piden se separe a funcionario de Iname

El grupo «Infancia y Adolescencia Ciudadana» (IACI) cuestiona: «Desnudar a los adolescentes, sacarles los colchones, darles cinco minutos para lastimar a otro recluso, dejarlos encerrados en las celdas por 23 horas al día ¿no es infligirle al adolescente un trato inhumano o cruel?».

Las organizaciones de derechos humanos que elaboraron el informe en el que se denunció a la Suprema Corte de Justicia que existían prácticas de tortura en la Colonia Berro, emitieron una declaración en la que ratifican los contenidos del documento dado a conocer ayer por LA REPUBLICA, y refutan las explicaciones que dieron ayer a la prensa autoridades nacionales. En una declaración pública la organización «Infancia y Adolescencia Ciudadana» (IACI) -redactora del documento junto a la «Oficina Internacional Católica de la Infancia» (BICE) y «Vida y Educación» (VYE)- reiteró sus denuncias y agregó que funcionarios destituidos han vuelto a ser contratados.

«De las denuncias recogidas de los niños, se desprende que hay un grupo de funcionarios que son denunciados sistemáticamente a través de estos años, y aún hoy continúan trabajando en la Colonia Berro», afirma la declaración firmada por los técnicos Susana Falca, Alicia Deusa, Bilman Lamas, Diana González y Graciela Navarro.

«¿Cuáles son los correctivos y sanciones que han sufrido estos funcionarios denunciados por infligir maltrato a los adolescentes privados de libertad, si continúan integrando la nómina de funcionarios que permanecen en la Colonia? ¿Cómo explica entonces Iname que a los mismos funcionarios que destituye se los vuelve a contratar? ¿Quién protege a los adolescentes privados de libertad en nuestro país?», reclaman.

 

Separar al funcionario Heber Bentancur

La denuncia de malos tratos en la dependencia estatal, publicada en la portada de LA REPUBLICA del día de ayer, impactó a los medios de comunicación electrónicos, y fue el centro de la agenda de programas radiales e informativos de televisión, que buscaron repercusiones entre voceros del gobierno y del Poder Judicial.

La existencia del informe fue confirmada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Leslie Van Rompaey, y por el presidente del Instituto Nacional del Menor (Iname), Fernando Repetto, quienes reconocieron la existencia del documento sobre malos tratos y admitieron que se tomaron medidas contra algunos de los funcionarios implicados (ver nota adjunta).

Sin embargo las fuentes de LA REPUBLICA insistieron en la necesidad de tomar medidas cautelares, en particular separar de sus tareas al funcionario Heber Bentancour, específicamente denunciado por las torturas, para evitar que en las próximas horas se pueda tomar algun tipo de represalias contra los jóvenes que realizaron las denuncias.

Paralelamente, un informe de la «Organización Mundial contra la Tortura» (OMCT), en el que se evalúa la visita que el gerente del programa de derechos del niño, Séverine Jacomy, realizó a las dependencias del Iname en setiembre de 2003, confirmó las denuncias de mal trato en la Colonia Berro. En las conclusiones del informe (ver nota adjunta), se establece la preocupación de la OMCT por «la ausencia de una rápida reacción del Poder Judicial en referencia a las denuncias de malos tratos» y exhorta a que todo funcionario del Iname denunciado sea «suspendido de inmediato».

«¿De qué grado de sufrimiento hablamos?»

«¿Qué significa tortura?», se pregunta la IACI, y responde que «la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes –ratificada por Uruguay– además de la definición en sí misma que contiene su nombre, define tortura como todo acto por el cual se provoque intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sea físicos o mentales, con el fin de obtener una confesión, o de castigarlo por algún hecho que haya cometido».

La declaración de la IACI recuerda que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, también ratificada por Uruguay, en su artículo 37º obliga a los Estados parte a «velar para que ningún niño sea sometido a tortura ni a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes».

«Desnudar a los adolescentes, sacarles los colchones, darles cinco minutos para pelear, dejarlos encerrados en las celdas por 23 horas al día ¿no es infligirle al adolescente un trato inhumano o cruel? ¿De qué grado de sufrimiento estamos hablando? ¿Cómo calificamos las denuncias de los adolescentes entonces? ¿Qué es lo que hay que probar?», cuestionan.

«Cuando se trata de derechos fundamentales afectados en personas privadas de libertad –más en el caso de menores de edad– los malos tratos se presumen, no es el niño quien tiene que probarlo, es el funcionario, agente del Estado, quien debe probar que no infligió dolor o sufrimiento a ese niño, y es obligación del Estado tomar las medidas de protección en forma inmediata, separando al funcionario denunciado del contacto con todos los niños y no sólo con la víctima», subraya la organización no gubernamental. *