Terminante alegato del delegado argentino ante la Comisión Técnica Mixta

En entrevista exclusiva con LA REPUBLICA, Enrique Stola, quien es médico psiquiatra y cobró notoriedad por haber sido profesional en el sonado caso del padre Grassi y el abuso sexual del cura católico contra menores, explicó a LA REPUBLICA las razones por las cuales pidió el cese de la relación laboral del doctor Juan Diego Borges con la CTM. Borges es un dirigente colorado del quincismo, quien fuera edil en dos legislaturas y que se desempeña como abogado en la Comisión Técnica Mixta.

Al asumir su cargo en la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el doctor Enrique Stola se enteró por una nota publicada en LA REPUBLICA en octubre del año pasado, de la causa penal que involucraba a Juan Diego Borges

El doctor Stola indicó a LA REPUBLICA que «hace tiempo había leído algo en la prensa uruguaya y también me lo habían comentado algunos colegas de allí. Mi sorpresa fue encontrarme con que este sujeto es funcionario de Salto Grande y que su ex pareja, madre de los mellizos, también trabaja en el ente binacional. Comencé a investigar el tema con ayuda de diferentes colegas y me encuentro con que prestigiosos profesionales del cuerpo médico forense habían dado sus conclusiones de que el abuso sexual existe y que habría sido producido por este sujeto sobre sus hijos. También que los niños son asistidos por un gran terapeuta como es el doctor Miguel Cherro.

El derecho de los niños y de la madre

Con estos elementos consideré necesario tomar una actitud y fue la de exigir el cese de la relación laboral entre CTM de Salto Grande y el acusado de abuso sexual, abogado Juan Diego Borges».

«Pueden ponerse  agregó- muchos «peros» a mi exigencia, pero fundamento esto en el derecho de los niños y la madre. Este señor está judicializado por esta acusación y tiene impedimento para ver a sus hijos. Es necesario hacer algunas consideraciones en relación al contexto general ante un abuso sexual. Si el abusador es de clase baja, marginal o media baja, tiene muchas más posibilidades de que el proceso sea rápido y sea condenado. Todo se complica para las víctimas cuando los abusadores son de clase media, media alta o alta».

«Generalmente, inmediatamente de conocida la denuncia, las víctimas pasan a ser las sospechosas y el presunto abusador cuenta con una espontánea alianza que proviene de nuestra sociedad patriarcal y machista. Se mueven las conexiones religiosas, económicas y políticas en defensa del acusado. Jamás estos nefastos personajes piensan en las víctimas. Se les unen jueces corruptos, que por dinero o afinidad ideológica fallan cosas inconcebibles y no ajustadas a derecho; abogados inescrupulosos que meten una maniobra judicial tras otra para dilatar el proceso y así desgastar a las víctimas; a esto debemos agregar colegas del campo de la psiquiatría y psicología que hacen informes funcionales a la defensa del abusador. Creo que hay toda una corporación que produce buenos dividendos económicos en defensa de los abusadores, de la misma forma que existe una corporación en defensa y ocultamiento de quienes explotan sexualmente a niños y niñas. Esta situación se da en todos los países», explicó el delegado argentino en la CTM.

«Se que desde 2001, o sea más de tres años, que este tema esta judicializado y parece no avanzar en sede penal. ¿Sospechoso no? Desvincularlo o no a Juan Diego Borges de CTM fue algo que se discutió en la última reunión de CTM realizada en Salto Grande el día 30 de marzo. Le confieso que iba con ciertas prevenciones con respecto a cómo reaccionarían los delegados uruguayos, especialmente los representantes del partido al cual él pertenece. Para mi sorpresa vi en todos una actitud muy reflexiva, muy responsable. No hubo defensa corporativa y son conscientes de que tienen que tomar una decisión que tendrá consecuencias sociales y políticas».

«Nuestra posición, la de los profesionales que trabajamos por los derechos de niños y niñas, es muy clara con estos sujetos judicializados por situaciones de abuso sexual. Cuando existe la pericia oficial que acredita lo dicho por los niños, deben ser sancionados socialmente. En este tema confío en los buenos peritos cuando las pericias se han ajustado a criterios científicos, cosa que ha ocurrido en este caso. En los casos en que los jueces se ajustan a derecho todo es más fácil, ya que los presuntos abusadores son condenados judicialmente. Expulsarlo a Borges de CTM es un acto de reparación para esta mujer y para los niños; es un acto de denuncia dentro de la sociedad rioplatense para que no se tolere tamaño crimen, es ponerle fin a la impunidad y dejar en claro que los niños son lo primero. Esta es mi posición», concluyó el doctor Enrique Stola, en entrevista exclusiva brindada a LA REPUBLICA. *