NOVEDADES EN CASO "MINA VALENCIA" Y SU INTERMINABLE PEREGRINAR

Batlle aprobó pliego para remate judicial

Tiempo atrás tres ex empleados de Mina Valencia, recorrieron con LA REPUBLICA las instalaciones fabriles de la otrora planta minera enclavada en las sierras de Lavalleja que limita con la colonia vacacional «Parque de UTE-Antel». En la ocasión los obreros denunciaron el «deplorable» estado de la planta, «víctima del vandalismo y del saqueo de transeúntes mal intencionados…».

Muchos de los trabajadores que quedaron desafectados al cierre de la actividad operativa de la planta, llevan adelante desde entonces «un juicio que ha cumplido más de 20 años; ya tiene la mayoría de edad», ironizaron.

Siempre calificaron el caso como de «insólito», estuvieron en contacto permanente con este matutino, y expresaron mantener «viva la esperanza para cobrar algún día los salarios, licencias y aguinaldos impagos, entre otros…».

En las últimas horas, Luis Huelmo   del Sindicato Unico de la Construcción y Afines (Sunca)  aportó algunos «documentos» que le permiten suponer que «de ejecutarse bien los tiempos pienso que el tema quedaría finalizado a fin del presente año».

Huelmo agregó en la misiva que «cumplida esta etapa que comenzó en diciembre de 2003 con la aprobación del Directorio del Banco, comienza otra que involucra a toda la actividad a desarrollarse por la Sindicatura: el llamado a interesados para calificar y posteriormente participar de la subasta; lo que implicará la confección de un cronograma que contemple cuidadosamente todas las etapas que serán necesarias para la ejecución de los bienes y de esa forma ejecutando activos, incrementando la masa activa se determinará la forma de satisfacer la masa pasiva, los acreedores…»

 

La novedad 2004

La Sindicatura de Mina Valencia SA  en liquidación judicial  ejercida por los contadores Hugo Pérez Moretto y Daniel Sureda Tortosa, se notificó a través de la Asesoría Técnica  doctora Silvia Cardozo  de la «resolución del Poder Ejecutivo Nº 324/04, de fecha 03/06/04″. La «comunicación» parte del Ministerio de Industria, Energía y Minería y es muy clara en sus términos.

En una parte establece una consideración que indica que oportunamente «…se convino que se realizaría una precalificación de interesados en participar en la subasta de los bienes de Mina Valencia SA  en liquidación  a cuyos efectos se redactó un proyecto de pliego de condiciones».

Más adelante establece: «Considerando que la Asesoría Jurídica informa que no tiene observaciones que formular desde el punto de vista jurídico, en tanto la información que se suministra respecto de la situación de los títulos mineros que posee la empresa, no ha merecido objeciones de la Dirección Nacional de Minería y Geología, entendiendo, por otra parte, que el referido Pliego ha sido elaborado siguiendo los parámetros de estilo para un remate, sugiriendo por lo tanto su aprobación…».

En la parte final del documento, y después de exponerse una serie de consideraciones se puede leer textualmente: «El Presidente de la República resuelve: Apruébase el Pliego de Condiciones que regirá la convocatoria a interesados en calificar, para participar en el remate judicial de bienes propiedad de Minas Valencia SA. En liquidación, cuyo texto adjunto forma parte de la presente resolución. Comuníquese y pase a la Dirección Nacional de Minería y Geología. Firmado: José Ignacio Villar y Jorge Batlle».

 

20 años de idas y venidas

Desde fines del año 1981, han pasado cuatro años de dictadura y casi cuatro gobiernos democráticos, y los ex obreros de Mina Valencia han visto cómo se pasaron la «pelota» de unos a otros los gobernantes de turno, sin resolver nunca el fondo de la cuestión. «No podemos seguir hablando de competitividad, imagen internacional, inversiones extranjeras, para el futuro de nuestro país, cuando estamos dejando un agujero legal tan grande como la propia cantera de Mina Valencia, y se sigue sin cumplir con los intereses y derechos legales de los propios obreros», estimaron tiempo atrás los ex obreros.

Por aquellos días nos decían: «Todavía tenemos la esperanza de cobrar, y de que a través de la prensa el pueblo uruguayo sepa que llevamos más de 20 años luchando y de que no nos rendiremos».

Oportunamente indicaron que «en esta larga espera, hemos perdido a varios compañeros y amigos, por lo cual no sabemos si habrá que esperar que se les termine la vida a todos, para luego comenzar a interesarse en el tema y pagar de una buena vez lo que por derecho legítimo nos corresponde…»

Y por aquellos días reflexionaban: «¿Tendrá que filmarse una película sobre el caso?; ¿alguno de nosotros se tendrá que poner, como en Argentina, una pistola en la boca delante de las cámaras de algún canal y pegarse un tiro?; ¿tendrá que venir el presidente de los Estados Unidos a decirle a Batlle que haga algo?; o simplemente tendrán que hacer cumplir lo que dice la carta magna de nuestra República Oriental del Uruguay». *

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