Presentan nuevo proyecto de ordenamiento territorial

«Uruguay está atrasado en relación a todos los países del mundo porque carece de una ley macro de Ordenamiento Territorial. Sí tiene una vieja ley de Centros Poblados, que se refiere al fraccionamiento que data de 1946, y también existe la ley orgánica de los Municipios de 1915, que establece las competencias de los gobiernos departamentales y algunos elementos más», destacó Heide.

El proyecto de ley actual nace de «la ausencia de un marco legal específico y actualizado, que defina el Ordenamiento Territorial (OT), sus procedimientos, y sus instrumentos de planificación y gestión; así como de la debilidad de los mecanismos de coordinación necesarios para el OT, entendido como una política transversal para coordinar» todos los sectores involucrados, según menciona el capítulo introductorio del proyecto.

La senadora Mónica Xavier explicó a LA REPUBLICA que «es un proyecto muy complejo que no puede ser presentado al plenario sin debates previos y sin el aval político; políticamente la bancada no ha tocado el tema».

Además agregó que existe una gran frustración para todos los que trabajan en el tema «por no haber podido avanzar, conociendo su magnitud; por lo cual esperamos en 2004 plasmar en ley».

«Debates previos»

En Uruguay la intención de legislar en la materia data desde la década del 70 cuando el legislador arquitecto Juan Pablo Terra propuso un proyecto de ley sobre urbanismo, señaló el arquitecto Daniel Heide, secretario de la Cotaot. La Cotaot es una comisión asesora en la materia Ordenamiento Territorial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), que fue creada por decreto presidencial en el año 1994, y que comenzó a funcionar recién en el año 2003.

Es en 1994 cuando el ministro del Mvotma, Manuel Romay, retoma el tema elaborando un proyecto de ley. Luego, en 2000 el Poder Ejecutivo presenta al Parlamento otro proyecto de ley.

Contenido del proyecto de ley

Plantea en su primer capítulo las bases de una política estatal en el área del OT. Comienza dando una definición sobre el OT como » el conjunto de acciones transversales del Estado que reconociendo la concurrencia de competencias e intereses genera instrumentos de promoción, regulación de su uso, ocupación y transformación del territorio. Constituye un sistema integrado de directrices tendientes al desarrollo económicamente sustentable, ambientalmente sostenible y socialmente solidario del territorio y sus infraestructuras en sus diversas escalas espaciales: nacional, regional, departamental, microrregional y local», como establece el proyecto de ley.

Según detalló Daniel Heide, «la función del Mvotma en esta área es la de ordenar la mejor distribución de los intereses públicos en el territorio».

Principios que guían el OT

El «desarrollo integral» (económico, físico, social y cultural) del territorio está basado en la solidaridad y en conciliación con la conservación de los recursos naturales y el patrimonio cultural.

«La cohesión e integración social y económica del territorio». «La promoción del desarrollo local, poniendo en valor los recursos naturales, construidos y sociales presentes en el territorio». Así como «la creación de condiciones para el acceso equitativo de todos los habitantes a los servicios básicos».

Mecanismos de coordinación

El título tres del proyecto sugiere ciertos mecanismos de coordinación entre los actores involucrados en las tomas de decisiones. El proyecto de ley indica que se hagan «coordinaciones con vista pública», e incluso «prevé la coordinación temprana», según explicó Heide, «es decir, antes de hacer licitaciones y estudios ambientales sobre un tema específico». Este punto se refiere a coordinaciones con organizaciones del Estado, con el gobierno a nivel nacional y departamental y con los actores privados (ONG, empresas) y el sector social, la población.

Heide explicó que «no hay una política nacional de población, de economía entre otras. No hay una visión a largo plazo sobre las regiones que existen en Uruguay. El proyecto establece que el Estado debe elaborar directrices muy generales para el país al respecto. Por ejemplo establecer cuáles zonas serán para forestar, cuáles para dedicar al turismo termal. Además de que se elaboren políticas nacionales sobre espacios costeros, desarrollo urbano y espacios rurales, entre otros temas».

«A su vez, el proyecto establece que se realicen coordinaciones regionales, es decir, que cada departamento tenga sus propias ordenanzas y cada municipio desarrolle su propio Plan de Ordenamiento Territorial» (POT).

«El proyecto indica a nivel local, dentro del departamento, que el gobierno departamental es el que tiene la facultad para realizar los POT. Ya sean planes especiales o parciales de la ciudad, como el de la Ciudad Vieja, plan de Punta Carreta, plan de Villa Colón, plan de Conservación del Patrimonio, plan de ordenanzas de edificios, etc.».

Atención particulares y agrimensores

Heide explicó que «en el título cuarto del proyecto propone que se modernice la Ley de Centros Poblados de 1946, obligando a los fraccionadores a poner luz, calle, agua y saneamiento.

El que no cumple, tendrá multas en Unidades Reajustables gigantescas».

«También modifica la Ley Orgánica Municipal de 1915, otorgándole atribuciones al Municipio para que opine y autorice en normas de construcción, iluminación, saneamiento, policlínica, ruido, bromatología, limpieza de playas, entre otros. Antes con la ley de 1915 el Municipio lo hacía sólo en ciudades y ahora se pretende extender a todo el departamento», concluyó. *