Proponen que sea la Justicia quien resuelva si deben continuarse o no las obras

El problema se agravó cuando meses atrás la población quedó sin agua potable durante más de 48 horas, por una «filtración» ocurrida accidentalmente en dichas obras, responsabilidad del municipio. Pero, las denuncias sobre la incorrecta ubicación que se le encontró al nuevo vertedero (próximas a las tomas mediante las que OSE abastece a la ciudad), y las condiciones en las que se habría arrendado el campo donde se realizan las obras, se suceden desde hace años.

En estas horas, le tocó el turno a las jerarquías municipales mover las piezas. Antes de Semana de Turismo, como informara LA REPUBLICA, el FA movió primero, anunciando su intención de llevar al intendente Chiruchi ante la Justicia a responder por el tema.

La contadora y secretaria general de la IMSJ (Intendencia Municipal de San José), Beatriz Martínez, fue vocera en una conferencia de prensa citada para informar que el municipio ya se remitió a la Justicia, para que sea ésta la que tenga la potestad de estudiar el expediente referido a la obra del Vertedero Municipal.

«Repetidos anuncios de acciones judiciales, civiles y penales», cuyo fin es detener la obra, llevaron al ejecutivo comunal a intentar demostrar que «se están haciendo las cosas bien». Por ello, se decidió que fuera la Justicia la que resuelva si las obras deben o no continuarse. Legalmente, el recurso presentado se denomina «acción declarativa» y mediante el mismo se supone que se conocerá si la iniciativa de la Intendencia es la adecuada. Martínez subrayó que se trata de brindar «tranquilidad» a la población.

La acción «no es contra nadie», sino que es para «defender el proyecto de la IMSJ», expresó. «Muchos estudios técnicos respaldan este emprendimiento, que fueron especialmente realizados para esto que se está haciendo hoy, y que probablemente sean desconocidos por los que hoy se quejan de la obra y usan para explicarlo, otros estudios que se hicieron con otra finalidad, para un vertedero que sería para residuos industriales, no para uno como éste», dijo la contadora.

En la misma conferencia el abogado municipal Pablo Pucheu indicó que la «acción declarativa implica exponerle al juez y al fiscal toda la situación y los estudios que existen para que él dé seguridad de que es un proyecto beneficioso.

Esta acción no tiene contrincante, ni va dirigida a alguien (…) De darle el juez el visto bueno, la obra seguiría adelante, de lo contrario, una orden judicial la detendría».

Según las jerarquías municipales, la obra está avalada por los directivos de OSE, por el gobierno central y financiada por el BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Además de Martínez y Pucheu, en la conferencia estaban presentes, de la plana mayor del ejecutivo comunal, el abogado Gastón Ithurralde, el director de Higiene, Carlos Olagüe y el ingeniero Carlos Betervide. *