Gobierno se niega a prohibir la importación de aditivo peligroso usado para fabricar pan

* Al tiempo que jerarcas de la Intendencia evalúan con la Dirección Impositiva autorizaciones conjuntas para mejorar el control de calidad de los alimentos que se expenden en Montevideo, el gobierno de Batlle postergó prohibir la importación de bromato de potasio, cuyo único fin es mejorar harinas de baja calidad.

Escrito por: DANIEL MARTINEZ SOTO

“Se ha planteado la importación de bromato de potasio para usos tan exóticos como la desobstrucción de cañerías. Con ese fin se pidió importar 30 toneladas, en realidad suficientes para desobstruir todo el sistema de saneamiento de Montevideo”, evaluó el doctor Miguel Fernández Galeano. El director de salud de la Intendencia de Montevideo apuntó su preocupación en torno a una eventual nueva embestida de pan “mejorado” con el producto, así como de otros aspectos del informalismo que amenazan el nivel sanitario de la población.

“Estamos reclamando que, de una vez por todas, el Poder Ejecutivo prohíba la importación de bromato de potasio empleado para la panificación, ya que no existe causa valedera alguna que justifique seguirlo importando”, apuntó el médico. Fernández Galeano destacó que en los últimos 220 análisis efectuados por la IMM en otras tantas panaderías y afines, no se detectó ni un solo caso de empleo del aditivo, “pero ello obedece a la intensificación de los controles: deben tomarse medidas de fondo, que eviten el resurgimiento de esta modalidad”.

Los fabricantes de pan blanco o francés están tentados de emplear este mejorador de las harinas de menor calidad, debido al bajo precio del bromato en comparación con aditivos inocuos para la salud. A un costo de 2 pesos por bolsa de 50 kilos de harina, el bromato es harto más barato que los 60 pesos que cuesta un mejorador aprobado para igual cantidad del producto base del pan. Desde que en 2001, la Intendencia de Montevideo pidió al Ministerio de Salud Pública que asumiera responsabilidades en el asunto, hubo que esperar dos años hasta que la secretaría de Estado se involucrara. El año pasado las inspecciones municipales revelaron que hasta el 45% de las empresas investigadas presentaban de dudas a confirmación de haber empleado el bromato, cifra catalogada de alta, en tanto las panaderías clandestinas nunca pudieron ser controladas.

La punta del iceberg

La alimentación de los uruguayos en general ha sufrido un deterioro evidente, producto de la crisis. En el marco general, la IMM aparece como la que más busca disminuir los riesgos que el fenómeno implica. Como telón de fondo, la informalidad creciente y constante aparece como la mayor amenaza para una ciudadanía muchas veces indefensa ante el fenómeno. “Acá no se trata simplemente de apuntar a la vecina que se quedó sin trabajo y ahora cocina pascualinas para las otras, acá estamos hablando de empresas formales, que tanto se vuelcan al informalismo, como combinan lo formal y lo informal a su antojo y conveniencia”, enfatizó el director municipal. Y agregó que uno de los crecientes problemas en la materia, “son las empresas que se pasan con armas y bagajes al informalismo, cuando se convencen que es la única forma de mejorar sus ganancias”. Fernández Galeano confirmó el inicio de reuniones entre su dependencia y la cúpula de la DGI, procurando coordinar las autorizaciones imprescindibles para comercializar alimentos. El marco regulatorio existente permite por ejemplo que una empresa esté al día en su tributación impositiva nacional, pero vendiendo productos que no están avalados bromatológicamente, desconociéndose incluso el origen del insumo. “Los industriales exigen mayores controles para los informales, pero a su vez reniegan de que el Estado amplíe sus potestades y controles” hacia ellos, dijo el jerarca municipal. Remarcó que esta dualidad de criterios, lleva incluso a que quienes cumplen con todos los requisitos “bajen los brazos, cuando ven que quienes compiten deslealmente entran en ganancia. Este deterioro amenaza convertirse en un verdadero círculo vicioso, del cual podría serle muy difícil salir a la sociedad. Las crisis en materia de alimentos generan su propia sinergia y el camino es casi siempre del formalismo a la informalidad”. En cuanto a las crecientes versiones sobre una apertura encubierta y generalizada en distintas comunas para la fabricación de productos alimenticios sin avales adecuados, declinó abrir juicios. “Estos temas corren el riesgo de ser convertidos en tema políticos, cuando eso es precisamente lo último que deberían ser: es más, no deberían serlo”, concluyó. *