FOSSE procura alcanzar 750.000 firmas contra la Ley de Riego

Los promotores del referéndum contra la Ley de Riego deberán presentar las firmas el próximo 26 de octubre ante la Corte Electoral.

A partir de entonces, el organismo electoral dispondrá de un plazo de 150 días para expedirse sobre la validez de las firmas.

En caso de que las adhesiones válidas alcancen el 25% del padrón electoral, es decir unas 650.000 rúbricas, la Corte Electoral contará con otros 120 días para convocar al referéndum, instancia que podría desarrollarse a mediados de junio de 2019.

En dicho marco, la Comisión pro referéndum procurará presentar 750.000 firmas ante la corporación, en el entendido de que “siempre existe un porcentaje de descarte”.

“Por ello se realizará un último esfuerzo los días 15 y 16 de septiembre y 3 y 4 de octubre, en vísperas a una movilización que se efectuará junto con la Asamblea Nacional Permanente y Comisión  Nacional en Defensa del Agua y de la Vida, a la cual adhiere el PIT-CNT”, explicó a LARED21 el dirigente de FFOSE, Carlos Sosa.

“Queremos que el pueblo se pronuncie si esta Ley se mantiene o no”, remarcó.

Privatiza, contamina y excluye

Sosa indicó que se trata de una Ley que “privatiza, mercantiliza, contamina y excluye”.

Indicó que la normativa dispone que los privados serán los encargados de gestionar los recursos hídricos del país. “No solo los embalses, sino que la gestión estará en manos de un operador de riego privado que establecerá la cantidad, disponibilidad y calidad del agua”.

El dirigente sindical dijo que otro aspecto fundamental es la “contaminación”, porque los embalses generarán condiciones propicias para el incremento de floraciones algales o cianobacterias que son perjudiciales para el ser humano y la fauna.

Por otro lado, manifestó que “la potencialización de la agricultura de soja y maíz transgénico elevará la producción por hectárea, pero también crecerá el nivel de agrotóxicos y ello, tarde o temprano, terminará en el lecho de los ríos.

Sosa expresó que el artículo 47 de la Constitución de la República establece algunos mecanismos de participación tanto del Poder Ejecutivo como de los usuarios en la gestión de los recursos hídricos del país y “autoriza a que los comités de cuenca nacionales y regionales sean los que gestionen, planifiquen y controlen los recursos hídricos del país”.

“Pero para el caso de la Ley de Riego ese artículo no existe y da esas potestades a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y Transporte y Obras Pública el que realizará los embalses. Por ello creemos que es inconstitucional”, indicó.

Por otro lado, cuestionó que la Ley genera un “mercado de agua, en el cual el productor queda cautivo de una Sociedad Agraria de Riego”.